Mientras las encuestas muestran al ex presidente de Brasil, Luiz Lula da Silva, como uno de los favoritos para las presidenciales de 2014, avanza el juicio por compra de votos que involucra a uno de sus ex funcionarios. En una nueva jornada del juicio, el procurador general, Roberto Gurgel, acusó ayer al ex ministro José Dirceu de “idear y dirigir” la trama de corrupción durante el gobierno del ex presidente.

Gurgel formuló esa acusación durante la segunda sesión del juicio que el Tribunal Supremo realiza contra los 38 acusados del escándalo de financiación ilegal de campañas y de compra de votos en el Parlamento entre 2003 y 2005, denunciado durante el tercer año de Lula en el Gobierno. “Se puede decir sin riesgo de cometer ningún equívoco que José Dirceu fue el mentor, quien idealizó todo el sistema ilícito y fue quien comandó las acciones de los otros acusados”, declaró ante el pleno del Supremo. El procurador, que actúa en el proceso como parte acusadora, señaló que la ascendencia de Dirceu sobre todos los otros acusados ha sido plenamente comprobada y sostuvo que el entonces “hombre fuerte” del gobierno de Lula dirigía “todo el esquema” desde su despacho en el Palacio presidencial de Planalto. “¿Cómo se podría imaginar que todo eso ocurría dentro del Palacio presidencial y que las reuniones de la banda se hacían a unos pocos metros de la oficina del presidente de la República?”, interrogó Gurgel.

Dirceu, de 65 años, fue durante décadas uno de los más cercanos funcionarios de Lula. Coordinó la campaña que lo llevó al poder en las elecciones de 2002 y cuando éste asumió el gobierno se convirtió en ministro de la Presidencia, cargo desde el que controló todos los resortes del Ejecutivo. Renunció a su cargo en medio del escándalo, dos días después de que el entonces diputado Roberto Jefferson, quien denunció toda la trama, lo instó a dejar el gobierno durante una comparecencia ante una comisión parlamentaria que investigaba el asunto. Además de Dirceu, responden ante el Supremo los ex ministros de Información Luis Gushiken y de Transportes Anderson Adauto. Asimismo, entre los acusados hay miembros del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenecen Lula, Dirceu y la actual presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y de otras formaciones de la actual coalición de gobierno, entre ellas el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el Partido Progresista (PP), el Partido Laborista Brasileño (PTB) y el Partido de la República (PR), nacido en 2006 tras la desaparición del Partido Liberal (PL), uno de los más implicados en el asunto. Entre los procesados también aparecen tres ex directivos del Banco Rural (privado) y otro del Banco do Brasil (público), tres operadores del mercado financiero, un ex funcionario del Ministerio del Trabajo y ocho empresarios del ramo de la publicidad. Según declaraciones divulgadas ayer por el portal G1 de la red Globo, el abogado Luiz Francisco Correa Barbosa, defensor del ex diputado Roberto Jefferson, manifestó que existe una brecha jurídica para insistir en la inclusión de Lula en la lista de acusados. La moción de orden que para Correa abre la brecha para que se discuta la inclusión de Lula en el proceso fue presentada por el abogado de uno de los acusados, el penalista Marcio Thomas Bastos, y defendida por el ministro del Supremo Ricardo Lewandowski, revisor del proceso. La propuesta, que acabó siendo rechazada por nueve votos contra dos, consistía en dividir el juicio para que sólo tres de los acusados –los que gozan de foro privilegiado– fueran juzgados por el Supremo, y que el resto respondiera en instancias judiciales menores.

Las acusaciones van desde corrupción activa y pasiva hasta malversación, lavado de dinero, asociación ilícita, evasión de divisas y gestión fraudulenta. Según los cálculos del Tribunal Supremo, el juicio durará alrededor de un mes y la sentencia se conocerá en septiembre.

Según aseguraron ayer varios medios de prensa, Gurgel pedirá la condena de 36 de los 38 acusados, mientras que el ex ministro de Comunicación Social del gobierno Lula, Luiz Gushiken, y el ex asesor parlamentario Antonio Lamas serán excluidos por falta de pruebas.