Desde Santiago

La orden emanada el miércoles por la municipalidad de Santiago comenzó a ejecutarse temprano ayer. Tres de los cuatro colegios emblemáticos de la comuna que se encontraban tomados por los estudiantes fueron desalojados por las fuerzas especiales de carabineros. Pero no fue fácil. Un primer balance arrojó 132 detenidos (94 menores y 38 adultos), numerosos heridos y un móvil de un canal televisivo quemado por jóvenes a rostro cubierto.

Lejos de calmar los ánimos, la acción policial tuvo un efecto contrario que se extendió a la derechista y acomodada comuna de Providencia, que vio con asombro cómo las alumnas del Liceo 7 ocuparon el establecimiento, haciendo caso omiso a las amenazas del alcalde Cristián Labbé, un ex militar amigo de Pinochet que desde el año pasado se ha mostrado crítico del movimiento. Más tarde se sumaron por lo menos cinco liceos más de la región Metropolitana.

Sobrepasadas por la radical medida de presión de los estudiantes, las autoridades lanzaron sus dardos contra Eloísa González, joven que ha liderado las manifestaciones secundarias con un discurso frontal y combativo. La intendenta metropolitana, Cecilia Pérez, y el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, la responsabilizaron por las tomas de los liceos: “Es uno de los liderazgos más negativos que he visto”, dijo Zalaquett; Pérez agregó que “no trepida en amparar medidas de fuerza y violencia”. La joven vocera de los secundarios respondió vía Twitter: “Somos más, dejen de personalizar el conflicto, porque detrás de mis palabras hay toda una asamblea”. Más tarde reiteró a Página/12 que “el gobierno tuvo la oportunidad de dialogar y no lo hicieron, ahora el movimiento se radicalizó”.

“Ella cree que el mundo es al revés. Yo pienso que aquí nadie pone las condiciones, estamos en democracia. Yo soy el alcalde, me toca dirigir. Hay que explicarle a esta niñita que no estamos en dictadura”, sostuvo en la televisión el alcalde Zalaquett, quien pertenece a la UDI, partido de ultraderecha, cuya plana mayor fue leal a Pinochet cuando gobernó Chile.

Junto con ello, recordó que el año pasado 38 por ciento de los alumnos repitieron el año producto de las movilizaciones, “por eso me he visto en la obligación ética de pedir los desalojos para que los jóvenes puedan seguir estudiando”, dijo.

Pero Eloísa González no está sola. El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Gabriel Boric, hizo una férrea defensa ante las críticas e interpretó los cuestionamientos como una estrategia del gobierno “apuntar con el dedo a ciertos dirigentes, tratando desde deslegitimarlos. Apoyo irrestrictamente a Eloísa González. Ella ha sido una gran dirigente, ha sido una contribución a la profundización del movimiento estudiantil”.

La vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), Camila Vallejo, también entró al debate y entregó una carta a Zalaquett: “Esperamos que usted asuma su responsabilidad con los estudiantes y que no se lave las manos diciendo que el tema se escapa de sus manos. Desligarse de la situación lo vuelve cómplice de la falta de voluntad del gobierno de responder ante las demandas del movimiento estudiantil”, afirmó Vallejo.

También rechazó los desalojos, pues sólo están induciendo a más violencia y a la represión a las justas demandas que los estudiantes hacen por una educación pública de calidad y gratuita. Un gobierno que violenta a través de la fuerza policial decisiones que son tomadas de manera democrática, es un gobierno autoritario”.

Para Camila Vallejo, la quema del móvil televisivo “responde a la situación crítica que estamos viviendo. Llamamos a ser parte de la solución y no al agravamiento del problema. El tema de la violencia es una situación que se va a agudizar y el gobierno tiene que respetar las decisiones que se toman democráticamente”, insistió.

Desde La Moneda, el ministro vocero de gobierno, Andrés Chadwick, respaldó los desalojos, al mismo tiempo que rechazó el ataque incendiario al expresar “toda la solidaridad” con el canal de televisión afectado. Aprovechó “para rechazar una vez más y en forma muy categórica los actos de violencia. Las tomas son un acto de violencia porque no se respeta el derecho a la educación de los estudiantes por un grupo minoritario”.

Al final del día, el alcalde de Santiago pidió resguardo policial para los colegios que ya fueron de-salojados. Carabineros informó que hay instrucciones del alto mando para impedir que los establecimientos sean otra vez ocupados por los alumnos. Trascendió que serían unos 200 efectivos los destinados a esa tarea debido a la excesiva violencia registrada dejando claro que doblegar a los pingüinos no es una operación policíaca más.