El grupo de subsaharianos que desembarcó en la Isla de Tierra ni siquiera tuvo tiempo de pedir asilo político. Más de ochenta inmigrantes africanos que ocuparon el islote español cercano a la costa marroquí fueron desalojados a la fuerza por agentes de España y entregados al reino árabe en un polémico cierre a una crisis migratoria que reveló una inédita vía de entrada a Europa. Organizaciones de derechos humanos y que trabajan con inmigrantes denunciaron la actuación ilegal de los gobiernos del presidente Mariano Rajoy y del rey Mohamed VI y la desatención humanitaria de esas personas, que serán expulsadas por la frontera de Argelia con Marruecos y abandonadas en el desierto, como tantas otras veces.

El operativo de desalojo, que se desarrolló con la complicidad de la noche y requirió un importante despliegue militar, fue acordado por las autoridades españolas y marroquíes que, en principio, iban a repartirse a los inmigrantes indocumentados, según había informado la prensa española.

Sin embargo, de los 83 subsaharianos sin papeles que alcanzaron el deshabitado islote español enclavado en el norte de Africa, sólo diez fueron trasladados a la ciudad autónoma española de Melilla –entre ellos había menores y mujeres embarazadas– y el resto fue entregado a la gendarmería marroquí en la playa de Sfiha. La Guardia Civil española se encargó de trasladar en lancha a los inmigrantes desde Isla de Tierra a la costa marroquí, ubicada a menos de 300 metros.

Si bien no se produjeron incidentes, algunos de los indocumentados fueron llevados esposados hasta territorio marroquí y entregados en esa condición en la playa a los gendarmes del reino alaui. “Lo que hizo el gobierno español es ilegal”, afirmó José Palazón, responsable de la Fundación Prodein en Melilla. “Isla de Tierra es española y la Ley de Extranjería precisa de forma clara que cuando hay un inmigrante sin documentación se debe iniciar un procedimiento administrativo antes de su expulsión”, agregó.

Según Palazón, que lleva muchos años trabajando con los inmigrantes que intentan llegar a Europa por el norte de Africa, algunos podrían haber solicitado asilo, pero fueron expulsados sin siquiera haber hablado con un traductor o un abogado. El destino de las personas que fueron entregadas a Marruecos puede ser ahora más dramático: los gendarmes les darán una paliza y luego los trasladarán a Oujda, una zona en la frontera con Argelia que está cerrada, y los abandonarán en el desierto, explicó el titular de Prodein.

Además, cuando los soldados argelinos detectan a los inmigrantes –explicó Palazón– empiezan a disparar al aire y se encuentran en un fuego cruzado, hasta que llegan a entrar a un país u otro. Los inmigrantes subsaharianos, que fueron arribando a Isla de Tierra en dos grupos desde el 29 de agosto, tenían la esperanza de que, una vez que se encontraran en suelo español, el gobierno del país europeo se haría cargo de ellos en su condición de refugiados o solicitantes de asilo y los trasladaría a Melilla, enclave español en el norte de Africa o a la Península Ibérica.

Sin embargo, después de varios días de incertidumbre, los gobiernos de España y Marruecos llegaron anteayer a un acuerdo para evacuarlos, aseguraron funcionarios a ambos lados del estrecho de Gibraltar. La llegada de los inmigrantes a Isla de Tierra abrió una nueva crisis migratoria que reveló una vía de entrada alternativa y fácil a Europa a través de islotes y peñones ubicados en la costa marroquí.

El gobierno español atribuyó la llegada de los sin papeles a una operación coordinada de las mafias que trafican con seres humanos. Esta oleada migratoria coincide con nuevos intentos de saltos a la valla de seguridad que rodea Melilla, repelidos tanto por las fuerzas de seguridad españolas como por las marroquíes. El fin de semana pasado, más de 150 subsaharianos intentaron acceder a la ciudad autónoma en dos grupos; unas diez personas lograron saltar el cerco con éxito, según consignaron fuentes oficiales en el enclave español.

A mediados de agosto, unos 450 inmigrantes consiguieron sortear el vallado, en el primer intento de entrada masivo de inmigrantes sin papeles desde la trágica crisis de 2005, que se cobró la vida a decenas de inmigrantes y llevó a que se construyera un muro de seguridad de 12 kilómetros con peligrosos alambres de púas. La valla fue sustituida posteriormente por otra de acero más moderna y elevada –extendida de 3 a 6 metros–, mientras las fuerzas de seguridad marroquíes, a cambio de financiación europea, incrementaron su presión hacia los inmigrantes, que suelen acampar en la zona.

El Ejecutivo a cargo del conservador Partido Popular dijo que ya puso en conocimiento a sus socios europeos del problema para abordarlo conjuntamente, ya que se trata de las fronteras externas de la Unión Europea. Según Palazón, la cantidad de inmigrantes que intentan llegar ahora a España puede ser menor que antes, pero la violencia con la que se reprime a estas personas ha aumentado.