El sector de los aeronavegantes suma despidos a la estadística de una desocupación cada vez más preocupante en España. Para hacer frente a pérdidas operativas por 263 mil millones de euros en el primer semestre del año, la compañía española de aerotransporte Iberia está cerrando un plan de reestructuración de su plantilla de empleados que contempla el despido de al menos seis mil empleados. Así lo adelantaron fuentes sindicales del sector de la aeronavegación de España, que precisaron que la aerolínea presentará un recurso legal en noviembre para avanzar con su idea de achicar personal en esa empresa. El denominado Expediente de Regulación de Empleo (ERE), procedimiento contemplado en la legislación española mediante el cual una empresa en crisis busca obtener autorización del Estado para suspender o despedir trabajadores, surge a partir de la caída de la competitividad de Iberia.

Los sindicatos, encabezados por la Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CC.OO.) y los empleados del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla), trajinan por estos días para construir un frente común que les permita afrontar el posible despido masivo de trabajadores. Se espera además que el plan de reestructuración también fije reducciones salariales en torno del 5 por ciento, congele la antigüedad de los trabajadores durante los dos próximos años y permita la supresión de la paga extra de abril en función de los resultados del grupo. Asimismo podría afectar a las líneas de negocio de la compañía, que se verían forzadas a vender las áreas de Mantenimiento e Ingeniería y permitir el abandono de la división de asistencia en tierra a los aviones, con la sola excepción del aeropuerto madrileño de Barajas. Esos servicios pasarían a ser brindados por compañías extranjeras.

Según el diario ABC de España, Iberia afronta el que será un mes determinante para la configuración de la compañía. Arrinconada en el mercado español ante la competencia de las aerolíneas low cost, que le suponen una sangría de 1,5 millón de euros de pérdidas operativas al día (unos 263 millones de euros en el primer semestre), la antigua aerolínea de bandera española tiene listo un plan de reestructuración que presenta como único garante de su supervivencia. El medio español afirmó ayer en su edición online que el propio consejero delegado de Iberia, Rafael Sánchez–Lozano, envió una carta, a comienzos de agosto, a todos los empleados en la que les anunciaba que la batería de medidas para sanear las cuentas de la empresa afectaría “al tamaño de la compañía, a las condiciones laborales de todos ellos y al volumen de empleo”. Las palabras del funcionario fueron contundentes: la situación resulta de “verdadera emergencia” y exige “importantes sacrificios”.

Desde entonces, miembros de la comisión directiva se reunieron en dos ocasiones con los representantes de los trabajadores. Lo hicieron el 20 de septiembre, con la celebración del Comité Económico y Social de Iberia, y cinco días más tarde en un encuentro entre el director de Recursos Humanos, José Luis Romero, y los representantes de tripulación de cabina (TCP). En ambos casos, el mensaje mantuvo el tono de la nota enviada por Sánchez-Lozano: la compañía está estudiando sus opciones, sin precisar cuáles.

Apenas trascendieron datos concretos, más allá del compromiso de Sánchez–Lozano de no plantear la regulación en los términos de la nueva reforma laboral, según fuentes sindicales. Esta normativa permite a la empresa indemnizar con 20 días por año trabajado. Los trabajadores temen que el ERE venga acompañado de un riguroso plan de ajuste. En concreto, los representantes de los empleados cifran los excedentes de personal, si se aplican las medidas anteriores, en 350 pilotos, 850 TCP y 5200 empleados.

ABC señala que después de casi medio año de tregua impuesta por parte del gobierno, los planes de reestructuración amenazan con encender la mecha de las protestas. En este sentido, los sindicatos advirtieron que esas medidas –nunca admitidas ni desmentidas hasta el momento– pueden “constituir un escenario de extrema violencia”, un caldo de cultivo propicio para nuevas movilizaciones. Por su parte, Sepla, CC.OO. y UGT aseguraron que, durante la reunión con el propio Sánchez-Lozano, transmitieron su apoyo a los planes de la empresa, siempre que permitan el crecimiento de la compañía y se negocie con los empleados.

Impusieron además algunas líneas: las posibles salidas de los trabajadores deben efectuarse mediante un ERE voluntario y ceñirse a los acuerdos de mantenimiento de empleo que firmaron los sindicatos de tierra y TCP durante la oleada de huelgas de comienzos de año. Estos pactos establecían una prórroga de la garantía de trabajo hasta 2014, ampliable hasta 2015.

Además, las organizaciones sindicales exigen recuperar las rutas cedidas a Iberia Express (la sociedad de bajo costo propiedad ciento por ciento de Iberia), Vueling (en la que es accionista mayoritaria) y Air Nostrum (que opera como franquicia en los vuelos de corta distancia).