La presidenta de Brasil, Dilma Rou-sseff, ordenó ayer la separación del cargo de varios funcionarios públicos. Sucedió a partir de una investigación de la Policía Federal que desbarató una organización delictiva infiltrada en agencias federales.

La decisión de la mandataria fue confirmada en un comunicado de prensa, luego de que el viernes la Policía Federal realizara la llamada Operación Porto Seguro –que movilizó a 180 policías en cuatro ciudades del estado de Sao Paulo y Brasilia– para arrestar a seis de 18 acusados de integrar la red de corrupción. La operación tuvo como fin desmantelar una organización en la que supuestamente están implicados varios altos funcionarios del Estado, que tendría ramificaciones en un ministerio y siete órganos públicos y que se dedicaría a elaborar informes técnicos fraudulentos para favorecer a determinadas empresas privadas en contratos públicos. Entre los acusados de delitos como corrupción, falsificación de documentos y tráfico de influencias figura la jefa de gabinete de la presidencia en San Pablo, Rosemary Novoa de Noronha, así como directores de la Agencia Nacional de Aguas (ANA) y de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC). Novoa de Noronha fue nombrada como jefe del gabinete de la presidencia en San Pablo en 2003 por el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva y Rousseff la mantuvo en el cargo cuando asumió. La funcionaria, acusada de tráfico de influencias y corrupción, fue secretaria del ex ministro de la presidencia José Dirceu, quien este mes fue condenado a diez años y diez meses de cárcel en el mayor juicio por corrupción ya realizado en el país, conocido como el mensalao.

“Por determinación de la Presidencia, todos los funcionarios formalmente acusados en la Operación Porto Seguro serán separados de sus cargos o exonerados de todas sus funciones”, según precisó el comunicado divulgado por el palacio presidencial de Planalto. Rousseff también determinó que todos los organismos citados en el proceso inicien investigaciones administrativas propias, de acuerdo con la nota. En cuanto a los directores de las agencias reguladoras acusados, la jefa de Estado ordenó tanto su separación de los cargos como la apertura de procesos disciplinarios. Además de Novoa de Noronha, también fue destituido José Weber Holanda, el segundo funcionario en la jerarquía de la Abogacía General de la Unión.

La Policía Federal realizó una inspección el viernes en la sede del gabinete de la Presidencia en San Pablo para buscar documentos que puedan ser usados como pruebas. La red de corrupción, de acuerdo con las investigaciones, sería encabezada por los hermanos Paulo y Rubens Vieira, el primero director de la Agencia Nacional de Aguas y el segundo de la Agencia Nacional de Aviación Civil, dos de los arrestados el viernes y que también perdieron los cargos. La organización también tendría ramificaciones en la Agencia Nacional de Transportes Acuáticos (Antac), en la Secretaría del Patrimonio de la Unión (SPU), el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y el Ministerio de Educación. Las presidencias de los organismos gubernamentales implicados en el caso indicaron mediante un comunicado difundido ayer que están “colaborando con la investigación”. Según el superintendente de la Policía Federal en San Pablo, Roberto Troncon Filho, el grupo recibía propinas de empresarios para agilizar el papeleo en procesos de su interés y elaborar informes técnicos “a la medida” para favorecerlos. La organización comenzó a ser investigada en marzo de este año a partir de la denuncia de un funcionario del TCU que confesó que le ofrecieron 300 mil reales, unos 145 mil dólares, por elaborar un informe técnico que beneficiara a un grupo empresarial. El funcionario aceptó y recibió parte del pago pero después se arrepintió, devolvió el dinero y denunció lo ocurrido a la Policía Federal.