Los jueces se sumaron ayer a la oposición en su rebelión contra la decisión del presidente egipcio, Mohamed Mursi, de blindar sus poderes. Atacados ayer con gases lacrimógenos, los opositores se movilizarán el martes, día en el que también habrá una marcha a favor del mandatario.

Mursi promulgó una declaración constitucional el jueves con la intención, precisamente, de esquivar a los jueces en la redacción de la nueva Constitución. En consecuencia, el poderoso Club de Jueces, la principal asociación de magistrados del país, decidió ayer suspender el trabajo de todos sus afiliados en tribunales y fiscalías y expulsar a quien no secunde el paro. Mediante un comunicado, la organización instó al Consejo Supremo de la Justicia, máximo órgano de gobierno de la judicatura, a que “retire la confianza” a quienes no detengan su trabajo. Con esta medida de fuerza, los jueces pretenden que Mursi dé marcha atrás de inmediato y anule su declaración constitucional. Asimismo, la asociación exigió que la retractación incluya todos los decretos difundidos el jueves, especialmente el que destituyó al fiscal general, Abdelmeguid Mahmud.

En su acta constitucional, Mursi se otorgó la potestad de cesar al fiscal general, lo que hasta ahora era una prerrogativa judicial y reemplazó a Mahmud, criticado como un resabio del régimen del dictador Hosni Mubarak, por el juez Talaat Ibrahim. El propio Mahmud habló ayer ante la Asamblea General del Club de Jueces, entre gritos de “ilegítimo” referidos a Mursi y anunció que piensa recurrir ante los tribunales. En un comunicado difundido por la agencia oficial Mena, tras una reunión de urgencia, este órgano judicial exhortó al mandatario a apartarse de todo lo que afecte al Poder Judicial y sus prerrogativas. “El Consejo Supremo de Justicia es el encargado de todos los asuntos de la Justicia y los jueces, por lo que lamenta el anuncio de esa declaración constitucional”, agregó el texto. Por el contrario, otra asociación de jueces minoritaria y vinculada con los Hermanos Musulmanes, el Movimiento de Jueces por Egipto, anunció en cambio su respaldo a la declaración constitucional, porque esta “apoya la estabilidad del país y fortalece la seguridad y la integridad del país”.

No hay duda de que, después de la aparente tregua que siguió a la elección de Mursi en junio, su controvertida decisión ha conseguido devolver el juego político a la calle. Cuando parecía que había pasado el tiempo de las manifestaciones masivas y las acampadas en Tahrir, la polarización del país entre islamistas y las fuerzas laicas, liberales y revolucionarias ha recuperado escenas propias del pasado. Decenas de tiendas de campaña continúan instaladas en la emblemática plaza cairota a la espera de que el martes se celebre una nueva manifestación multitudinaria. Los indignados de Tahrir coinciden en su apelativo para el presidente: el nuevo faraón. Hamdi Abulmaati, miembro del partido de la Constitución, que encabeza el Premio Nobel de la Paz Mohamed el Baradei, dijo que con sus últimas resoluciones, Mursi se ha convertido en el nuevo faraón de Egipto y el pueblo rechaza sus decisiones. “Cumple totalmente con una agenda estadounidense”, dijo Abulmaati.

En este contexto, las fuerzas de seguridad egipcias lanzaron ayer en El Cairo gases lacrimógenos para dispersar a los opositores al presidente, que organizaron una sentada para protestar contra las nuevas prerrogativas. Pequeños grupos de manifestantes seguían ocupando la plaza, tras haber huido de los gases lacrimógenos y refugiado en las calles adyacentes poco antes. “Egipto ingresa en una nueva revolución ya que nuestra intención no era reemplazar a un dictador por otro dictador”, declaró un manifestante, Mohamed al Gamal, aludiendo a la revuelta popular que derrocó a Mubarak en febrero de 2011. Asimismo, para contrarrestar los efectos de la caída en picada de la popularidad del presidente, los Hermanos Musulmanes –partido al que Mursi perteneció antes de asumir la presidencia– convocó ayer a una contramanifestación de apoyo al presidente egipcio en la céntrica plaza cairota de Abdin para el martes, día en que la oposición ha instado a los ciudadanos a protestar de forma masiva contra las últimas resoluciones presidenciales. Además, el grupo convocó a manifestarse hoy en todas las plazas después del rezo de la tarde para expresar su apoyo a estas resoluciones.

En los escasos cinco meses que lleva como presidente, Mursi ya se topó en dos ocasiones anteriores con los jueces. En julio, el presidente ordenó la restauración de la Cámara baja, que había sido disuelta por el Tribunal Constitucional, para tener que dar marcha atrás sólo tres días después, enmendado por la más alta corte del país. De igual forma, ya intentó destituir al fiscal general en octubre, enviándolo como embajador al Vaticano, para luego rectificar a las 48 horas, tras comprobar que el movimiento no era legal.

La decisión causó particular inquietud de Estados Unidos y Europa, que consideraron la medida del jefe de Estado islamista como un refuerzo de sus ya amplios poderes y contraria a la democratización del país, el más poblado del mundo árabe. La portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Victoria Nuland, dijo en un comunicado que las aspiraciones de la revolución de 2011 era garantizar que el poder no estuviera concentrado en manos de una sola persona o de una institución. “Estados Unidos quiere en Egipto una Constitución que conlleve los contrapoderes, que respete las libertades fundamentales y los derechos individuales, con un derecho que esté conforme a los compromisos internacionales del país”, dice el texto. Por su lado, la Unión Europea pidió al presidente egipcio que respete el “proceso democrático” y señaló que las decisiones tomadas no iban en la “buena dirección”, según un comunicado oficial.