El Congreso de Honduras, dominado por el oficialista Partido Nacional, destituyó a cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia. Previo a la destitución de los cuatro magistrados, que se produjo en la madrugada de ayer, y el juramento de tres reemplazantes –el cuarto no estaba en Tegucigalpa–, el gobierno envió cientos de soldados y policías a las inmediaciones de la sede del Parlamento.

El presidente del Congreso unicameral y candidato a presidente oficialista para las elecciones de 2013, Juan Orlando Hernández, aseguró, tras las destituciones aprobadas por 93 de 128 diputados, que contó con el apoyo de un sector del Partido Liberal. Hernández agregó que lo sucedido con las destituciones no fue un golpe al Poder Judicial, sino una decisión para lograr más paz y tranquilidad. “Con los demás partidos quisiera que existiera una coincidencia, que encontráramos ese nivel de entendimiento y no de conflictos, porque el país no está para conflictos”, explicó. Los jueces cuestionados habían declarado inconstitucionales varias leyes aprobadas por el Congreso a instancias de Lobo, y el mes pasado el presidente le pidió a la legislatura que haga algo al respecto, lo cual derivó en la creación de una comisión investigadora y el inicio del proceso de destitución.

El subsecretario de Naciones Unidas (ONU), Heraldo Muñoz, también se refirió a la destitución de los cuatro magistrados. “Espero que (la crisis hondureña) se resuelva de acuerdo con los procedimientos constitucionales y que sea en función del diálogo, que siempre es lo que Naciones Unidas quiere”, expresó Muñoz, también director para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En la misma sesión de ayer, el Congreso aprobó la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, que regulará las figuras del plebiscito y el referendo establecidas en la Constitución, y con la cual Lobo quiere ratificar el decreto de depuración policial. Esta medida, ampliamente reclamada por la gente, fue considerada inconstitucional por el fallo de una sala de la Corte del 27 de noviembre, cuatro de cuyos cinco integrantes –los que votaron a favor– ahora fueron destituidos.

La destitución de los cuatro magistrados fue criticada por el diputado opositor Oswaldo Ramos Soto, quien opinó que el Parlamento hondureño no tiene atribuciones para destituir a ningún magistrado de la CSJ. “Lo que ha sucedido es un golpe de Estado, no se le puede llamar de otra forma”, coincidió el analista político Edgardo Rodríguez, citado por el diario local El Heraldo. El analista también acusó al presidente de amenazar a los medios de comunicación, porque el mes pasado denunció una supuesta campaña desestabilizadora de los diarios El Liberal y La Prensa, ambos propiedad del rico hacendado Jorge Canahuati.