El Tribunal de Casación de Egipto aceptó ayer los recursos judiciales presentados por los abogados del ex dictador egipcio Hosni Mubarak. De este modo, el tribunal ordenó repetir el juicio en el que él y su ministro del Interior, Habib Al Adly, fueron condenados a cadena perpetua por un tribunal penal que los encontró responsables de la muerte de más de 800 manifestantes durante la represión contra la revuelta que culminó con su renuncia, en febrero de 2011.

“El tribunal ha decretado que acepta la apelación presentada por los defensores y ordena que se repita el juicio”, reza la sentencia leída por el magistrado Ahmed Alí Abdel Rahman. En julio del año pasado, y tras un extenso proceso, el ex mandatario egipcio y Al Adly fueron declarados culpables por la muerte de alrededor de 900 manifestantes durante la revolución producida en el marco de la llamada Primavera Arabe.

Ambas partes –los militares y los familiares de las víctimas– habían apelado la sentencia: los defensores de Mubarak y Al Adly exigen su liberación inmediata, mientras que los opositores a su régimen piden que se les aplique la pena de muerte por los asesinatos cometidos durante la revuelta.

Durante el desarrollo del primer juicio, los dos hijos de Mubarak, Gamal y Alaa, junto a seis altos funcionarios del Ministerio del Interior, fueron absueltos, algo que molestó a muchos egipcios. Esa decisión fue vista como un perdón hacia todo el viejo sistema de injusticias que reinó en Egipto, con sus policías corruptos e investigadores que usaban la tortura. A partir de la decisión del Tribunal de Casación de Egipto, todos ellos deberán volver a comparecer ante la Justicia en un juicio que, se espera, pueda reabrir heridas que aún no han cerrado en la complicada transición egipcia. El comunicado del Tribunal no especifica, sin embargo, una fecha para el nuevo proceso.

Los hijos de Mubarak también afrontarán un nuevo juicio por delitos económicos. Aunque fueron absueltos en un investigación por corrupción, Alaa y Gamal están siendo juzgados en otro caso por uso de información privilegiada en la compra de acciones. En tanto, el millonario Hussein Salem habría malversado fondos públicos en beneficio propio.

En cualquier caso, el nuevo juicio estará basado en las mismas pruebas presentadas durante el anterior proceso y no se añadirán nuevas evidencias al caso, informó Mohamed Abdel Razek, uno de los abogados de Mubarak.

La decisión permite al presidente Mohamed Mursi cumplir con una las promesas hechas durante la campaña presidencial, que fue la repetición de los juicios realizados a los responsables de los servicios de seguridad y miembros del anterior gobierno, varios de ellos absueltos por falta de pruebas. En su campaña electoral, el actual presidente había prometido a sus seguidores islamistas llevar a la horca al ex mandatario.

Durante el juicio, las organizaciones revolucionarias denunciaron que el Ministerio del Interior –que no fue reformado tras la revolución– no sólo no colaboró con las investigaciones de la fiscalía, sino que además destruyó pruebas.

Tras seis meses de trabajo, la semana pasada, un comité que investigó los hechos ocurridos durante la revuelta entregó al presidente Mursi su informe final. La comisión fue una de las primeras decisiones del mandatario islamista tras asumir su cargo, el pasado 1º de julio.

Mubarak, de 84 años, permanece desde el pasado mes de diciembre en un hospital militar tras romperse las costillas en una caída. El abogado del ex hombre fuerte egipcio estimó que la delicada salud de su cliente podría ser tenida en cuenta a la hora de dictar sentencia en el nuevo juicio.

Pese al veredicto del Tribunal de Casación, se prevé que tanto Mubarak como Al Adly esperen el nuevo proceso judicial en su contra en prisión, pues además son objeto de otros procesos, en los que están acusados de corrupción y abuso de poder.