La estrategia que el gobierno de Sebastián Piñera ha adoptado para enfrentar este año electoral es, sin duda, recurrir a la polarización de la ciudadanía, recurso que a la derecha chilena le ha dado, en general, buenos resultados mediáticos. Que esta polarización se base en el llamado “conflicto mapuche” le otorga márgenes de maniobra dentro de una opinión pública hoy sensibilizada por la muerte del matrimonio de ancianos LuchsingerMackay, descendientes de europeos, en la Araucanía, región que más habitantes de origen mapuche tiene el país trasandino.

Desde todos los sectores políticos y sociales se han dado muestras claras de repudio a los hechos acontecidos, y ésta es seguramente la reacción más esperada por los estrategas comunicacionales de una gestión desgastada, con los índices más bajos de apoyo popular en la historia de la democracia chilena y la ex presidenta Michelle Bachelet inalcanzable en las encuestas. Es, en este contexto, que Piñera y su ministro del Interior despliegan discursos similares al utilizado en los Estados Unidos luego del 11 de septiembre de 2001. Ponen suma urgencia al tratamiento de la Ley de Fortalecimiento del Orden Público (ley antiencapuchados), que en vez de calmar aguas sólo suma violencia.

De esta manera, la derecha pone la pelea presidencial en un terreno donde históricamente ha tenido una clara estrategia de represión y persecución al pueblo mapuche y, al parecer, nunca le ha importado admitirla. No así a la coalición opositora, que durante sus cuatro períodos presidenciales tuvo políticas contradictorias en este tema, donde si bien se realizaron numerosas restituciones de tierras a los pueblos originarios, también contaron con la cifra de tres jóvenes comuneros asesinados por balas policiales, el encarcelamiento de líderes mapuches y la aplicación sobre ellos de la Ley Antiterrorista.

Para Bachelet, candidata natural y prácticamente indiscutible de la coalición de centroizquierda, es claramente un terreno fangoso. Y la derecha chilena lo sabe. ¿Es posible que se utilicen hechos tan graves y que acentúan aún más la discriminación contra un pueblo históricamente tan reprimido? Todo da luces que sí y que a la derecha no le importan los medios sino el fin. El manejo monopólico de los medios masivos de información contribuyó plenamente a generar y difundir esta ideología del “enemigo interno” y la vinculación simbólica del pueblo mapuche con el terrorismo.

Una semana antes del doble asesinato de Vilcún llamaron la atención las declaraciones realizadas por el precandidato a presidente, mejor evaluado de la derecha chilena, Laurence Golborne, ex ministro de Minería y que tuvo a su cargo el recordado rescate de los 33 mineros del norte. Golborne en una nota de prensa enfatizaba la necesidad de mayor militarización y capacidad de acción de las Fuerzas Especiales y anunciaba que “a la Araucanía no se puede entrar sólo con balas de goma”. Visionarias sus palabras frente al actual escenario y muy políticamente oportunas por cierto. Una semana después, en la proclamación de su candidatura por la Unión Demócrata Independiente (UDI), Golborne apela a su historia familiar: “Fui testigo de la angustia de mis padres porque mi hermana era comunista y mi hermano de Patria y Libertad (fracción de la ultraderecha pinochetista), no quiero nunca más un país dividido”, un discurso sin sentido bajo otro contexto, naturalmente.

Desde el primer minuto, las autoridades policiales y políticas vincularon el doble asesinato con las demandas de tierra del pueblo mapuche, por tres motivos: las víctimas son latifundistas, el primer detenido –en las inmediaciones y con una herida de bala– es mapuche y los panfletos alusivos a cuatro años del asesinato del joven Matías Catrileo. Tres elementos, ninguno concluyente, que combinados desencadenaron una vorágine de declaraciones, de un lado y de otro. Unos enfervorizados pidiendo más represión, los otros recordándole al mundo 160 años de pacificación a sangre y fuego. El repudio general fue instantáneo y la polarización inmediata.

¿Qué otra hipótesis podría barajarse? Es bastante lógico pensar que los agricultores y empresas forestales de la Araucanía, rodeados por comunidades que reclaman la devolución de sus tierras por derecho ancestral, cuenten con guardia armada o grupos paramilitares propios (además que se encuentran bajo custodia policial) en sus campos, muchas de las comunidades cercanas lo han denunciado reiteradamente. Hoy trasciende, ante el asombro de las autoridades, que el arma encontrada en casa de los agricultores asesinados es una ametralladora UZI, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Otras hipótesis son posibles y la derecha chilena lo sabe, pero el “enemigo interno” y “el terrorismo” siempre le ha servido, ¿para qué cambiar de estrategia ahora?, no le importa. Como nunca le han importado los lapidarios informes de Unicef sobre el grave daño que la militarización produce en las familias y especialmente en los niños y niñas mapuche de la Araucanía. No le importa incendiar una vez más la Araucanía si de un año electoral se trata.

* Periodista chilena. Docente de la Universidad Nacional Lomas de Zamora.