El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, vivió ayer la primera protesta importante contra su gobierno. En Brasilia, unos 20.000 empleados públicos convocados por la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT) se manifestaron contra el proyecto de reforma del sistema de pensiones que promueve Lula para reducir el déficit fiscal. El proyecto, que aumenta la edad de jubilación y reduce las pensiones, afecta principalmente a los empleados públicos, viejos aliados del PT. Y profundiza la división del partido: los diputados “radicales” amenazaron con votar en contra del proyecto y los “moderados” se sumaron a las protestas. Pero el gobierno advirtió que, a pesar de la protesta, no modificará la reforma.
Desde la asunción de Lula, el 1º de enero pasado, no se veía tanta gente concentrada en la Explanada de los Ministerios, la avenida donde están los edificios públicos del país. “O paran la reforma o paramos el país”, gritaban los empleados públicos, que llegaron en micros desde Minas Gerais, Goiás y otros puntos del país. Paradójicamente, los manifestantes tuvieron el apoyo de 10 diputados del PT de Lula, lo que ha profundizado las divisiones en el partido. Están los que son fieles al mandatario y los que lo acusan de implementar una política económica impuesta por el FMI. A los “radicales”, que representan al 30 por ciento de los 93 diputados del PT, ayer se sumaron los diputados moderados que, por haber sido líderes sindicales como Lula, siempre estuvieron del lado de los manifestantes en las protestas. Hasta ahora, sólo tres diputados y una senadora del PT habían manifestado públicamente que votarán contra la reforma a la Seguridad Social que, entre otras cosas, aumenta la edad de jubilación de los funcionarios y reduce sus pensiones. La marcha coincidió con la instalación de una comisión especial de la Cámara de Diputados que debatirá la reforma de Lula. Pese a que el proyecto ya fue aprobado por una comisión del Legislativo y tiene el respaldo de varios partidos, incluso de algunos de la oposición, los funcionarios exigen que sea retirado y negociado con las centrales sindicales. “Esta reivindicación podría ser ignorada si no fuese por el respaldo que ganó entre legisladores del partido de Lula”, opinó el analista político Franklin Martins, del canal de TV Globo. “Hasta ahora, los legisladores del PT no se habían sentido el blanco de una protesta de trabajadores. Y su indecisión puede ser imitada por otros partidos”, dijo.
“El ‘petista’ que vaya a la manifestación o quiere defender al gobierno y ser abucheado o quiere posicionarse contra el gobierno”, había advertido el martes José Dirceu, jefe de gabinete y mano derecha de Lula. Pero fue en vano: después de largas reuniones, la dirección del PT decidió dejar en manos de sus correligionarios la decisión de ir a la protesta. El presidente del partido, José Genoino, garantizó que ninguno de sus miembros será sancionado por participar en la manifestación, pese a que “el pueblo no eligió a los legisladores ‘petistas’ para que se opongan al gobierno”. Por su parte, el diputado “moderado” del PT Chico Alencar dijo que “es un deber del PT manifestar su solidaridad con los funcionarios públicos. Casi el 95 por ciento votó por Lula”, dijo. Para disminuir el impacto de la protesta, Lula ordenó a sus ministros reunirse con una comisión de representantes de los funcionarios públicos para escuchar sus demandas. Fueron 10 sindicalistas, entre ellos el presidente de la CUT, Luiz Marinho. “Hasta ahora, el gobierno sólo negoció con los gobernadores y se limitó a escuchar a las centrales sindicales, sin negociar”, dijo. Pero después, Dirceu y los ministros de Seguridad Social, Ricardo Berzoine, y de Planeamiento, Guido Mantega, le dijeron a la comisión que no modificarán la propuesta de reforma del sistema de pensiones. Mientras, diversas organizaciones rurales, entre las que figura el Movimiento de los Sin Tierra (MST), presentaron ayer una carta en el Congreso pidiendo a Lula que implemente la reforma agraria, termine con los latifundios y evite el ALCA.