Desde Londres

En noviembre pasado, la Autoridad de Seguridad Alimentaria de Irlanda tomó una muestra de 27 hamburguesas de los supermercados más importantes del país. En enero, las pruebas mostraron que diez contenían rastros de ADN equino y 23 de cerdo. Hoy, el escándalo se ha diseminado por varios países de la Unión Europea (UE), provocando masivas retiradas de productos de las góndolas y dejando al desnudo una compleja cadena de tercerización de comida procesada que se extiende desde el Reino Unido hasta Rumania. “A partir de la recesión en 2008 ha habido un intento de abaratar costos ante un público que busca productos más económicos. Esto ha agrandado más una cadena de producción ya muy globalizada que hace mucho más difícil el control de calidad”, explicó al Financial Times Louise Manning, especialista en producción de alimentos del Royal Agricultural College de Londres.

Las autoridades irlandesas descubrieron que las hamburguesas con ADN equino se producían en tres plantas, dos en Irlanda y una en el Reino Unido. En el caso de las dos compañías irlandesas, la carne importada provenía de Polonia. En el de la lasagna que vendía el gigante sueco Findus, la carne provenía de una compañía en el nordeste de Francia, Comigel, que participa en la cadena de producción de comida procesada para 16 países. Comigel es a su vez la puerta de entrada a uno de los tantos laberintos que tiene la producción globalizada. El proveedor de Comigel era Spanguero, una compañía francesa subsidiaria de otra, Poujol, con sede en el sudoeste del país. Poujol había adquirido la carne congelada de un intermediario chipriota que a su vez había subcontratado el suministro con otro intermediario en Holanda. Los proveedores de este –aparentemente– último eslabón de la cadena son dos mataderos de Rumania.

La repercusión ha sido tan internacional como este complejo proceso de producción. Las grandes cadenas de supermercados británicos, irlandeses y franceses han retirado de sus góndolas los productos en cuestión; la compañía sueca Findus ha demandado a la francesa Comigel; el canciller de Francia, Laurent Fabius, ha apuntado sus cañones a Rumania; el presidente rumano, Traian Basescu, ha dicho que el escándalo afecta a la nación en su conjunto, y la máxima autoridad de Seguridad Alimentaria de Rumania, Constantin Savu, intentó lavarse las manos diciendo que los dos mataderos estaban autorizados por la misma Unión Europea, pero que nadie podía garantizar lo que sucedía con la carne una vez que era exportada.

El problema no es tanto sanitario –la carne equina es considerada en algunas culturas como una exquisitez– sino un fantasma de toda sociedad industrial: determinar que el producto sea lo que dice la etiqueta y no cualquier otra cosa. El control de calidad necesario para este tipo de certificación, fundamental en el caso de los alimentos por su impacto en la salud, se ha visto gravemente afectado en países como el Reino Unido por los recortes presupuestarios. Según el prestigioso Instituto de Estudios Fiscales del Reino Unido, el presupuesto británico para salud medioambiental ha sido recortado en un 32 por ciento, mientras que los sindicatos señalan que de los 800 empleados que tenía la Agencia de Control Alimentario durante la crisis de la llamada “vaca loca” en los ‘90 sólo queda la mitad. “La adulteración de alimentos es un hecho que siempre ha ocurrido. Con la actual situación podemos anticipar que las autoridades estarán muy ocupadas durante bastante tiempo”, indicó Louise Manning al Financial Times. Cabría agregar que, a menos que se revierta la situación de contratación de personal, el reducido equipo de inspectores que ha quedado deberá trabajar a destajo.