Desde Madrid

El cuarto ciudadano que en sólo tres días decidió acabar con su vida, tras verse expulsado de su casa por una entidad bancaria, desencadenó ayer un acuerdo inusual entre los dos partidos mayoritarios españoles. El Partido Popular (PP) y el Socialista (PSOE) acordaron que la Iniciativa Legislativa Popular sea estudiada de manera urgente, un día después de que el Congreso admitiera el trámite por unanimidad. De esta forma, la propuesta ciudadana se puede solapar con el proyecto de ley sobre el mismo tema que había aprobado el gobierno y que ya se está discutiendo en la Cámara baja.

El pasado martes, la voz de casi un millón y medio de personas traspasó en Madrid las paredes del Parlamento y el grito de “Stop desahucios” obligó a los diputados a aceptar la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, con el respaldo de 1.402.584 firmas, reclama la modificación de la ley hipotecaria española para paliar el drama de los desalojos por impago de deudas. Incluso el Partido Popular (PP), que hasta dos horas antes de la sesión parlamentaria mantenía a rajatabla su rechazo a la propuesta, cambió de parecer en pleno debate y votó a favor. Con apoyo unánime, la iniciativa presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se tramitará, finalmente, de forma urgente en el Congreso junto con el proyecto de ley antidesahucios, impulsado por el PP. Alfonso Alonso, portavoz parlamentario del grupo popular, avanzó ayer en rueda de prensa que el PP y el PSOE remitieron un escrito conjunto a la Mesa del Congreso solicitando que la ILP se trámite de urgencia, lo que supone reducir a la mitad los plazos reglamentarios habituales y abre la posibilidad de que sea aprobada durante marzo.

El sistema español de desahucios afronta en estos momentos una fase crucial. El gran paso que puede suponer la toma en consideración de esta iniciativa ciudadana coincide con la multiplicación de casos de suicidio por pérdida de la vivienda. El mismo día del debate, un matrimonio de jubilados se quitaba la vida en Mallorca después de recibir una orden de desalojo por parte del banco. El fin de semana también fue noticia el suicidio de un hombre de 36 años, activista de la plataforma Stop desahucios, acuciado por la deuda tras perder su casa. Y ayer mismo la comisión judicial que se disponía a hacer efectivo el desahucio de una vivienda en Alicante encontró al propietario, de 55 años, ahorcado en el interior del departamento.

Los desalojos siguen creciendo: entre enero y septiembre del año pasado, se produjeron 49.702, un 16 por ciento más que en idéntico período en 2011, según las cifras de la Asociación Hipotecaria Española. Motivos más que suficientes para que el gobierno de Mariano Rajoy rectificara su consideración de “obsoleta” de la Iniciativa Legislativa Popular que propone la dación retroactiva de las viviendas hipotecadas a cambio de saldar la deuda completamente; la paralización de los desalojos y la creación, con las casas vacías, de un parque “universal” de alquileres sociales. “Estamos hablando simplemente de admitirla a trámite para que se debata; no hacerlo sería un insulto a tantos ciudadanos que han apoyado esta iniciativa” reclamaba Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en uno de sus últimos intentos para convencer a los diputados populares. Esta asociación, que es la impulsora de la masiva recolección de firmas, interviene desde 2009 directamente en los desalojos para intentar frenarlos y garantizar a los damnificados el acceso a justicia gratuita.

El día de la votación, cientos de personas solidarizadas con la causa gritaban “¡Sí que se puede!” frente al Congreso para presionar al PP. “Parecía imposible hacerlos cambiar de opinión, pero no les quedó alternativa, han tenido que ceder ante la fuerza de un millón y medio de firmas y el suicidio de los dos abuelos que acabamos de conocer”, señalaba un manifestante, impactado por la noticia que se supo justo al inicio del debate parlamentario.

La consideración en trámite de la ILP no implica necesariamente la inclusión de todas sus medidas en el proyecto de ley que el Partido Popular someterá a votación en unas semanas, pero sí aumenta la presión para que el procedimiento de la dación en pago de las viviendas hipotecadas sea, finalmente, aceptado por la ley española, tal como sucede en el resto de los países de la Unión Europea. También obliga a revisar el polémico decreto aprobado por el Presidente el pasado 15 de noviembre, por el cual se estipula una moratoria de los desalojos sólo para quienes son catalogados como los “deudores más débiles”. Esta disposición levantó quejas como la de la representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que la valora como un “decreto maquillaje que excluye al grueso de los afectados y sirve a las entidades para que sigan abusando del resto con una legislación injusta”.

Se trata de la tercera Iniciativa Legislativa Popular que llega al Congreso en treinta y cinco años de democracia española y dos de esas tres enmiendas sucedieron durante la misma tarde del martes. Porque ese día, mientras el PP se obstinaba en rechazar una propuesta ciudadana que busca proteger a miles de personas expulsadas de sus hogares, aprobaba sin dudarlo una ley que defiende el valor cultural de los toros.