En un enroque que despertó la indignación de los organismos de derechos humanos, la jueza uruguaya Mariana Mota fue apartada del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 7º turno donde tramitaba cincuenta causas por violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura. Anteayer la Suprema Corte de Justicia la destinó al fuero civil, donde reemplazará a Loreley Opperti, jueza ascendida al rango de ministra del Tribunal de Apelaciones. Beatriz Larrieu, por su parte, tomará el lugar de la jurista desplazada por motivos no explicados, pero cercanos a una sanción. “Se le habían sacado varias tarjetas amarillas. Era una cuestión de tiempo”, publicó el diario El Observador citando declaraciones de un ministro de la SCJ brindadas al semanario Búsqueda. En solidaridad con Mota, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, HIJOS Uruguay, la Asociación de Ex Presos Políticos Crisol y la Federación de Estudiantes Universitarios, más el Colectivo de Denunciantes Octubre de 2011, convocaron a concentrarse hoy a partir de las 10 frente a la Corte.

Aunque intempestivo, el desplazamiento de Mota es la crónica de una salida anunciada: estaba en la mira de militares críticos a los juicios por violaciones a los derechos humanos y de un sector de la prensa que suele amplificar voces como la de Guillermo Cedrez, difundida por el diario El País. “El militar retirado insistió en que Mota cometió ‘irregularidades de todo tipo’ y aseguró que no era ‘imparcial’, algo ‘inadmisible para un juez’”, cita el medio uruguayo, en su edición de ayer, al presidente del Círculo Militar. “Aún hay gente que es independiente. Esto es una demostración clara de eso”, afirmó a ese diario Cedrez. El presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, señaló que el organismo entendió que la doctora Mota “ya cumplió su ciclo en lo penal y es bueno que desempeñe otra materia en su carrera”. Y agregó: “Tuvo algunos sumarios, algunos de los que ya terminaron sin responsabilidad para ella”.

En marzo del año pasado, Página/12 conversó con la magistrada sobre el sistema jurídico uruguayo, en ocasión de una actividad organizada en la Facultad de Derecho, por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Durante la entrevista, Mota resaltaba dilaciones en la investigación de los crímenes de la dictadura en su país. Por ese artículo, el diario Búsqueda la presentó enfrentada al gobierno del presidente José Mujica. También criticó su participación en la marcha del silencio, organizada por los organismos de derechos humanos que reclaman por sus desaparecidos.

Con la confirmación de su traspaso al fuero civil, este cronista conversó nuevamente con la jueza. Mota siente impotencia y mucha tristeza por esa medida y afirma que el punto es qué hace el Poder Judicial por las personas que reclaman justicia. “Entiendo que el sistema judicial no ha hecho lo suficiente por las víctimas de derechos humanos que reclaman, desde hace muchos años, para conocer la verdad”, evalúa. A su vez, se muestra emocionada por el apoyo recibido de los organismos de derechos humanos. No pidió traslado, no está sancionada, no pesa sumario en su contra. La Corte le avisó por teléfono que debe jurar hoy a las 11 en el juzgado de primer turno de Montevideo. “Con muchas audiencias complejas fijadas e investigaciones que avanzan, no es de buen proceder de una administración de justicia que saquen al juez que está en la causa”, completa.

La directora del Area de Litigio del CELS, Carolina Varsky, señala que el desplazamiento de la jueza del fuero penal es muy preocupante. La abogada recuerda que Mota estaba a cargo de más del 40 por ciento de las causas en las que se investigan crímenes de lesa humanidad durante la dictadura uruguaya. Su desplazamiento –considera– es un retroceso para el proceso de verdad y justicia, no sólo para Uruguay, sino para toda la región.

Desde el otro lado del río, Valentín Enseñat (HIJOS Uruguay) sostiene que si pudiera esperarse una señal del Poder Judicial, el desplazamiento de Mota sería de lo más negativa. “Ante el debe de justicia que el Uruguay aún mantiene, cuando un juez es sensible y responsable en este tipo de causas y que sea relegado no lo consideramos para nada serio. Sin duda, es la jueza que más complicaciones le ha traído al sistema de impunidad todavía instituido y lejos de ser quebrado del todo”, sentencia.

A fines del año pasado se creó un observatorio formado por organizaciones sociales, encabezado por la central sindical PIT-CNT, con el objetivo de realizar un seguimiento, desde las organizaciones sociales, de las causas de derechos humanos. Según Enseñat, desde que la Ley de Caducidad dejó de ser un impedimento jurídico para que las causas avancen, empieza a aparecer otro tipo de trabas: causas archivadas hace más de veinte años se reabren, pero no necesariamente se reactivan, porque el denunciante ya no está para retomar su seguimiento o la denuncia aparece en la cola de causas que ese juzgado tiene para analizar.

“Lo que hicieron con Mota es una vergüenza nacional. En primera instancia, lo que uno siente es indignación”, apura Oscar Urtasún. El integrante de la Asociación Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos cree que la salida de la jueza era de lo más lógico porque estaba todo orquestado para que sucediera. “La gente que se compromete en este tipo de tareas, tanto en lo jurídico como en lo político, dura poco. Ponen piedras en el camino. El Ministerio de Defensa es una vergüenza. Como que la impunidad está demasiado prendida en todos los estamentos”, asegura.

Asimismo, advierte cierta tristeza de los familiares por la decisión de la SCJ. “La jueza es una gran señora, sencilla, muy sensible, comprometida, no se merecía esto. Con su partida lo que más se resiente es la verdad y la justicia.” Como otros uruguayos, Urtasún lleva más de 35 años luchando por justicia. Adelanta que mañana asistirá a la protesta frente a la Corte. Y concluye: “La verdad y la justicia son imprescindibles para que nunca más estos bandidos se les ocurra quebrar las instituciones y aplicar el terrorismo de Estado”.