La audiencia para definir la convocatoria a juicio de los 14 campesinos procesados por la matanza de Curuguaty, que provocó la destitución del presidente Fernando Lugo, se suspendió ayer. Ocurrió luego de que los acusados recusaran al juez y al fiscal del caso, informaron fuentes de la Fiscalía.

La audiencia, que debía realizarse en el juzgado de la ciudad de Coronel Oviedo, a 120 kilómetros al este de Asunción, fue postergada poco antes de su inicio y ya en presencia de todos los procesados debido a la recusación del juez José Benítez y el fiscal Jalil Rachid. El recurso fue planteado por los abogados de los campesinos procesados, Vicente Morales y Guillermo Ferreiro, quienes argumentaron, entre otras cosas, la falta de imparcialidad de esas autoridades en el marco del proceso, persecución penal y ocultación de pruebas, según dijeron a periodistas fuentes de la Fiscalía. Según informó el diario paraguayo ABC Color, el Tribunal de Apelaciones de Canindeyú deberá resolver la recusación contra el juez Benítez, mientras que el fiscal adjunto de la zona, Alejo Vera, será quien analice si corresponde separar del caso a Rachid. El periódico local también precisó que todavía no hay fecha de audiencia. “Pedimos a la ciudadanía que se interese para que pueda ayudarnos. Este es un problema social que afecta a nuestro país, no es un caso personal, es un caso nacional que debe solucionarse”, dijo a los periodistas Rubén Villalba, uno de los procesados.

Durante la audiencia de ayer debía definirse si se someterá a juicio oral a los 14 campesinos procesados tras la muerte de seis policías y once labradores en un tiroteo durante un operativo policial de desalojo, el 15 de junio del 2012. El enfrentamiento se produjo entre grupos de campesinos “sin tierras” y agentes policiales en una finca de Curuguaty que se disputan el Estado y los familiares del ya fallecido empresario Blas Riquelme. Esa masacre, sin precedentes en la lucha por la tierra en el país, fue el principal detonante del controvertido juicio político promovido por el Legislativo, que concluyó en apenas 24 horas con la destitución de Lugo y la asunción a la presidencia del entonces vicepresidente, Federico Franco. Este proceso de destitución fue considerado como un golpe de Estado parlamentario por el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que de inmediato aplicaron sus cláusulas democráticas y suspendieron a Paraguay.

La Fiscalía, en su informe final tras la investigación, sostuvo que los policías “cayeron en una emboscada preparada y planificada previamente por ocupantes armados”, mientras que los abogados de los procesados aseguran que hay pruebas que demuestran que los agentes fueron asesinados por “expertos tiradores” y no por los campesinos. En ese contexto, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como representantes en Asunción de las Naciones Unidas y grupos civiles y activistas de los derechos humanos locales exigieron por su parte el esclarecimiento de esos hechos.