El viernes pasado la Suprema Corte de Uruguay declaró inconstitucionales los dos primeros artículos de la Ley 18.831, que consagra la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura cívico-militar que vivió el país entre 1973 y 1985. Una semana antes, la misma Corte determinó la inconstitucionalidad del impuesto a la tierra aprobado por el Congreso uruguayo en diciembre de 2011, lo que motivó que el presidente Mujica afirmara que si la Constitución se opone al impuesto a los que más tienen habrá que pensar en reformarla.

Resulta imposible no asociar esta decisión con las sucesivas cautelares que en Argentina bloquean la aplicación de la ley de medios o el dudoso proceso de enjuiciamiento que lleva adelante la Corte Suprema de Brasil contra la conducción del PT, que algunos opositores desearían llegue hasta el propio Lula. Pareciera que, junto al rol opositor que juegan los medios dominantes, el entramado institucional, y en particular el Poder Judicial heredado del neoliberalismo es un límite a los procesos de cambio allí donde no se produjeron reformas constitucionales.

Esta tensión política entre la voluntad de cambio y la inercia de la institucionalidad heredada es la piedra de toque para el discurso liberal de las oposiciones políticas y las corporaciones: pierden las elecciones pero defienden el status quo a través del bloqueo institucional. De Chávez a Dilma, de Evo a Cristina, de Correa a Mujica, la consolidación de esos procesos de cambio ubica a la región como un escenario de disputa hegemónica por la afirmación de un nuevo modelo de desarrollo en el marco de la crisis global. Cada vez más, la vertebración de densidades sociales que permitan profundizar la democratización, ampliar los derechos de las mayorías y construir un nuevo Estado –sobre todo allí donde aún no hubo asambleas constituyentes– es la clave para dirimir esa disputa.

* Politólogo y docente UBA.