Desde Brasilia

La verdad tardía. Al cumplirse casi medio siglo del golpe que derrocó al presidente Joao Goulart e implantó una de las dictaduras más longevas del continente (duró 21 años), ayer Brasil dio un paso para desvendar su historia mediante la liberación de cientos de miles de documentos secretos pertenecientes a la extinta policía política, el DOPS-SP (Departamento de Orden Político y Social de San Pablo), que espió y encarceló, entre otros, al entonces líder metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva, número de prontuario 12.712, y a la guerrillera Dilma Rousseff, fotografiada junto a la placa 3023, poco después de ser hecha prisionera, a los 22 años, en 1970. Ella pasó por dos centros de reclusión de los servicios de inteligencia paulista donde, luego de torturarla durante casi un mes, elaboraron una ficha donde se lee “no se arrepiente”.

El Portal de la Memoria Política y la Resistencia presentado ayer en San Pablo contiene 274.105 fichas personales y 12.874 informes sobre diversos temas considerados importantes desde la perspectiva de la seguridad nacional. En ese aquelarre producido por los agentes del DOPS se superponen dossiers sobre el fraile dominico Frei Betto, el teólogo de la liberación encarcelado por los militares, el cantante Chico Buarque (que pasó 21 años escribiendo letras contra los generales) y el inofensivo Pelé, en cuyo dossier hay desde una foto abrazado en 1970 al dictador Garrastazú Médici hasta artículos periodísticos sobre disparos contra su casa, en 1973, cuyo móvil nunca fue esclarecido.

Un documento del DOPS fechado el 9 de agosto 1966 reporta que “el Che Guevara estaría por entrar en Brasil y fue visto en varios países limítrofes en la faja que va de Uruguay a Paraguay. Si realmente es identificado, se solicita su inmediata prisión”.

También están digitalizadas, o lo serán en poco tiempo, otras informaciones como los registros de entradas al centro de reclusión y torturas paulista, explicó Adriano Diogo, presidente de la Comisión de la Verdad del estado de San Pablo. En uno de esos boletines, burocráticos, sobre las personas que iban con alguna frecuencia a la cárcel clandestina, figura el nombre de Claris Haliwell, un funcionario del consulado de Estados Unidos. “Ese registro nos puede abrir una pista sobre la posible participación de norteamericanos en la represión. Hasta hoy se sabe, está demostrado, que el golpe del 31 de marzo de 1964 estuvo respaldado y financiado por la embajada. Hay un documental recién estrenado, El día que duró 21 años, donde se aporta mucha información, pero ahora empezamos a encontrar indicios, en estos papeles del DOPS, de que también estuvieron metidos directamente en la represión”, señala Adriano Diogo.

A él se suma el ex preso político Ricardo Zarattini, ex diputado del Partido de los Trabajadores, que luego de tomar conocimiento de que un agente estadounidense frecuentaba un centro de detención en San Pablo, declaró que él también fue torturado por un norteamericano en un estado del nordeste brasileño.

El análisis de estos documentos digitalizados presentados ayer, que llegarán a ser un millón dentro de un par de años, estará a cargo de la Comisión de la Verdad paulista, que se creó a imagen y semejanza de la comisión federal, lanzada por Dilma a mediados del año pasado, ante la mirada de boxer de los tres jefes de las Fuerzas Armadas, convidados de piedra a una ceremonia que contó con la presencia de todos los presidentes civiles posteriores al período de excepción.

Adriano Diogo declaró que Rousseff pegó cuatro gritos ante los integrantes de la Comisión de la Verdad, a los que reclamó dar más publicidad a los documentos descubiertos, el esclarecimiento de asesinatos y las investigaciones en curso. Para ella es tan importante encontrar la verdad como “sensibilizar” (ésa fue la palabra que habría usado) a la población sobre las aberraciones ocurridas en la dictadura más impune del continente.

Seguramente, el portal presentado ayer por el gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, será una forma de remontar la desinformación sobre lo ocurrido bajo el poder militar en Brasil y también aportar algo de luz sobre el Plan Cóndor brasileño-argentino. Esto porque la policía política fue un brazo auxiliar de la coordinación terrorista continental y hay indicios serios, incluso testimonios judiciales, de que el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército montó una unidad en San Pablo y otra en Río de Janeiro para cazar y asesinar a militantes argentinos en fuga o preparando su retorno.

@DarioPignotti