Desde Barcelona

Cada día un nuevo imputado, cada día nuevos indicios que prueban más conexiones dentro de la gran telaraña de corrupción que atrapa a buena parte del gobierno español. Hace ya más de cuatro años que se abrió la megacausa Gürtel y, del centenar de implicados, el único condenado fue el juez que la investigaba, Baltasar Garzón. ¿Qué pasa con la Justicia española? Según el magistrado y portavoz de la Asociación de Jueces para la Democracia, Josep Antoni Rodríguez Sáez, la ineficiencia del sistema judicial en este país se debe, en gran medida, a que todavía se utiliza el modelo del siglo XIX que regía durante el franquismo.

Y es verdad que, al entrar en el Juzgado de lo Penal 21 de Barcelona para dialogar con el juez Rodríguez Sáez, el mismísimo Kafka es quien parece llevarnos de la mano. Porque pese a que el diseño hipermoderno de las instalaciones judiciales y su pomposo nombre (“La ciudad de la justicia”) pretenden ocultarlo, el sistema obsoleto de la Justicia española se deja ver en cada pasillo, con pilas y pilas de carpetas acumulando casos sin resolver.

–Hace ya más de cuatro años que el juez Garzón inició la investigación del caso de corrupción Gürtel. ¿Por qué se alarga tanto el proceso?

–Hay varias razones. Por un lado, tenemos un proceso diseñado en el siglo XIX que todavía permite recurrirlo todo, con lo cual una de las partes puede mantener hasta el infinito una estrategia dilatoria y que le salga bien. Por otro lado, la administración de justicia ahora mismo sufre un gran colapso: entran más asuntos para resolver que la capacidad que tenemos de absorberlos. Es un embudo que existe desde hace quince años porque en este país no se invierte en Justicia. Esta es la única administración en España que no se ha modernizado desde la llegada de la democracia. Ya lo ves: miles de carpetas por todas partes, nada está informatizado, ¡no usamos ni el correo electrónico!

–¿A qué piensa que se debe este desinterés, por parte del gobierno, en modernizar el sistema judicial?

–La Justicia en este país no se ha planteado nunca como algo urgente. No hay conciencia de lo importante que es la administración de justicia en tiempos como éste, en el que las instituciones viven una crisis de credibilidad enorme. El concepto de la independencia del Poder Judicial es fundamental porque la ciudadanía necesita saber que hay una parte del sistema que no le va a fallar. La democracia no se puede entender sin esa independencia que garantice que un juez no va a hacer lo que le diga el gobierno.

–Ahora, en efecto, es muy fuerte la desafección ciudadana con respecto a la Justicia. Entre la falta de independencia y la lentitud de algunos juzgados, se tiene la sensación de que, por ejemplo, los casos de corrupción no se van a llegar nunca a la sentencia.

–Exactamente. Pero la lentitud no es una opción judicial, tal como quiere hacer verlo la clase política. No puede ser que un asunto tan complicado como una trama de corrupción, con decenas de implicados y cientos de tomos de papel, lo tenga que llevar el mismo juez que atiende juicios de faltas, es decir, peleas entre vecinos.

–¿Para esas megacausas no se designan jueces específicos?

–No. Y es lo que nosotros nos preguntamos: ¿por qué no se crean jueces de proximidad para llevar estos casos leves y no que lo haga un juez de instrucción, como está sucediendo? Seguimos basándonos en un diseño obsoleto que nos impide hacer procesos en seis meses, en vez de en tres años. Al final, uno piensa que es al propio Ejecutivo al que le interesa que funcionemos mal, para que no se resuelvan los asuntos en los que está implicado.

–¿Por qué cree que no dimite ninguno de los políticos imputados por corrupción?

–Es algo cultural. En España, uno puede hacer todos los males que quiera porque después se confiesa en la Iglesia, se le absuelve y se acabó el asunto. Es un problema de educación, que no tiene Alemania, por ejemplo, donde la cultura luterana hace que los niños crezcan con el deber de hacer bien las cosas.

–Ultimamente muchos políticos se están acogiendo a que la financiación ilegal de un partido no figura como delito en la Constitución. ¿Esto es, en verdad, así?

–La financiación ilegal no existe como tal sino otros delitos que se cometen para llevarla a cabo, por ejemplo, la malversación de fondos públicos. Pero esto no significa que haya impunidad. Aquí entraríamos en el tema de la transparencia de las cuentas de los partidos políticos, que recién ahora se está poniendo sobre la mesa. Fíjate, más de treinta años después de la redacción de la Constitución.

–En la instrucción del caso Gürtel, ahora los abogados de Francisco Correa, el supuesto líder de la trama, quieren recurrir muchas de las pruebas presentadas contra él apelando a la nulidad de las mismas, tal como ocurrió con las escuchas ilegales que llevaron a la inhabilitación del juez Garzón. ¿Usted cree que podría quedar en nada todo el proceso?

–Es una posibilidad, sí. Ni yo ni el resto de la población sabe cómo está el tema probatorio en el caso Gürtel. Se siguió en su día lo de Garzón, las escuchas, que efectivamente fueron ilegales, pero no significa que esa nulidad afecte a todo el sistema de pruebas. Eso lo tendrá que analizar el tribunal que lo juzgue. Y, con respecto a lo de Garzón, su inhabilitación no tiene nada que ver con Gürtel sino con el franquismo, con las oscuras interioridades de un país.