El gobierno regional de Andalucía aprobó un decreto para evitar el desalojo de familias en circunstancias críticas. Con la medida se pretende obligar a los bancos que se apropiaron de sus casas por impago a ceder su uso durante un máximo de tres años, iniciativa presentada en España como una “expropiación de uso”, que se aplicará a las entidades bancarias que ya embargaron la casa de un deudor y luego de la subasta se adjudicaron ellos mismos la propiedad. El gobierno andaluz pagará al año a las entidades el 2 por ciento del “precio justo” al que se hayan adjudicado la vivienda, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Expropiación. El decreto fue aprobado anteayer en el Parlamento andaluz y entrará en vigor hoy, cuando se publique en el Boletín Oficial.

El decreto fue adoptado por el Ejecutivo de la coalición que forman el Partido Socialista (PSOE) e Izquierda Unida (IU) para dar respuesta a la dramática situación de miles de familias en una de las zonas del país más castigadas por el desempleo, con un record de más de un millón de personas sin trabajo al cierre de 2012, el doble desde que comenzó la crisis. El gobernante Partido Popular (PP) se opone a la medida porque, asegura, vulnera el derecho de propiedad, según afirmó el vicesecretario general de Organización de esta formación, Carlos Floriano, quien calificó al gobierno andaluz de demagógico y populista.

Por ahora, el Ejecutivo central de Mariano Rajoy estudia si la iniciativa del Ejecutivo regional es legal, aseguró el ministro de Justicia español, Alberto Ruiz Gallardón, en declaraciones en el Congreso de los Diputados. Desde 2007 se registraron más de 85.000 desalojos en Andalucía por impago inmobiliario. Actualmente la media diaria es de unas 46 familias, según datos del gobierno andaluz.

“Constatamos entre 700.000 y un millón de viviendas vacías cuando hay miles de personas que no tienen derecho a la vivienda, y sólo en los registros municipales de demandantes tenemos 50.000 familias que nos piden una vivienda en alquiler”, argumentó la consejera de Fomento y Vivienda de Andalucía, Elena Cortes.