El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) presentó ayer una propuesta parlamentaria que pretende extender a todo el país un decreto aprobado por el gobierno regional de Andalucía para evitar el desalojo de familias en circunstancias críticas. La medida andaluza, que ya entró en vigor, obliga a los bancos que se apropiaron de casas por falta de pago de hipotecas a ceder el uso de la propiedad por tres años a las personas afectadas.

La iniciativa fue presentada como una expropiación de uso, ya que se aplicará a las entidades bancarias que ya embargaron la casa de un deudor y, luego de una subasta, se adjudicaron ellos mismos la propiedad. El sureño gobierno andaluz, que presiden los socialistas en coalición con Izquierda Unida (IU), pagará al año a las entidades el dos por ciento del precio justo al que se hayan adjudicado la vivienda, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Expropiación. Por su parte, los beneficiados por la medida tendrán que abonar a la administración un monto no superior al 25 por ciento de los ingresos de la unidad familiar en concepto de contribución al pago de la tasación. El decreto andaluz indica que los ingresos familiares de las personas que pueden beneficiarse no deben superar los 1597 euros, tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Asimismo, la vivienda tiene que ser la habitual y el potencial desalojo consecuencia del impago inmobiliario y provocar una situación de emergencia social o exclusión. Por otro lado, las viviendas afectadas deben estar en proceso de desahucio (desalojo) instado por entidades financieras o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos.

El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, defendió en una entrevista televisiva que la norma, presentada en el Parlamento a través de la Cámara de Diputados junto con otras enmiendas al proyecto de ley sobre protección de deudores hipotecarios, es jurídicamente correcta y políticamente adecuada. Aunque el gobernante Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy rechazó inicialmente el decreto del gobierno andaluz afirmando que vulneraba el derecho de propiedad, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo ayer en la conferencia de prensa posterior al habitual Consejo de Ministros de los viernes que el Ejecutivo central está estudiando la constitucionalidad de la medida regional. No obstante, la número dos del Ejecutivo minimizó la efectividad del decreto argumentando que el gobierno nacional ya aprobó una medida que paraliza por dos años los desalojos de personas en riesgo de exclusión. Según señaló Sáenz de Santamaría, el proceso andaluz es más complejo y establece el mismo límite que la ley estatal a los ingresos de las familias que pueden beneficiarse de esta medida.

En la presentación de sus propuestas, los socialistas critican al PP por haber “alterado profundamente” la iniciativa presentada por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) para frenar los desalojos y deja en evidencia a Rajoy porque sólo aceptó debatir este tema cuando la Unión Europea (UE) lo obligó con una sentencia. El Tribunal de Justicia de la UE declaró recientemente que la ley hipotecaria española es injusta, ya que no da alternativas a las familias amenazadas por los desalojos e instó al Ejecutivo español a modificarla. Además de una moratoria urgente de los desalojos, la PAH exige lo que se conoce como dación en pago, es decir que con la entrega del inmueble quede cancelada la deuda contraída con la entidad bancaria.

En tanto, continúa el debate en torno de los “escraches informativos” que realiza la PAH a los políticos del PP con la intención de explicar las consecuencias de no aprobar la dación en pago. En este sentido, el gobierno madrileño anunció que sancionará con multas de hasta 1500 euros por falta grave a los promotores u organizadores y entre 200 y 250 euros por falta leve a las 19 personas que fueron identificadas cuando participaron del escrache a Sáenz de Santamaría hace una semana en su vivienda y a otra diputada del PP. La sanción, que será recurrida por la PAH, se debe a que las concentraciones no fueron comunicadas, indicó la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. “No hubo violencia ni intimidación ni coacción”, afirmó el abogado de la Plataforma.

Por su parte, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, reclamó a través de su cuenta de Twitter que el ministro del Interior, Alberto Fernández Díaz, comparezca en el Congreso para explicar lo que considera una “criminalización” y un impedimento al derecho de manifestación. “Mi casa es otro terreno, es el de mi vida personal y, sobre todo, el de mi familia”, sostuvo ayer Sáenz de Santamaría al condenar la protesta.