El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su rival en las pasadas elecciones, Henrique Capriles, volvieron a cruzarse ayer por el rol que el ex candidato opositor le adjudicó a Cuba en la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de no habilitar la auditoría de todos los votos sino sólo de una parte. Capriles explicó que llevará su denuncia a la Justicia, indicó que la impugnación será presentada esta semana o a más tardar el lunes y destacó que su objetivo es que los comicios se repitan, así sea de forma parcial en las mesas donde se prueben irregularidades. En medio del cruce, un tribunal de control de Caracas ordenó ayer prisión para el general retirado venezolano Antonio Rivero, tras ser imputado formalmente de dos delitos por su presunta relación con los incidentes registrados luego de los comicios del 14 de abril, que dejaron nueve muertos –ocho civiles chavistas y un policía– y más de 70 heridos.

“La misma oligarquía heredera de quienes dividieron nuestra América ataca con odio a Presidentes herman@s del continente”, replicó Maduro a través de Twitter a unas primeras declaraciones en las que Capriles denunció que al mandatario le dijeron en Cuba que no permita la auditoría de las presidenciales. El jefe de Estado respondió también a las críticas que le realizó Capriles al mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, quien había acusado de “golpista” al líder opositor y a toda la derecha venezolana.

En este contexto, el cronograma de la auditoría comenzó ayer con una reunión técnica del órgano electoral y de los partidos políticos que decidieron participar, en la que se definirá la muestra aleatoria a auditar el 46 por ciento de las mesas que no fue sometido a revisión el mismo día de la votación. Según el reglamento electoral, el 54 por ciento de las mesas ya fue sometido a auditoría el mismo día de los comicios, en un proceso que incluía abrir las cajas, contar los comprobantes de voto y comparar el resultado del conteo con el acta de escrutinio transmitida de forma electrónica al CNE. Asimismo, la auditoría verificará que el número de votantes que firmaron el cuaderno de votación coincida con el número de votos emitidos. Los rectores del CNE adelantaron que la revisión por ningún motivo afecta los resultados electorales emitidos el 14 de abril. El recuento de votos, que se espera culmine a comienzos de junio, empezará propiamente el 6 de mayo y se realizará en tres ciclos de diez días cada uno, una vez que se definan las muestras a revisar y se pongan a punto otros aspectos técnicos.

Después de las elecciones, Capriles supeditó a la auditoría su reconocimiento de los resultados, que dieron como ganador al candidato oficialista por 1,49 punto porcentual, según datos del CNE actualizados ayer y que incluyen los votos del exterior. La auditoría, cuyos términos fueron anunciados por el CNE el sábado, más de una semana después de que el ente comicial se comprometiera a realizarla a petición de Capriles, no incluirá el punto que la oposición consideraba clave para demostrar supuestas irregularidades: la revisión de los cuadernos de votación, que contienen el padrón electoral. El líder opositor denunció ayer que “la auditoría que pretenden hacer es una farsa”, porque no dará acceso a los cuadernos de votación, el único instrumento que personaliza el voto. Destacó que hay muertos “que aparecen votando” en los comicios y otras irregularidades que sólo pueden ser verificadas si se revisan uno a uno los cuadernos, que tienen, según él, la prueba de que el voto se corresponde con quien lo ejerció.

En vista de la decisión del CNE, que el sábado dijo que las exigencias de Capriles para la auditoría son imposibles de aprobar puesto que no están previstas en el ordenamiento jurídico, la oposición anticipó que impugnará en los próximos días los comicios ante la Justicia “para agotar todo lo que es la instancia interna, porque no tengo ninguna duda de que esto va a terminar en instancias internacionales”, advirtió ayer Capriles a medios locales. Según la ley electoral, tiene plazo hasta el 6 de mayo para impugnar los resultados electorales ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Ante el reclamo, España manifestó estar dispuesta a hacer de puente mediador entre oposición y gobierno en Venezuela si así se lo pide en algún momento el gobierno de Maduro, afirmó ayer en Washington el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García-Margallo.

En este contexto, y a través de una carta leída por su hermano a periodistas poco después de la decisión judicial, Rivero negó cualquier responsabilidad y se declaró en huelga de hambre. “Ante mi absoluta inocencia de los delitos que se me imputan y la privación de mi libertad, me declaro en huelga de hambre, habiendo dejado de consumir alimentos desde el mismo momento de mi aprehensión”, dijo el militar en retiro y actual militante del partido opositor Voluntad Popular. Rivero fue acusado por los fiscales de los delitos de instigación a delinquir y asociación para delinquir, dijo el Ministerio Público en un comunicado.