La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó suspender el juicio contra el general golpista José Efraín Ríos Montt y su antiguo jefe de Inteligencia, José Rodríguez. Ambos están acusados de genocidio y violaciones a los derechos humanos perpetrados en 1982 y 1983 durante el período que el militar gobernó el país. Un vocero del Alto Tribunal informó ayer que los magistrados resolvieron anoche “suspender de manera provisional” el juicio, hasta que la Sala Tercera Penal resuelva la cuestión de fondo sobre un amparo que otorgó al abogado Francisco García Gudiel, defensor de Ríos Montt.

El pasado 18 de abril la Sala otorgó un amparo provisional a García Gudiel por la decisión de la jueza Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, donde se desarrolla el juicio, de expulsarlo de la sala de debates al inicio del juicio el 19 de marzo pasado.

Pese a que la Corte de Constitucionalidad ya se había manifestado a favor de que García Gudiel fuera restituido como abogado defensor de Ríos Montt, y de que el Tribunal había cumplido con esa disposición, “los magistrados optaron por suspender el juicio hasta que la Sala resuelve en definitiva”, explicó el Alto Tribunal.

El Tribunal tenía previsto continuar con el juicio el 7 de mayo, luego de que el jueves pasado le concediera unos días al abogado Otto Ramírez, designado por el Instituto de la Defensa Pública como nuevo defensor de José Rodríguez, para que estudiara el expediente y diseñara su estrategia de defensa. Ramírez asumió el pasado martes la defensa de oficio de Rodríguez luego de que sus defensores originales lo bandonaran el 18 de abril.

El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, aseguró que espera que el juicio por genocidio que se sigue al general golpista José Efraín Ríos Montt avance y se llegue a una sentencia, ya sea a favor o en contra, para evitar, con ello, una polarización de la sociedad guatemalteca. “Valoramos que en Guatemala se den cosas que hace 10 o 15 años eran impensables, como sentar (en el banquillo de los acusados) a un jefe de Estado, un general, y hacerle las deducciones por los delitos que hoy le están juzgando. Es un paso importante en la lucha a favor de la Justicia y en contra de la impunidad”, afirmó.

Ríos Montt, de 86 años, y Rodríguez, de 67, están acusados por la Fiscalía de ser los autores intelectuales de la muerte de 1771 indígenas ixiles, en dieciséis matanzas colectivas perpetradas por el ejército entre marzo de 1982 y agosto de 1983, período en el cual el primero ejerció como jefe de Estado de facto y el segundo, como jefe de Inteligencia Militar.

Ríos Montt accedió a la presidencia de su país tras disolver la Junta Militar que había derrocado al presidente Fernando Romeo Lucas García en 1982. Cuando se hizo del poder absoluto, creó la Patrulla de Autodefensa Civil (PAC), una fuerza paramilitar a su cargo que buscaban aterrorizar y perseguir a la sociedad. En 1983 fue derrocado por su ministro de Defensa, Oscar Humberto Mejía Victores.

Ríos Montt intentó regresar a la política a través del juego democrático. Fundó el Frente Republicano Guatemalteco, que en el 2000 llevó a la presidencia a Alfonso Portillo. Fue diputado en 1995 y candidato a presidente frustrado en el 2003, pero para entonces la Justicia ya lo buscaba para que pague por sus crímenes. En 1999, la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, presentó cargos de tortura, genocidio y terrorismo de Estado contra él ante el Tribunal Constitucional de España. En 2005, el juez español Santiago Pedraz dictó una orden de captura internacional contra el ex dictador.

Se prevé que la Sala Tercera de lo Penal resuelva el amparo en cuestión la próxima semana para que pueda destrabarse el juicio, que desde su inicio estuvo marcado por dilaciones e interrupción a consecuencia de las maniobras de los abogados defensores.