Unos 80.000 estudiantes marcharon ayer en Santiago de Chile exigiendo una educación pública gratuita y de calidad al gobierno. “Si no presionamos, los cambios no van a llegar y seguirá la segregación que existe en la educación”, dijo el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Diego Vela. Los máximos representantes de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y otras asociaciones de estudiantes y docentes llamaron al presidente chileno Sebastián Piñera a cumplir sus compromisos, haciendo hincapié en la pérdida de becas de unos 3000 alumnos en las últimas semanas. “Es poco probable que el gobierno cambie su manera de abordar las demandas del movimiento estudiantil”, reconoció Andrés Fielbaum, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

Por las calles de Santiago, los jóvenes, disfrazados, bailando y con pancartas avanzaron bajo un férreo control policial, desplegado en decenas de cuadras, desde la Estación Central hasta el Parque de los Reyes. Cientos de jóvenes, incluidos algunos de 12 años, fueron sometidos a revisiones policiales antes de que comenzara la marcha, que derivó en enfrentamientos aislados con las fuerzas de orden.

Por su parte, Piñera admitió que le fue difícil asumir la presidencia y criticó las miles de protestas ocurridas bajo su mandato. Al enfrentar ayer una nueva marcha estudiantil, reiteró su distancia con las propuestas del centroizquierda y los movimientos sociales. “Es su derecho, pueden marchar todos los días si quieren, pero queremos que eso no termine en violencia”, dijo Piñera, quien cuenta con un apoyo en baja de un 34 por ciento según encuestas recientes. El presidente descartó acceder a las peticiones de los jóvenes. “Creo que el Estado no tiene derecho a monopolizar la educación, el dinero de todos los chilenos no debe ir a la educación de los más ricos”, agregó. El presidente chileno dijo además que no es partidario de reformar la Constitución para acomodar la demanda de los estudiantes.

En Chile, debido a reformas impulsadas en la dictadura militar (1973-1990), el Estado perdió progresivamente su lugar en la educación e incluso las universidades públicas comenzaron a cobrar a sus estudiantes. En la actualidad, sólo el 36 por ciento de la educación escolar es pública y una cifra similar en el nivel universitario, según cifras oficiales. Por tanto, las familias deben pagar hasta 900 dólares mensuales en las universidades públicas para que sus hijos estudien, lo que los obliga a endeudarse o postularse a becas, si pertenecen a los segmentos más pobres de la población. En los hogares más pobres sólo un 65 por ciento de los jóvenes logra terminar el colegio antes de los 24 años. Al contrario, en los hogares más ricos los jóvenes de ese grupo de edad han tenido uno a dos años de estudios superiores a esa misma edad.

Chile, que es miembro de la OCDE y cuenta con un ingreso per cápita que ronda los 20.000 dólares, presenta una desigual distribución de los ingresos. Por ejemplo, las 300 familias más ricas acaparan el 11 por ciento de los ingresos del país, donde existe prácticamente pleno empleo. Además, el 20 por ciento más rico de los hogares obtiene más ingresos mensuales que todo el otro 80 por ciento de sus compatriotas.

En contraposición a Piñera, el candidato presidencial del Partido Progresista, Marco Enríquez Ominami, retrucó que la gratuidad y la integración educacional debieran ser el horizonte de la política a futuro. Asimismo, la ex presidenta y candidata socialista Michelle Bachelet sostuvo que hay que avanzar en la gratuidad, pero descartó que ésta beneficie a los ricos.