Desde Santiago

Cuando el presidente Sebastián Piñera presentó las credenciales de su gobierno al asumir el poder en marzo de 2010, aseguró que su gabinete era un equipo de “excelencia”. De hecho, se atrevió a asegurar que en 20 días de gestión, el trabajo ya era superior a todo lo hecho por la oposición en 20 años. Sin dimensionar sus dichos, el mandatario se puso una soga al cuello que le pasa la cuenta cuando los errores –que no han sido pocos– salen a la luz pública. De paso, también, llevó a sus colaboradores a una guillotina que no duda en cortar cabezas si el trabajo no ha sido el correcto.

La última “víctima” de esta presión emanada desde La Moneda fue el ex director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Francisco Labbé. El profesional lideró en 2012 un nuevo censo a la población chilena, proceso que se realiza cada 10 años. La importancia de la muestra radicaba en la necesidad de actualizar los datos y de cumplir los tiempos estipulados para ello. “Haremos el mejor censo de la historia de Chile”, dijo Labbé sin titubear granjeándose él y a sus subalternos una presión innecesaria.

A mitad del año pasado comenzaron las diferencias de los equipos técnicos del INE lo que produjo renuncias y marginaciones de profesionales que lograron mantenerse en secreto dentro del organismo estatal que entrega los datos más sensibles del país. Sin embargo, una investigación periodística de CiperChile reveló evidencias respecto de que las cifras del censo fueron manipuladas para lograr el ambicioso objetivo trazado por el ahora ex director.

Según la investigación, Labbé presentó a los 16 millones 600 mil habitantes “estimados” en el censo (número que se mostró como oficial), como personas efectivamente censadas. Su deseo le pasó la cuenta, pues los números no cuadraron y el censo quedó paralizado. Además se fueron develando más errores que hoy tienen al principal centro estadístico chileno en tela de juicio y que salpicó al Indice de Precios al Consumidor (IPC), otro de sus cálculos clave, debido a que mide el costo de vida.

Los protagonistas entrevistados por Ciper coincidieron en que las cifras preliminares indicaban una gran diferencia de habitantes respecto de las proyecciones de más de 17 millones para 2012 y que los equipos censuales no dieron abasto.

Incluso, la ingeniera comercial y asesora de Labbé, Mariana Alcérreca, contó detalles de cómo se habría materializado la “manipulación de los datos”. Aseguró que Labbé le pide publicar que habían sido censados realmente 16 millones 600 mil personas, en vez de 15 millones 800 mil.

“No te dispares en los pies”, le habría dicho Labbé. “Hay engaño al incluir a los moradores ausentes a la cifra de los realmente censados”, insistió la profesional.

Cercado por los hechos, Labbé renunció a principio de mes a su cargo justo cuando las réplicas del nuevo terremoto alcanzaron al por ese entonces ministro de Economía, Pablo Longueira –responsable del INE–, quien ahora es candidato presidencial y conmocionó a la opinión pública, debido a que en un principio se habló de repetir la muestra con el gasto y retraso de datos relevantes que ello implicaría.

El pasado jueves se constituyó un comité externo de expertos que revisará el Censo 2012 y que ya han solicitado amplias facultades para obtener la información desde el INE. La Cámara de Diputados ya había aprobado la creación de una comisión investigadora, la cual en no más de 120 días deberá entregar resultados.

El tema abrió un nuevo flanco por donde la oposición y sus candidatos presidenciales, incluida Michelle Bachelet, golpearon a Piñera, por más que los involucrados dijeran que tanto él como Longueira no tienen ninguna responsabilidad en los hechos.

El diputado Ricardo Rincón pidió al oficialismo “para que no se dilate la entrega de los nombres de la investigadora del INE, pues no sólo el país requiere con urgencia que se aclare el tema”.

Por otra parte, el diputado Gabriel Silber señaló que “aunque el gobierno ha pretendido bajarle el perfil a este escándalo de marca mayor, la investigación judicial está en curso y la fiscalización parlamentaria continuará”. Juan Carlos Latorre, otro diputado, agregó que “las consecuencias de lo ocurrido en el INE son gravísimas; sólo en el censo se gastaron más de 24 mil millones de pesos y hoy nadie confía en lo que se informó como resultado final; lo que ha pasado con el IPC es igualmente grave, especialmente porque impacta en los salarios, en los ahorros e inversiones”.

El nuevo director del INE, Juan Eduardo Coeymans, también inició una auditoría interna en el organismo para investigar la presunta manipulación de los datos del Censo, aunque aclaró que el problema suscitado “es de carácter técnico y no de mala intención”. “Estoy absolutamente de acuerdo que aquí no ha habido instrucciones de manipulación de datos. Cuando un país tiene una población mayor a la que supuestamente es, su ingreso per cápita sería menor. Si hubiera habido mala intención y se hubiera vulnerado la autonomía, al gobierno le hubiera convenido subestimar la población”, sostuvo en esa oportunidad. Sin embargo, el propio INE admitió en una nota de prensa que estas denuncias sumadas a dudas respecto de las metodologías que afectan a tres ítems del Indice de Precios al Consumidor (IPC) podrían perjudicar seriamente la credibilidad de otros productos, por lo que se comprometió a “hacer su máximo esfuerzo” en avanzar en la transparencia de los procesos de generación de sus productos y a reforzar todos los mecanismos de validación.

Las investigaciones siguen su curso y las miradas se vuelcan ahora a la responsabilidad política de este nuevo problema originado en el seno del gobierno de excelencia de Sebastián Piñera.

@chripalma