Desde Río de Janeiro

La Comisión de la Verdad decidió exhumar los restos de João Goulart, el presidente derrocado por un golpe militar el 1964 y que murió exiliado en la provincia argentina de Corrientes el 6 de diciembre de 1976. La familia, que desde 2006 pide reiteradamente que se investigue la verdad de la muerte de Goulart, dice que hay razones consistentes para creer que él fue envenenado. La versión oficial de los peritos argentinos es tan corta como absurda: ‘enfermedad’. No aclara qué tipo de enfermedad. Vale recordar que en 1976 Argentina vivía su propio infierno bajo la dictadura de Jorge Rafael Videla, el general genocida. No había razón para tener mayor cuidado a la hora de registrar lo que causó la muerte de un ex presidente constitucional derrocado doce años antes en el vecino Brasil.

Goulart era vigilado noche y día por los servicios argentinos, atendiendo a pedidos de sus pares brasileños. Querían saber cada paso del hombre que pretendió impulsar reformas de base en Brasil y terminó barrido por un golpe que entronizó a los militares en el poder a lo largo de una larga noche que duró 21 largos años.

Goulart, un progresista que quiso llevar a cabo una reforma agraria profunda, universalizar la educación pública laica y gratuita, estrechar lazos del país con el resto del continente y controlar la ganancia de rapiña de las multinacionales, terminó exiliado primero en Uruguay y, luego del golpe de 1973, buscó abrigo en el interior de Argentina. Heredero de una familia de poderosos hacendados en Brasil, tenía tierras en la provincia de Corrientes.

Al decidir abrazar el pedido de los hijos del presidente muerto, la Comisión de la Verdad se lanza en la más importante de sus investigaciones. Hay muchos cables sueltos en esa historia, y ahora surge la posibilidad de aclarar un panorama de tinieblas.

Al día siguiente de la muerte de Goulart, el entonces dictador brasileño, general Ernesto Geisel, autorizó que sus restos fuesen sepultados en Brasil, a condición de que no se realizara ninguna autopsia. Empezaron ahí las sospechas: el presidente muerto era uno de los nombres más sonoros en la lista del Plan Cóndor, el macabro operativo que reunía a los servicios de inteligencia de las dictaduras de Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil para perseguir, reprimir y liquidar opositores en sus territorios. El Cóndor se formalizó en 1975, pero fue a partir del golpe de Argentina, en marzo de 1976, que sus acciones se multiplicaron.

En mayo de aquel año fueron secuestrados y muertos en Buenos Aires dos nombres de proa de la resistencia uruguaya, el senador Zelmar Michelini y el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz. Los dos fueron sacados de sus habitaciones del hotel Liberty, en plena avenida Corrientes, el mismo en que Goulart se hospedaba cuando iba a la capital argentina. El había salido dos días antes.

En junio, el general Juan José Torres, un militar boliviano de espíritu abierto y generoso, un izquierdista que había presidido su país por un corto y esperanzado año –entre octubre de 1970 y agosto de 1971– hasta ser derrocado por el siniestro Hugo Bánzer, fue muerto en la silla de un peluquero de barrio, en una ciudad de provincia, a unos 100 kilómetros de Buenos Aires.

En agosto, un dudoso accidente mató, en la ruta que une Río y San Pablo, a Juscelino Kubitschek, un demócrata que presidió Brasil entre 1955 y 1960, creó Brasilia, trajo la industria automovilística al país y era extremamente popular.

En septiembre, fue asesinado en Washington el ex canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, voz poderosa e incansable en las denuncias contra las barbaridades de Augusto Pinochet. Y en diciembre murió, también en Argentina y “de enfermedad”, Goulart, último presidente constitucional antes de que se implantara la dictadura en Brasil.

Esa formidable secuencia de muertes puede sonar a cualquier cosa menos a coincidencia. La eficacia del Plan Cóndor estaba comprobada. Lo que llama la atención en la decisión de exhumar los restos de Goulart es el nuevo rumbo y la clara profundización de los trabajos de la Comisión de la Verdad en Brasil.

La iniciativa cuenta con la aprobación de la presidenta Dilma Rousseff, que pasó a exigir más osadía de la Comisión y determinó que se pusieran todos los esfuerzos necesarios para aclarar la participación del país en el Plan Cóndor.

Son décadas de indiferencia de la sociedad brasileña sobre su pasado, desde el retorno de la democracia, en 1985. De poco valieron, en ese sentido, los movimientos iniciados en las presidencias de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) y Lula da Silva (2003-2010), ambos perseguidos por la dictadura.

Pues hay señales de que ahora, con Rousseff, la primera mujer que preside el mayor país latinoamericano y que, más que persecución, padeció cárcel y tortura, Brasil buscará la verdad que sigue sepultada en una tierra oscurecida e indigna, la del olvido cobarde y cómodo.