La Comisión de la Verdad pidió ayer a la presidenta Dilma Rousseff una prórroga para presentar su informe final. El trabajo de la comisión busca investigar las violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar y revisar los alcances de la Ley de Amnistía, que hasta la actualidad ha impedido enjuiciar a los represores. “Afirmamos a la presidenta que la reivindicación de las entidades de derechos humanos para la extensión del plazo es algo que favorece la profundización de nuestro trabajo”, declaró el diplomático Paulo Sergio Pinheiro, coordinador de la Comisión de la Verdad, integrada por siete miembros designados por la mandataria. Según trascendió, en el documento final que presentará la Comisión se formularán recomendaciones sobre la Ley de Amnistía, en línea con lo propuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH). “Lo que existió en Brasil no fue una amnistía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que lo que hubo fue una autoamnistía y las autoamnistías no son aceptables”, afirmó Pinheiro.

Hasta ahora no había habido una posición oficial del organismo sobre la ley promulgada por el dictador Joao Baptista Figueireido, que antes de ser promovido a presidente por los militares fue jefe de los servicios de Inteligencia, acusados de graves violaciones de los derechos humanos. La comisión declaró que se formó un consenso en los miembros sobre la necesidad de limitar los alcances de la Amnistía y hacerlo en los términos de lo indicado en la condena de la CIDH contra el Estado brasileño, en el que se lo insta a investigar y condenar a los culpables de crímenes atroces. La eventual recomendación de la comisión será en el sentido de revisar la norma para permitir la apertura de procesos a militares acusados de crímenes continuos como la desaparición de personas, como es el caso del coronel retirado Carlos Brilhante Ustra. Ex jefe de la policía política del ejército en San Pablo, entre 1970 y 1974, Brilhante Ustra compareció ante la comisión la semana pasada. En esa oportunidad rompió el silencio y dijo que actuó siguiendo órdenes de sus superiores, a la vez que tildó de terrorista a Rousseff.

El próximo sábado asumirá como coordinadora de la comisión la abogada y defensora de presos políticos durante la dictadura, Rosa María Cardoso. “Hay cosas que necesitamos contar y que nuestra juventud necesita saber”, dijo, al tiempo que aseguró que Brasil ha avanzado más lento que sus vecinos del Cono Sur –particularmente Argentina– en el esclarecimiento de los crímenes del pasado. “El pacto entre las elites para ahogar el pasado, las violencias que se reproducen hasta el presente y las desigualdades reforzadas por crisis económicas e inflación continuas son parte de un pasado no aclarado”, agregó Cardoso. Por su parte, Joao Ricardo Dornelles, miembro de la Comisión de la Verdad del estado de Río de Janeiro, responsabilizó a la cultura política del país. “Varios acontecimientos en nuestra historia no se dieron por rupturas, sino a través de acuerdos y pactos, sin participación popular, como la propia Independencia y la transición de la dictadura a la democracia”, remarcó.

Si bien la Constitución de 1988 consagra la necesidad de buscar la verdad y proteger los derechos humanos, la cuestión no ha sido una prioridad para el gobierno y la sociedad, tan sólo para los familiares de los presos políticos, muertos o desaparecidos, y por los movimientos de derechos humanos. “Estamos aprendiendo a caminar, aprendiendo a trabajar de forma horizontal, descentralizada, orientada a no generar dispersión, y buscando involucrar a la sociedad”, sostuvo Cardoso.

La Comisión de la Verdad fue creada a fines de 2011 por Rousseff, quien fuera arrestada y torturada durante los años de plomo, pero sólo inició sus investigaciones y entrevistas a víctimas y represores en mayo del año pasado, por lo que se considera exiguo el tiempo disponible para la redacción de un documento sobre los crímenes cometidos en los 21 años de gobierno de facto. Si bien la comisión no cuenta con atribuciones jurídicas, su intención es esclarecer lo sucedido entre 1964 y 1985. La oficina de prensa del Palacio del Planalto, sede del gobierno, comunicó que la presidenta, quien debería recibir un informe preliminar la próxima semana, aún no decidió si otorgará la prórroga. Sin embargo, el diario Estado de Sao Paulo publicó ayer que la presidenta habría decidido prolongar las tareas de la comisión desde mayo de 2014, fecha prevista inicialmente para su conclusión, hasta diciembre de ese año.