El duque de Palma, Iñaki Urdangarin, se enfrentará a un pedido de pena de 17 años de prisión por el caso de corrupción en el que está siendo investigado, según el escrito de acusación de la fiscalía publicado ayer por la prensa española. La Fiscalía Anticorrupción acusará al yerno del rey Juan Carlos de tres delitos fiscales (seis años), malversación (máximo ocho años), fraude a la Administración (tres años) y prevaricato (no conlleva prisión), lo que supone una suma total de 17 años de prisión. Por el momento, el Ministerio Público rechaza los delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal.

Contrariamente, el juez José Castro que instruye el caso anunció recientemente que la infanta Cristina, segunda hija del rey Juan Carlos, será investigada por esos mismos delitos, después de que se levantara su imputación por cargos similares a los que afronta su marido Urdangarin.

En cuanto al yerno del rey Juan Carlos, el fiscal jefe Pedro Horrach estaría dispuesto a rebajar su solicitud a cuatro años sólo si colabora confesando los delitos y devolviendo gran parte de los más de seis millones de euros que supuestamente se apropió indebidamente a través de la Fundación Nóos, una entidad supuestamente sin fines de lucro.

Sin embargo, el escrito de acusación, que puede modificarse durante el juicio, no será definitivo hasta que se concluya el sumario, algo que no ocurrirá previsiblemente hasta septiembre.

El abogado de Urdangarin ya había ofrecido al Ministerio Público un trato por medio del cual el duque de Palma reconocería los delitos, pero a cambio de una pena no superior a dos años, lo que evitaría su ingreso a prisión. Pero la fiscalía rechazó un acuerdo al considerar que los delitos investigados son muy graves.

Desde finales de 2011, el juez Castro investiga a Urdangarin y su ex socio Diego Torres, ambos imputados, por el uso de la Fundación Nóos para apropiarse indebidamente de millones de euros de fondos públicos de los gobiernos balear y valenciano. Posteriormente, el magistrado los acusó por evasión fiscal. Pero el caso dio un vuelco cuando el pasado 3 de abril el juez imputó a la esposa de Urdangarin al encontrar hasta 14 indicios de su presunta complicidad o colaboración necesaria con las actividades delictivas de su marido. Así, la hija menor del rey, de 46 años, se convirtió en el primer miembro de la familia real española que tendría que rendir cuentas ante la Justicia, un hecho inédito en la historia democrática del país. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción, que estaba en contra del criterio del juez, logró frenar la declaración de la infanta con un recurso de apelación, que se resolvió a su favor, lo que supuso el levantamiento de su inculpación. La imputación sacudió a la monarquía española en un momento en el que España atraviesa una feroz crisis económica y política.