El conflicto interno en Colombia forzó al desplazamiento a 256.590 personas el año pasado. Esta situación se produce pese a los avances en el proceso de paz del gobierno con las FARC y a la aplicación de la Ley de Víctimas, según un informe divulgado ayer. Esa cifra es ligeramente inferior a la de 2011, cuando se registraron 259.146 casos, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), que cada año hace un seguimiento de este drama. El estudio de Codhes señala sin embargo que la cifra de desplazados en Colombia por efecto de la violencia desde 1985 asciende a 5.701.996 personas.

En su informe sobre 2012, titulado “El Pacífico en disputa”, Codhes denunció que la dinámica del conflicto se ha concentrado en la región del Pacífico, donde hay presencia de todos los grupos armados y en la que se registró la mayor parte de desplazamientos el año pasado. “Hay una presencia muy fuerte de las FARC, del ELN, de las Fuerzas Militares, de las bandas criminales (bacrim) y esto está causando esta magnitud”, denunció Marcos Romero, director de Codhes.

De hecho, el 36,1 por ciento de los desplazamientos forzados en Colombia en 2012 ocurrió en los departamentos del Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Chocó, los que constituyen el corredor del Pacífico. En esta zona los desplazamientos aumentaron en un 21,9 por ciento respecto de 2011, agrega el informe. “El corredor del Pacífico no está muy pacífico”, dijo Moreno, quien pidió al Ejecutivo que estudie de forma más detallada los casos de los ciudadanos afrocolombianos e indígenas, principales afectados en ese territorio. Moreno denunció que, de los desplazados el año pasado, entre 80.000 y 90.000 son, de hecho, afrocolombianos.

Los otros puntos críticos durante 2012 fueron los departamentos de Antioquia, al noroeste; Putumayo, al sur; y Norte de Santander, al noreste, concretamente la zona del Catatumbo, fronteriza con Venezuela. El director del organismo aseguró que no se puede responsabilizar a un solo actor armado del desplazamiento, sino que la causa estructural es la confrontación y por eso pidió al gobierno y a las FARC que lleguen a acuerdos humanitarios para reducir las consecuencias del conflicto entre la población civil. “El ejército sigue bombardeando y la guerrilla sigue poniendo minas”, agregó. El informe de Codhes expresa que el drama de los desplazados, que es una problemática a la cual el gobierno no ha logrado encontrar una solución definitiva, no podrá resolverse hasta que los acuerdos de paz no se profundicen y no se materialicen.

También denunció el avance de bandas criminales (bacrim), herederas de los paramilitares, en las zonas mineras del país donde, dijo, están buscando rentas mineras y se requieren medidas de protección. Moreno constató la paradoja de que ni la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, ni el inicio de las conversaciones de paz del gobierno con las FARC hayan logrado frenar la dinámica del desplazamiento. “Mientras saldamos las deudas del pasado, se siguen produciendo víctimas de manera masiva”, dijo Moreno. Sin embargo, el director del Codhes se ha mostrado optimista y confía en que la lucha contra la desigualdad y la pacificación del país terminen con el drama de los desplazados.