Estados Unidos suspendió cinco millones de dólares de ayuda militar para Colombia porque ese país no firmó un acuerdo que garantiza inmunidad a los soldados estadounidenses ante la Corte Penal Internacional (CPI). La medida sorprende porque Colombia es el tercer receptor de ayuda militar estadounidense después de Israel y Egipto y un aliado importante de Washington en la lucha contra el narcoterrorismo. La Casa Blanca también cortó los fondos para otros 34 países que no firmaron este acuerdo de inmunidad –que representan 48 millones de dólares–, entre los que figuran ocho de América latina, como Brasil, Venezuela, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Junto con otras naciones, Argentina fue exonerada de esta medida porque desde 1998 es aliada extra-OTAN de Washington. El organismo de derechos humanos Human Rights Watch acusó al gobierno estadounidense de embarcarse “en una campaña mundial para presionar a gobiernos vulnerables y frágiles”.
Venció ayer el plazo que el Congreso norteamericano había fijado para que los países extranjeros firmaran el “artículo 98”, que otorga inmunidad a los soldados estadounidenses ante la CPI. Los países que no lo hicieron perderán la ayuda militar de Washington, a menos que logren una exención del presidente George W. Bush. De hecho, éste autorizó ayer el mantenimiento de la ayuda militar a Honduras, Bolivia, Panamá, Afganistán, Rumania y otros 11 países. Pese a que todavía no firmaron el artículo 38, son “importantes para los intereses de Estados Unidos”, dijo Bush. El Congreso ya había exonerado a miembros de la OTAN y a aliados de Estados Unidos, como Israel, Egipto, Corea del Sur, Jordania y Argentina.
Pero Colombia fue uno de los países castigados. “Unos cinco millones de dólares de nuestra asistencia a Colombia han sido suspendidos por esta ley”, anunció ayer el vocero del Departamento de Estado, Richard Boucher. Aclaró que los fondos del Plan Colombia para la lucha antidroga no están afectados por esta medida, pero advirtió que si Colombia no firma el artículo 98 antes del 1º de octubre, cuando empieza el año fiscal, parte de los 600 millones de dólares para luchar contra el narcoterrorismo serán suspendidos. Por su parte, el vicepresidente colombiano, Francisco Santos, dijo que su gobierno está negociando con Estados Unidos la inmunidad de sus soldados, pero que no es necesario firmar un nuevo acuerdo porque un convenio de 1962 “protege los intereses de los ciudadanos y funcionarios estadounidenses que estén en Colombia”. Y subrayó que Colombia es un “buen aliado” de Estados Unidos, al que apoyó en la guerra en Irak.
La suspensión de fondos también alcanza a 34 naciones que no fueron exoneradas por Washington. Entre ellas figuran Uruguay, Brasil, Costa Rica, Croacia, Bulgaria y Serbia. En una carta que Human Rigths Watch mandó al secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, este organismo acusó a Estados Unidos de presionar a países chicos para obligarlos a dar inmunidad a sus soldados ante la CPI. Según la carta, altos funcionarios estadounidenses usan “tácticas duras” como la advertencia del subsecretario de Estado a los ministros de Relaciones Exteriores del Caribe de que sus países podrían perder ayuda contra huracanes y otros fondos si no otorgan inmunidad a los militares estadounidenses. Según Human Rights Watch, al menos 38 de los países que firmarán el acuerdo son catalogados como los menos desarrollados por el Programa de Desarrollo de la ONU.
La CPI es la primera corte permanente que investigará y enjuiciará a las personas responsables de violaciones graves contra los derechos humanos como el genocidio y los crímenes de guerra. Esta corte no funcionará de forma retroactiva, sino que actuará ante los delitos cometidos después del 1º de julio de 2002, cuando entró en vigencia el Estatuto de Roma firmado por la CPI. En su último día en la presidencia, Bill Clinton firmó los acuerdos que fijaban la creación de esta corte. Pero cuando George W. Bush llegó a la Casa Blanca, derogó ese tratado y buscó una garantía de inmunidad ante la CPI no sólo para los soldados estadounidenses sino paratodos los ciudadanos de su país. Para Bush, esta corte puede ser una herramienta de persecución política contra los estadounidenses.