La derecha francesa avanza con paso problemático hacia la aplicación de su programa. El mismo día en que el Consejo de Ministros aprobaba un controvertido proyecto de reforma de la Constitución que trata el delicado tema del estatuto penal del presidente, la Asamblea Nacional examinaba una moción de censura contra el gobierno de Jean Pierre Raffarin presentada por los socialistas. En apenas dos semanas, el clima político francés se puso al rojo vivo a raíz de los proyectos gubernamentales, concretamente dos, la reforma de la Constitución y la reforma del sistema de jubilaciones, y de los ataques verbales lanzados contra la oposición por el premier Raffarin. El proyecto de reforma constitucional sobre el estatuto penal del jefe del Estado le confiere al presidente una suerte de “privilegio italiano” pero a la francesa.
El texto lleva a que el mandatario goce de una “inmunidad temporal”, al tiempo que instaura un procedimiento de destitución. El proyecto, denunciado por la izquierda y no aceptado tampoco por el conjunto de la derecha, busca resolver el delicado problema que se planteó durante el primer mandato del actual presidente Jacques Chirac. La Justicia probó que Chirac estaba implicado en una extensa serie de malversaciones y comisiones ocultas pero, como no había juez ni estatuto para procesarlo, el jefe del Estado escapó a la Justicia. Con esta ley se busca entonces poner término a esa polémica y llenar el vacío de la manera más conveniente. Según explicó el ministro francés de Justicia, el presidente puede ser juzgado de dos maneras: “Si los hechos que se le reprochan son de una gravedad relativa, sólo será juzgado al final del mandato. Si, por el contrario, esos hechos son de una gravedad particular y entonces incompatibles con el ejercicio de sus funciones, entonces el Parlamento tiene la posibilidad de destituirlo”.
Hasta ahora, el artículo 68 de la Constitución estipulaba que “el presidente de la República es únicamente responsables de los actos cometidos durante el ejercicio de sus funciones en caso de alta traición”. Sin embargo, la inmunidad del mandatario no varía con los nuevos artículos ya que el presidente, tal como ocurrió en el mandato precedente, no puede ser convocado por la Justicia a prestar testimonio ni tampoco ser procesado. Los socialistas estiman que, en vez de ser más transparente, el estatuto del presidente sale ahora “blindado” y hace de él un “intocable”. Robert Badinter, ex ministro socialista de Justicia y autor de la ley que suprimió en Francia la pena de muerte, juzga que, obviamente, si bien se instaura un procedimiento de destitución parlamentaria, sería ilusorio creer que una mayoría “con el mismo color político del presidente lo destituya”.
A este debate naciente se sumó una guerra frontal entre el premier y la oposición socialista. Ya agitado por el proyecto de reforma del sistema de jubilaciones, el clima se volvió incendiario luego de que, en la víspera, el jefe de gobierno declarara que, “en su camino hacia el paraíso, Francia está recién en el purgatorio porque todavía quedan socialistas”. Con ese insulto bajo el brazo y la agitación social provocada por la política gubernamental, la izquierda presentó ayer una moción de censura contra la política de Raffarin. Como la izquierda es minoritaria, la moción fue rechazada sin sorpresas, pero la discusión en la Asamblea dio lugar a escenas dignas de una cancha de fútbol. Gritos, silbidos, insultos y agresiones verbales sirvieron de coro para una jornada política en que la izquierda acusó al premier de “destruir profundamente la sociedad francesa”, mientras este leía su discurso de política general como si nada hubiese ocurrido.