Hoy, viernes 14 de junio, se realizará en Dublín, Irlanda, una reunión a nivel ministerial entre Estados Unidos y la Unión Europea, que será presidida por el ministro de Justicia e Igualdad, Alan Shatter TD, presidente del Consejo de Justicia y Asuntos del Interior de la Unión Europea.

Participarán de la reunión la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Janet Napolitano; el procurador general de ese país, Eric H. Holder Jr.; la vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding, y la comisaria europea responsable de Asuntos del Interior, Cecilia Malmström. Su agenda incluye una sesión de alto nivel sobre la protección de datos.

En este contexto y en respuesta al descubrimiento de un programa del gobierno de Estados Unidos denominado PRISM, que otorga a la Agencia de Seguridad Nacional de ese país un acceso sin precedentes a los servidores de las principales empresas de tecnología, un grupo de organizaciones de derechos humanos de distintas partes del mundo emitió la siguiente declaración conjunta: “Informes recientes indican que el gobierno de Estados Unidos tiene la capacidad de adquirir y controlar el contenido de las comunicaciones y otros datos electrónicos, como por ejemplo los datos de ubicación, pertenecientes a los usuarios internacionales de servicios masivos de Internet en tiempo real. Esa capacidad permite el seguimiento de las comunicaciones, movimientos y reuniones de innumerables personas en todo el mundo. Dicha vigilancia estatal vasta e invasiva viola dos derechos fundamentales: el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión. El artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que ‘nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia’ y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos otorga protecciones similares. El programa PRISM controla tal enorme cantidad de información personal que impide el cumplimiento de esos estándares. PRISM también amenaza el derecho a la libertad de pensamiento y expresión y el derecho a buscar, recibir y difundir información. El derecho internacional también exige que los Estados proporcionen protecciones legales y garantías frente a las interferencias o ataques a la privacidad individual. Estados Unidos debe cumplir con estas obligaciones internacionales y poner fin a su extraordinaria intrusión en las vidas de miles de millones de personas en todo el mundo”.

* Centro de Estudios Legales y Sociales CELS (Argentina), American Civil Liberties Union - ACLU (Estados Unidos), Association for Civil Rights in Israel ACRI (Israel), Canadian Civil Liberties Association CCLA (Canadá), Egyptian Initiative for Personal Rights EIPR (Egipto), Hungarian Civil Liberties Union HCLU (Hungría), Irish Council for Civil Liberties ICCL (Irlanda), Kenya Human Rights Commission (Kenia) y Liberty (Reino Unido).