Las elecciones legislativas de hoy, en que 65 millones de mexicanos están llamados a votar por los 500 diputados federales, serán un testeo de la aceptación o rechazo de la política de Vicente Fox, en el tercer año de su mandato. El oficialista Partido Acción Nacional (PAN) cuenta con 207 escaños en diputados, por debajo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 209 con mayoría relativa y, según los sondeos, ninguno obtendría la mayoría absoluta que se logra con el 43 por ciento de los votos. Pero el que puede dar un paso importante es el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), que actualmente cuenta con 52 bancas y tiene chances de duplicarlas. Y, de hecho, las legislativas pondrán a prueba su capacidad para extender su presencia política a todo el país, lo que alimentaría las esperanzas de pelear por la presidencia en el 2006. También se celebran comicios legislativos locales en 10 estados, en seis de los cuales se elige a los gobernadores estatales.
Aunque históricamente han sido consideradas de rango menor y padecen de un alto abstencionismo, en esta ocasión las llamadas “elecciones intermedias” jugarán un papel decisivo en la gestión del gobierno del conservador Fox, quien el 2 de julio de 2000 acabó con siete décadas de hegemonía del PRI, al que no por nada llaman “dinosaurio”. Fox se propone llevar adelante privatizaciones: su política económica enfatiza la inversión extranjera. Por eso quiere hacerse con las riendas de su grupo parlamentario de modo de garantizar al menos el respaldo de los suyos a la gestión del gobierno. Cuando Fox asumió la economía retrocedió un 0,3 por ciento; al año siguiente sólo logró una modesta recuperación del 0,9 por ciento, muy por debajo de la meta oficial del 1,7 por ciento, mientras que para este año la mayoría de los analistas aseguran que apenas crecerá en torno del 2 por ciento. Algunos críticos dicen que se está al borde de la recesión. La economía mexicana continúa muy atada a la estadounidense. En este panorama están las reformas estructurales en materia fiscal, energética, eléctrica y laboral que siguen pendientes, lo que ha provocado una sensación de parálisis política. Una de las más emblemáticas es la reforma eléctrica, enviada al Congreso en agosto pasado y que forma parte de las llamadas “reformas estructurales pendientes”.
Los sondeos arrojan que el PRI seguirá siendo el partido más votado, por delante del oficialismo –36 por ciento y 33 respectivamente, y 20 por ciento el PRD–. Para los priístas los comicios ofrecen la oportunidad de escalar posiciones con el fin de recuperar la silla presidencial dentro de tres años. El partido ya se dice dispuesto a alcanzar acuerdos con el PAN para garantizar la gobernabilidad del país y pretende incluso que el Legislativo se convierta en el interlocutor por excelencia con Estados Unidos para llegar a acuerdos que Washington “está dispuesto a alcanzar con México, pero no con Fox”, como por ejemplo en materia migratoria.
Pero es probable que la nota la dé la izquierda mexicana. El Partido de la Revolución Democrática (PRD), tercera fuerza política en el Congreso mexicano, aspira a duplicar sus escaños al abrigo de la alta popularidad de sus dirigentes. Un asesor de Andrés Manuel López Obrador, el carismático alcalde de Ciudad de México, comentó que el político perredista, según las encuestas el más popular del país, dejará su puesto en un año y medio para trabajar en su candidatura presidencial. Explotando el carisma de Obrador, el gran reto del PRD es reivindicar un mayor peso político como partido en el Legislativo y promover políticas sociales y una reducción de la dependencia económica del exterior. “Para nosotros es básico decir ‘el reto no es entre dos, sino entre tres’”, explicó la presidenta del PRD, Rosario Robles, quien se apoya en los buenos sondeos de la intención de voto para augurar una subida importante del partido, que desea captar el 20 por ciento de la Cámara de Diputados, por encima del 10,8 por ciento que tiene actualmente. Robles reconoció que su partido tiene pocos apoyos en los estados del norte del país, algo que espera remediar con una “gran reforma” que amplíe las bases del partido e incorpore a nuevos sectores.
La gran vidriera del PRD es el Distrito Federal, capital de México, donde López Obrador ha impulsado con éxito programas sociales y de obras públicas. En materia económica, el programa del PRD pretende fortalecer el mercado interno y reducir la dependencia de EE.UU, de la inversión extranjera y de las exportaciones, porque ese modelo “crea islas de riqueza y mares de pobreza”. Como alternativa plantea fortalecer los lazos con otros países latinoamericanos y modificar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para proteger la agricultura nacional y garantizar la soberanía alimentaria, especialmente en los cultivos de maíz y cereales. Precisamente los sectores indígenas de Chiapas se pusieron al margen de los comicios porque señalan que son los más excluidos y perjudicados con las políticas actuales, como ese tratado con EE.UU. Un nuevo posicionamiento de la izquierda mexicana podría ir delineándose hoy mismo, parte de una tendencia hacia programas políticos socialistas en América latina. Basta recordar el resultado electoral de Evo Morales en Bolivia, la llegada al poder de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y de Lucio Gutiérrez en Ecuador.