La Justicia española hizo un pedido ayer a Uruguay para que se tomaran las medidas necesarias a fin de bloquear las cuentas que el ex tesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas tiene en el país latinoamericano, tanto a su nombre como al de la sociedad Tesedul S.A. El juez de la Audiencia Nacional española, Pablo Ruz, a cargo de la investigación por el caso Gürtel, una de las mayores tramas de corrupción en la historia de España, se decidió a cursar una comisión rogatoria (un pedido judicial) a Uruguay para que ese país recopile información acerca de la investigación que lleva a cabo la Justicia española sobre el ex tesorero. En esa comisión rogatoria, el magistrado español pide además a la Justicia uruguaya confirmación sobre si está o no investigando a Bárcenas.

El ex tesorero del PP permanece detenido en la cárcel de Soto Real desde el 27 de junio por orden del juez Ruz, quien lo investiga, entre otros crímenes, por presuntos delitos contra la administración y la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa y falsedad de documento mercantil, habría transferido en 2009 al menos 800.000 euros desde el banco suizo Lombard Odier a Tesedul S.A.

Para realizar ese supuesto movimiento de dinero desde Suiza, Bárcenas habría utilizado una sociedad anónima uruguaya creada en diciembre de 2008 con un capital de 90.000 euros con el nombre de Tesedul S.A., presidida por el argentino Eduardo Bel.

El año en el que Bárcenas transfirió el dinero desde Suiza a Uruguay fue el mismo en el que estalló en España el caso Gürtel, causa judicial donde el juez Baltasar Garzón comenzó a investigar una red de empresas que se enriquecieron presuntamente mediante la obtención de contratos amañados que adjudicaban dirigentes regionales y municipales del partido conservador. Un caso que ahora quedó en manos de Ruz, luego de que Garzón fuera inhabilitado por el Tribunal Supremo Constitucional. En Uruguay, a Bárcenas lo está investigando un juzgado especializado en crimen organizado.

Según el diario El Observador, el ex tesorero comenzó a ser investigado en marzo después de que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central de Uruguay denunciara a Bárcenas ante la Justicia del Crimen Organizado. Fuentes vinculadas con el expediente, citadas por el diario uruguayo, señalaron que la investigación judicial que se lleva adelante tiene que ver con lavado de dinero y está “bastante avanzada”. El juez de la causa, Néstor Valetti, determinó que la pesquisa que lleva adelante sea lo más reservada posible. La fiscal del caso es Mónica Ferrero.

Esas cuentas en el país charrúa, así como las que aún no se le han bloqueado en Suiza y en Estados Unidos, son la razón principal esgrimida por la fiscalía anticorrupción española como argumento para insistir con que Bárcenas continúe en prisión y no entorpezca la investigación que Ruz lleva adelante.

Si bien la comisión rogatoria del magistrado español a Uruguay es la primera que envía en este caso a ese país, el juez Ruz ya pidió la colaboración judicial de otras 21 naciones, entre las que se encuentra Suiza. En su escrito, Ruz demanda de las autoridades uruguayas que reúnan información de titulares, apoderados y beneficiario último, así como sobre préstamos e hipotecas, cajas de seguridad, certificados de depósito y certificados del mercado de dinero, bonos del tesoro, tarjetas de crédito o débito, compras de cheques bancarios.

También reclama toda la correspondencia con las personas y entidades y extracto de movimientos y soportes documentales. Entre todos esos datos, el juez requiere informaciones que reflejen las fechas y cantidades de los depósitos e información nacional e internacional relacionada con las transferencias de dinero o documentos de envío.

En el orden local, Ruz inició ayer también los trámites necesarios para fijarle a Bárcenas un embargo de bienes que alcanzaría los 43,25 millones de euros en concepto de fianza civil, suma que le impuso para que, en caso de ser condenado, quede asegurado el pago de las responsabilidades que se deriven en España. A su vez, el secretario del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional dictó una diligencia en la que explica que, dado que Bárcenas no depositó la fianza civil en el plazo que le dio el juez y que se cumplió el lunes por la noche, ahora se le requiere que en tres días comunique sus bienes susceptibles de embargo.

Bárcenas mantiene en jaque al PP y por efecto colateral a Rajoy tras haber asegurado ante el juez que el partido se financió ilegalmente durante al menos dos décadas. El ex tesorero está en la mira por una serie de delitos relacionados con el caso Gürtel, una red de corrupción empresarial que la Justicia investiga por la adjudicación de contratos vinculada con la cúpula del PP en la que hay más de 70 imputados, entre ellos dirigentes partidarios como el mismo Bárcenas.