Desde Londres

El gobierno británico reconoció que exigió al matutino The Guardian la destrucción de los discos duros con información suministrada por el ex espía Edward Snowden sobre las operaciones de los servicios secretos de Estados Unidos y el Reino Unido. Un portavoz del viceprimer ministro británico, el liberal Nick Clegg, señaló que era “razonable” que el secretario del gabinete de gobierno, Sir Jeremy Heywood, “pidiera a The Guardian que destruyera información que podía representar una seria amenaza a la seguridad nacional si caía en las manos equivocadas”.

Mientras tanto, Gwendolen Morgan, abogada del brasileño David Miranda, les escribió a la ministra del Interior, Theresa May, y a la policía británica señalando que su detención el pasado domingo por nueve horas en el aeropuerto de Heathrow bajo la ley antiterrorista era un “abuso de poder”. Morgan exigió la devolución de todos los efectos personales de su cliente y que se le dieran garantías de que no se los iban a pasar a nadie más. El domingo la policía le había confiscado su laptop, celular, varios juegos de video, los DVD y sus memorias USB.

La pareja de Miranda es el periodista de The Guardian Glenn Greenwald, que reveló la información suministrada por el ex espía de la CIA Edward Snowden. Su abogada señaló que iniciaría un pedido de revisión judicial en la Alta Corte de Londres hoy jueves si no obtenía una respuesta satisfactoria del gobierno antes de la medianoche. La revisión judicial es un procedimiento legal británico que permite cuestionar una decisión de cualquier estamento del aparato estatal (gobierno, policía, etc.).

El “Snowden affair” se está complicando en varios frentes para el gobierno, que está dando señales de extrema preocupación por la información filtrada y por la que podría tener todavía en su poder el ex espía. A la detención de Miranda el domingo se añadió el martes el artículo del editor de The Guardian Alan Rudsbringer, en el que denunciaba que agentes de la central de espionaje electrónico británico, el GCHQ, que decían actuar en nombre del primer ministro David Cameron, le habían exigido la destrucción o entrega de los discos duros de la información suministrada por Snowden. Cuando el laborismo exigió que el Parlamento investigara el papel de Cameron en este hecho, la gente salió en masa a defender la decisión del gobierno de confiscar o destruir esos materiales en nombre de la “seguridad nacional”.

El portavoz de Nick Clegg rompió el silencio oficial del martes justificando la conducta gubernamental en términos de “seguridad nacional”. La ministra del Interior, Theresa May, utilizó el mismo argumento en declaraciones a la BBC ayer. “Cuando la seguridad nacional está en juego no me sorprende que alguien de alto nivel en el gobierno intervenga. Si el gobierno cree que esta información puede ayudar a terroristas tiene que intervenir”, señaló May.

La respuesta no conformó al Parlamento. El laborista Keith Vaz, que preside el comité de temas de seguridad, exigió que el primer ministro explique lo sucedido ante el Parlamento cuando éste vuelva a sesionar el mes próximo. “La conducta del secretario de gabinete no tiene precedentes y muestra que el tema llegó a los más altos niveles de gobierno. Aunque me sorprende, explica por qué Downing Street, la Casa Blanca y el ministro del Interior fueron informados con antelación de la detención de Miranda”, señaló Vaz.

En una entrevista con la BBC, Miranda señaló que se había sentido invadido luego de que lo obligaran a revelar la contraseña de su correo y de sus redes sociales. “Estoy furioso. Fue una invasión, como estar desnudo enfrente de una multitud. Me dijeron que tenía que cooperar o que si no iba a terminar en la cárcel”, señaló Miranda.