A la Embajada de Ecuador en Buenos Aires, frente a una emblemática confitería de Recoleta, el canciller Ricardo Patiño llegó apurado, con una agenda pensada para en pocas horas regresar a Quito, el mismo jueves. Se acomodó en un sillón antiguo y reflexionó ante Página/12 sobre dos temas prioritarios de política exterior del gobierno de Rafael Correa. Uno es la situación de Julian Assange, asilado en la sede diplomática de Ecuador en Londres. “Imagínese vivir aquí sin poder salir –señaló con el brazo una sala compuesta por una mesa ratona y a unos metros un escritorio–. El señor Assange hace un año y dos meses que está condenado.” Patiño tenía previsto reunirse con su par Héctor Timerman para conversar sobre el otro asunto, lo que él llamó la “campaña difamatoria” de Chevron contra el gobierno de su país. El ministro aclaró que sólo iba a hablar del caso ecuatoriano y de por qué para su país la petrolera estadounidense no es confiable. Más tarde Patiño se iba a encontrar con el Nobel Adolfo Pérez Esquivel, quien ha sido crítico del acuerdo YPF-Chevron para explotar Vaca Muerta.

El gobierno británico ha rechazado otorgar un salvoconducto que le permitiría al fundador de Wikileaks salir de la embajada ecuatoriana sin ser detenido, bajo el pretexto de que la Justicia sueca pide su extradición por dos casos de presuntos abusos sexuales. El Reino Unido no baraja otra opción que la de extraditarlo. Patiño afirmó que las negociaciones no van bien, mientras pasa el tiempo para el periodista australiano. “Los derechos humanos de Assange están siendo violentados por la decisión del Reino Unido de no conceder el salvoconducto. Nosotros presentamos la fundamentación jurídica para darle el asilo hace un año, y se lo dimos, incluso en medio de una amenaza del gobierno británico de entrar a nuestra embajada y sacar a Assange, que fue repudiada por el ALBA, Unasur, Mercosur y hasta por la OEA.”

En la última ocasión que Patiño se reunió con su par inglés, William Hague, le llevó un informe de 15 páginas con los fundamentos jurídicos para que le den el salvoconducto. “El derecho internacional humanitario está por encima de temas procedimentales como la obligación que ellos tengan de extraditarlo a Suecia para que atienda una demanda que está recién iniciándose”, señaló.

La Justicia sueca reclama a Assange por las denuncias de dos mujeres que lo acusan de agresión sexual. Unas acusaciones que el fundador de Wikileaks ha negado reiteradamente. Assange teme que el destino final sea la Justicia de Estados Unidos, dado que Wikileaks divulgó los cables secretos del Departamento de Estado que filtró la soldada Manning.

“Yo les he preguntado qué esperan, ¿que el señor Assange envejezca en la embajada? ¿Que se muera?”, disparó Patiño y dijo que las autoridades británicas respondieron que tienen la obligación de entregarlo a Suecia. El canciller de Ecuador sembró una duda sobre el proceso de ese país. “La Justicia sueca no le tomó declaraciones a Assange y no entendemos por qué. En la práctica tiene una condena de un año y dos meses en nuestra misión diplomática. Ya pagó un año y dos meses.”

En junio el ex agente de la CIA Edward Snowden reveló a los medios el espionaje de Estados Unidos a escala mundial. La historia, como la de Assange, tiene todos los condimentos para que Hollywood la lleve a la pantalla grande. Snowden viajaba a Cuba vía Moscú cuando Estados Unidos le revocó el pasaporte, quedó varado en el aeropuerto un mes y logró que Rusia le diera un asilo temporal por un año, pero a cambio de que dejara de publicar los archivos comprometedores.

–Ecuador habló de ofrecerle asilo a Snowden.

–Nosotros hemos considerado esa posibilidad, pero también hay que tener en cuenta los sistemas de poder a nivel mundial. Hemos decidido hacerlo con Assange, y tensó las relaciones con algunos países. Nicaragua, Venezuela y Bolivia expresamente le ofrecieron asilo, y de esta manera Snowden ya tiene una cobertura. Es parte de la contribución de los países del ALBA y latinoamericanos a la libertad de expresión. Defenderla no solamente en el discurso, también en la práctica.

A la hora de hablar del conflicto con Chevron, Patiño midió bien las palabras que utilizó. “Chevron está llevando adelante una campaña internacional de desprestigio de Ecuador y está, en ese sentido, cometiendo una injusticia porque parte de información falsa, tratando de endosarle al Estado ecuatoriano una responsabilidad que la Justicia de mi país le atribuye a Texaco –empresa que compró Chevron–. Queremos transmitir esta información al gobierno argentino y a sus ciudadanos, para que nos respalden.”

En 2012 la petrolera fue condenada por la Justicia ecuatoriana a pagar 19 mil millones de dólares a raíz del daño ambiental que causó en la zona amazónica. Si bien el caso está en manos del máximo tribunal ecuatoriano, la empresa desconoce la sentencia por considerarla “fraudulenta” y busca en cortes internacionales que el Estado asuma la indemnización por la contaminación ambiental. Chevron operó a través de Texaco, compañía que explotó petróleo en Ecuador entre 1964 y 1990 y se fue del país en 1992.

De acuerdo con la postura del gobierno de Correa, el asunto jurídico es entre privados. “Chevron intenta mezclarnos en una disputa entre comunidades originarias y la empresa. Texaco fue condenada a pagar una suma multimillonaria por los daños ambientales y de salud de las comunidades. Chevron inició ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya una demanda en contra del gobierno de Ecuador pidiendo que fuera el Estado el que debía hacerse cargo.”

Un panel de expertos bajo supervisión de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya le pidió a Ecuador que no aplique la sentencia. “Nos extraña mucho, porque evidencia un sesgo en favor de una empresa”, señaló Patiño.

Los grupos indígenas que estuvieron en el juicio a Chevron por daños ambientales le están pidiendo ahora a Correa que desista de explotar el petróleo en Yasuní, una zona de alta biodiversidad. Patiño dio las explicaciones de su gobierno. “Hay personas que plantean que desistamos de la explotación del petróleo que está en el subsuelo de Yasuní. Nosotros somos los primeros que no queremos explotar. Presentamos una propuesta internacional en 2007 para dejar sin tocar la biodiversidad que está en la superficie del Parque Yasuní ITT y también no explotar incluso el crudo que está en el subsuelo, si la comunidad internacional aporta el 50 por ciento de lo que perderíamos por no hacerlo. Después de seis años de plantearlo, no hubo una respuesta positiva.”

Entonces, el plan es explotar el petróleo de esa reserva. El canciller aclaró “vamos a afectar una milésima parte del Parque Yasuní”. Y justificó la decisión. “Tenemos derecho a utilizar los recursos naturales para combatir la pobreza. Puede significar un ingreso de 18 mil millones de dólares en veinte años.”

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