El diario británico The Guardian afirmó ayer que el gobierno de David Cameron criminaliza al periodismo. La acusación es por las amenazas que recibió el periódico para entregar o destruir la información filtrada por el ex técnico de la CIA Edward Snowden. En un extenso editorial, el matutino sostuvo que recibió amenazas explícitas por parte del gobierno para, a través de la vía legal, frenar o prevenir la publicación de material. El artículo hace hincapié sobre los poderes y la responsabilidad de los Estados en vigilar a los ciudadanos. “No es el rol de los políticos determinar los límites de la discusión”, expresó The Guardian.

“El debate tampoco se circunscribe a tratar de criminalizar el periodismo”, añadió el periódico. The Guardian, que junto a The Washington Post sacaron a la luz los documentos de Snowden, denunció esta semana las presiones del Reino Unido para evitar la publicación de artículos sobre su sistema masivo de espionaje y el de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) estadounidense. “¿Los gobiernos involucrados nunca se detienen a pensar en el concepto de consentimiento? ¿Algún ingeniero, jefe de Inteligencia, ministro, diputado o presidente nunca se preguntan si un cambio tan dramático en el contrato entre el Estado y el ciudadano requiere algún tipo de debate?”, se preguntó el periódico.

El editorial cuestionó fuertemente a los gobiernos que espían a sus ciudadanos: “La naturaleza del espionaje ha cambiado: esto lo hemos aprendido del Sr. Snowden. Lo que antes era muy específico se ha convertido prácticamente en algo universal. La ambición evidente es poner a toda la población bajo alguna forma de vigilancia. Los maestros de Inteligencia anónimos pueden decir que siguen buscando las agujas, pero primero quieren todo el pajar”.

El editor en jefe, Alan Rusbridger, contó que fue contactado por funcionarios que amenazaron con censura previa yendo a la Justicia para prevenir la publicación de material. Finalmente, para alivianar la presión, indicó que accedió a eliminar la información que tenían en las oficinas en Londres, teniendo en cuenta que existen copias en Nueva York y Río de Janeiro. “Y así, en uno de los momentos más extraños de la larga historia de The Guardian, dos expertos en seguridad de (la agencia de Inteligencia) GCHQ supervisaron la destrucción de discos duros en el sótano del diario”, comentó Rusbridger.

El diario consideró la publicación filtrada por Snowden como un ejercicio de la libertad de prensa: “¿Qué papel tiene la libertad de prensa en atender e informar sobre este debate? A finales de mayo, el Sr. Snowden dio a este diario un volumen de documentos como uno de los 850.000 empleados de inteligencia, listo para leer y analizar el material secreto. Es difícil imaginar que un editor en el mundo libre, que habría destruido este material sin leer, o se lo devolvió, sin analizar, a las agencias de espionaje o el gobierno. The Guardian hizo lo que esperamos que cualquier organización de noticias haría: paciente y responsablemente analizó e informó sobre algunos de los materiales que hemos leído con el fin de informar el debate público necesario”.

“El gobierno tiene claramente una responsabilidad de intentar asegurarse de que la información se recupere o se destruya si se retiene de forma insegura y pudiera ser dañina para la seguridad nacional”, justificó el ministro de Asuntos Exteriores, William Hague. El apriete fue ejecutado por el ministro de Gabinete, Jeremy Heymood, bajo órdenes del propio primer ministro David Cameron.

“Si el gobierno cree que hay información que puede ser peligrosa para la seguridad nacional y puede ser útil para terroristas, tenemos que actuar”, señaló en sintonía la ministra del Interior, Theresa May. Por el contrario, Charles Falconer, funcionario del gabinete del ex primer ministro Tony Blair, manifestó que el Estado puede desear que los periodistas no publiquen material sensible, pero depende de ellos y no del Estado decidir dónde poner el límite. Estados Unidos y Alemania expresaron su oposición a la maniobra de Londres, y Rusia indicó que es una violación a los derechos humanos y la libertad de prensa.

“El secreto y la apertura deben chocar. Los gobiernos y los espías ponen el mayor énfasis en la seguridad: es inevitable. Las personas que aprecian la libertad de expresión, una prensa sin restricciones, la capacidad de disentir, o los derechos de un individuo a la intimidad o la protección contra el Estado tendrán iguales o mayores preocupaciones”, publicó The Guardian. “Es evidente que prácticamente cualquier persona con una vida digital –cualquier usuario de Google o Verizon o BT o Facebook o Skype– tiene derecho a conocer bastante cuánta privacidad pueden esperar. Este es el próximo debate”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de que el tema del espionaje sea discutido por todos los ciudadanos.

“¿Quién llevará a cabo el debate, y cómo será informado? Hasta la fecha, ha habido una fuerte discusión sobre estas cuestiones en las legislaturas y los medios estadounidenses y europeos. En el Reino Unido, el número de diputados o compañeros que han dicho nada en absoluto es pequeño. El control parlamentario es un asunto igualmente sombrío”, reconoció el matutino.

Los reclamos se sumaron al cuestionamiento por la retención durante nueve horas del brasileño David Miranda, pareja de Glenn Greenwald, el periodista que sacó a la luz las revelaciones de Snowden. Las autoridades lo detuvieron en el aeropuerto londinense de Heathrow, amparados en una ley antiterrorista, y le confiscaron varios dispositivos electrónicos personales.

El jueves pasado, a través de una acción en la Justicia, Miranda logró una victoria parcial con un dictamen por el que temporalmente, hasta que no haya sentencia firme, el gobierno británico no podrá revisar el material incautado ni compartirlo con agencias de seguridad extranjeras. Sin embargo, ese triunfo fue agridulce ya que en la misma audiencia la policía británica anunció que lanzó una investigación criminal contra Miranda. Scotland Yard comentó que en el interrogatorio se incautó material altamente sensible, cuya divulgación sería perjudicial para la seguridad pública.

Si bien todavía no precisaron los cargos en su contra, las autoridades lo podrían investigar por instigar o preparar actos de terrorismo, mismo delito por lo que este año procesaron a varios miembros de la organización fundamentalista islámica Al Qaida.

Una de las consecuencias de estas presiones sobre The Guardian es que el diario decidió que todos los artículos vinculados con los documentos de Snowden se escriban en Estados Unidos, con la colaboración del diario The New York Times, o en Brasil, donde reside Greenwald. “La primera enmienda de la Constitución estadounidense garantiza protecciones a la prensa que los editores británicos solamente pueden soñar”, explicó el matutino.