De no mediar ningún impedimento, se espera que el gobierno de Mariano Rajoy apruebe, en el transcurso de septiembre, un proyecto de ley mediante el cual se intenta lanzar una reforma del Código Penal para introducir iniciativas tendientes a generar políticas anticorrupción. Así lo informó el diario El País, que en su edición de ayer manifestó que la tipificación de la financiación ilegal de los partidos, como delito, podría surgir de una futura negociación entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. En caso de que esta negociación fracasara y ambas fuerzas no pudieran llegar a un acuerdo, el diario asegura que el gobierno impulsará en soledad dicha modificación para que las cuentas de los partidos sean transparentes y se establezca como tal ese delito, según fuentes gubernamentales.

Por el momento, la financiación ilegal de los partidos políticos es susceptible de recibir sanciones menores. Si se comprueba en sede judicial que alguna fuerza percibió ingresos de dudosa procedencia, la fuerza en cuestión debe regresar el doble del dinero que aceptó de manera ilegal. Desde principios de este año, el PP afronta una causa abierta en la Audiencia Nacional por los supuestos pagos recibidos a lo largo de 20 años de manos de empresas constructoras en concepto de donaciones que no fueron declaradas en sus cuentas. Para El País, la reforma impulsada por el gobierno español y que pretende consensuar con la oposición no podría aplicarse en el caso de las cuentas B del partido gobernante ya que estas modificaciones, en principio, no serían de aplicación retroactiva.

En concreto, el proyecto de ley de un nuevo Código Penal en el que estaría trabajando hace más de un año el Ministerio de Justicia, a cargo de Alberto Ruíz-Gallardón, y que ya fue expuesto al debate ante el Consejo de Ministros en octubre del año pasado, será aprobado en las próximas semanas para, de ese modo, comenzar a ser tramitado para recibir su aprobación ante un Parlamento con mayoría conservadora.

El nuevo Código Penal permite sancionar los supuestos graves de gestión desleal del patrimonio de terceros: la contratación de servicios por un precio exagerado (normalmente motivado por el pago de un soborno) o la ocultación de fondos. El proyecto incluye el delito de malversación de caudales públicos, como la celebración de contratos sin contraprestación (en las causas de financiación ilegal conocidas hasta ahora, una de las modalidades es el pago por servicios nunca realizados); contrataciones a precios superiores a los reales o creación de fondos ocultos de efectivo sustraído al control de la administración, con riesgo de pérdida del mismo. Además, la nueva normativa opta por sancionar penalmente la conducta de quienes frustran e impiden la ejecución de las resoluciones que los condenan al pago ocultando bie-nes o facilitando información falsa a los tribunales o a los órganos de la administración encargados de la ejecución.

Según la investigación judicial en manos del juez Pablo Ruz, iniciada luego de que El País difundiera los papeles de Luis Bárcenas, como se conoce en la jerga judicial al caso que salpica al PP, se acreditó que esa fuerza mantuvo durante los últimos años una doble contabilidad a espaldas de los órganos de control políticos.

Si bien fueron varios funcionarios los que pasaron por la Audiencia Nacional para declarar en el marco de la causa que investiga el magistrado español, por el momento Bárcenas, ex tesorero del PP, es el único detenido por la supuesta caja B donde se registraban donaciones ilegales (más de ocho millones de euros habrían ido a parar a las arcas del PP entre 1990 y 2008).