Desde Río de Janeiro

No es tan suave como esperado el escenario que Roger Pinto Molina, el senador boliviano contrabandeado por el encargado de negocios de la embajada brasileña en La Paz, Eduardo Saboia, encontró en Brasil. No está claro si hubo un equívoco a la hora de interpretar su situación legal, tanto de parte de sus abogados como del descabellado funcionario de segundo rango que decidió sacarlo de la embajada, o si se trata de otra artimaña del político boliviano para ganar espacio en los medios de comunicación, fustigar al gobierno de Evo Morales y reforzar su papel de víctima de persecución implacable.

Al salir de la embajada, dejó de ser asilado. Cuando ingresó por vía terrestre en territorio brasileño el pasado sábado, Pinto Molina –que en Bolivia responde a una veintena de causas judiciales, que van de mal uso de fondos públicos a asesinato– pidió refugio a las autoridades de la aduana. La petición será examinada por el Conare, el Consejo Nacional para Refugiados, vinculado con el Ministerio de la Justicia.

Si se le concede ese status, Pinto Molina podrá residir y trabajar normalmente en Brasil. Se considera refugiado, acorde con los convenios internacionales, quien sufre persecución por razones religiosas, de raza, de género, o los que enfrentaron en sus países catástrofes naturales o son víctimas colaterales de conflictos armados. El asilo político es concedido a quien sufre persecución o está bajo amenaza por razones exclusivamente políticas. Por ahora, sus abogados optaron por no solicitar asilo político, reservando esa opción para el caso de que el gobierno boliviano haga un pedido formal de extradición de su cliente.

En La Paz, la situación de Pinto Molina era la de asilado diplomático, o sea, estaba al amparo del Estado brasileño siempre que se mantuviese dentro de la embajada. El asilo diplomático no se extiende al territorio brasileño. Ahora no le queda otra alternativa que esperar por la decisión del Conare.

Dilma Rousseff, definitivamente irritada por la situación creada a raíz de la iniciativa destartalada del diplomático Eduardo Saboia, determinó a sus asesores que la situación legal de Roger Pinto Molina sea examinada de la manera especialmente detallada. No admitirá ninguna brecha legal que dé lugar a nuevos incidentes. Pidió atención especial a los argumentos presentados por el indeseado huésped para justificar la afirmación de que es un perseguido político. Sin presentar pruebas contundentes, no será considerado ni refugiado y menos aún asilado. En ese caso, y a depender de negociaciones con el gobierno boliviano, a lo sumo recibirá una visa convencional que le permitirá permanecer en Brasil por un período determinado.

Sin refugio ni asilo, la situación del político derechista podrá complicarse mucho, en caso de que el gobierno de Evo Morales pida su extradición. Ayer, Eduardo Saboia –que sigue reivindicando para sí el rol de héroe salvador de vidas humanas– empezó a presentar sus justificativos para sus superiores. Criticado de antemano por el gobierno, se declaró víctima de una inmensa injusticia. Católico extremado, asegura que consultó a Dios a la hora de decidir sacar a Pinto Molina de la embajada y traerlo por tierra a Brasil. Quizá por eso no haya consultado a sus superiores. Por el camino iba leyendo salmos junto a Pinto Molina, que es pastor evangélico, en alegre y ecuménica jornada.

Sigue criticando, en entrevistas a la prensa, la conducta del gobierno brasileño por no haber asumido una actitud firme para salvar la vida del senador boliviano, que él sí considera un perseguido político.

En cuanto estuvo en su puesto en La Paz, Saboia y el entonces embajador Marcel Biabo se caracterizaron por sus posturas francamente críticas al gobierno de Evo Morales. Actuaban más como miembros de la oposición que como representantes de un país vecino. Biabo fue removido de su puesto, que pasó a ser ocupado interinamente por Saboia.

Insistiendo en su rol de libertador de un oprimido, el funcionario comparó la situación del entonces asilado senador boliviano a la de la presidenta Rousseff cuando padeció dos años en las mazmorras de la dictadura brasileña. “Yo me sentía como un carcelero del DOI-CODI”, dijo en referencia a la cárcel política donde Dilma sufrió tormentos y torturas.

La respuesta vino ayer, cuando la presidenta hizo una visita oficial al Senado. Dilma criticó duramente la actitud del diplomático. Dijo que con su iniciativa injustificable, Saboia puso en riesgo la vida de un hombre que, en la embajada, estaba bajo protección del Estado brasileño. “Un país civilizado y democrático protege a sus asilados. Jamás se podría admitir que, al no contar con el correspondiente salvoconducto, fuese colocada en riesgo la vida de quien se encontraba bajo asilo diplomático.”

Respecto de comparar la situación del político boliviano asilado en la embajada con la de una mujer prisionera de la dictadura, Dilma fue contundente: “Yo sí estuve en el DOI-CODI. Y puedo asegurar que la distancia entre aquello y una embajada brasileña es la misma que va del cielo al infierno”.

Eduardo Saboia, de 45 años de edad, diplomático, católico fervoroso, lector de salmos al encontrarse en situación de riesgo, todavía no sabe cuál será su destino en la carrera, si es que tendrá alguno.

Al saber de la reacción de Dilma, se limitó a pedir: “Que Dios me ayude. Recen por mí”.