Es el primer gran logro del gobierno de Alvaro Uribe, pero hay que ver hasta dónde se sostiene. Las paramilitares de las AUC se comprometieron ayer con el gobierno de Alvaro Uribe a un proceso gradual de desmovilización de sus más de 10.000 efectivos desde finales de este año a diciembre de 2005. La desarticulación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fue acordada en un encuentro de portavoces del grupo ultraderechista con delegados del gobierno en algún lugar de Antioquia, departamento del noroeste del país, informaron ayer fuentes oficiales. Pero todo indica que este es solamente el comienzo de un largo proceso, que puede ser descarrilado por un fraccionamiento de las AUC –ya los ha habido en el pasado– o por nuevas condiciones exigidas por la realidad de que la guerrilla de izquierda no cede a las exigencias de desarme del gobierno. Uribe ha sido acusado en el pasado de vínculos con los paramilitares, precisamente en el tiempo en que fue gobernador de Antioquia.
Las partes suscribieron en Antioquia el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, con el que dieron fin a la llamada Fase Exploratoria para un proceso formal de paz, que emprendieron a finales del pasado diciembre. El consenso es el primero de gran envergadura que alcanzan el gobierno y las AUC y fue divulgado en Bogotá por la oficina del alto comisionado para la Paz y la Convivencia, Luis Carlos Restrepo, que lidera el equipo gubernamental de negociación. Las AUC “se comprometen a desmovilizar a la totalidad de sus miembros, en un proceso gradual que comenzará con las primeras desmovilizaciones antes de terminar el presente año y que deberá culminar a más tardar el 31 de diciembre de 2005”, dice el documento, de diez apartados. “El gobierno –agrega– se compromete a adelantar las acciones necesarias para reincorporarlos a la vida civil”, para lo cual puso en marcha una nueva política que ha permitido la deserción de más de 900 guerrilleros y paramilitares en lo que va del año. Las partes también convinieron “crear las condiciones” que permitan, “en un tiempo prudencial”, la concentración de todos los integrantes de las AUC en “sitios previamente acordados” y “con las debidas garantías de seguridad”. “La concentración de sus integrantes incluirá todos los rangos de mando, disponiendo de las garantías que para tal efecto se convengan entre las partes”, agrega el acuerdo, e indica que “dichas zonas contarán con la presencia permanente de la fuerza pública”.
Según el consenso, la asociación ultraderechista, nacida como una suma de ejércitos privados de los hacendados pero que en los últimos años reunió el apoyo de sectores crecientes de la clase media, comparte “el propósito del gobierno de una Colombia sin narcotráfico” y respalda “las acciones del Estado colombiano contra este fenómeno que destruye la democracia, la convivencia, la economía y el medio ambiente”.
El de las drogas es uno de los mayores escollos que afrontan las partes, por los nexos de las AUC con la actividad criminal y la solicitud estadounidense de extradición de los líderes político y militar del grupo, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, respectivamente. Castaño y Mancuso encabezan el comité negociador de las AUC, del que también forman parte Hernán Hernández, Ramiro Vanoy, Luis Cifuentes, Francisco Tabares, Adolfo Paz y Jorge Pirata, que representan diversos bloques del grupo, surgido como tal en 1984, para coordinar la guerra contra las organizaciones guerrilleras. Los nueve dirigentes paramilitares suscribieron el acuerdo con el consejero Restrepo y los miembros de la llamada Comisión Exploratoria de Paz con las AUC, Carlos Franco, Jorge Ignacio Castaño, Eduardo Espinosa, Gilberto Alzate Ronga, Ricardo Avellaneda y Juan B. Pérez Rubiano. Los obispos Germán García y Julio César Vidal, y el sacerdote Leonidas Moreno, también firmaron el acuerdo como “facilitadores” del proceso, tarea que asumió la Iglesia Católica.
En el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, las partes coinciden en que el propósito del proceso es el “logro de la paz nacional, a través del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el restablecimiento delmonopolio de la fuerza en manos del Estado”. “Las AUC reiteran que su mayor aporte a la nación en este momento histórico es avanzar hacia su reincorporación a la vida civil y contribuir al fortalecimiento del Estado Social de Derecho”, dice otro apartado del compromiso. En el acuerdo, las AUC también se reafirman en el cese de hostilidades que decretaron el pasado diciembre, condición exigida siempre por el presidente Uribe para emprender acercamientos con los grupos armados ilegales.