Carlos Ominami perteneció al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) –crítico por izquierda del gobierno de Salvador Allende–, se marchó al exilio con el golpe de Estado de Augusto Pinochet, fue ministro de Economía con el primer gobierno de la Concertación –el del democristiano Patricio Aylwin tras el regreso a la democracia– y senador entre 1994 y 2010. Con este bagaje a cuestas preside la Fundación Chile 21, que acaba de editar Radiografía crítica del modelo chileno, un conjunto de 25 ensayos sobre la política económica del golpe pinochetista a nuestros días. Página/12 dialogó telefónicamente con Ominami.

–El 11 de septiembre se cumplieron cuarenta años del golpe. ¿Por qué usted prefiere hablar de experiencia y no de modelo?

–Yo creo que hay que asumir como un hecho de la realidad que se implementó una serie de reformas que ha marcado el Chile actual, pero creo que la idea de modelo transportable a otros países es totalmente errónea. Esto no es un conjunto de recetas. Es una experiencia que no se entiende sin una dictadura de diecisiete años que no le recomiendo a nadie, en la que no había sindicatos ni libertad de expresión. Ahora bien, cuando se da el golpe, había un proceso de agotamiento del modelo de sustitución de importaciones que venía ya desde gobiernos anteriores al de Salvador Allende. Al principio hay dos posiciones en el seno de la junta militar. Una posición que buscaba cambios graduales frente a la otra, liderada por los Chicago Boys, de que se requería un shock. En el ’74 se buscó restablecer ciertos equilibrios macroeconómicos, pero sin introducir cambios mayores. El cambio mayor se hace en el ’75. Ahí toman el mando los Chicago Boys. El modelo ortodoxo a ultranza que llevaron adelante colapsó a principios de los ’80. En 1982, el PBI cayó un 14 por ciento, prácticamente lo mismo que en la crisis del ’29, y el desempleo alcanzó una tasa oficial por sobre el 25 por ciento. De manera que la experiencia a partir del golpe fue mucho menos lineal de lo que se presenta. Lo que viene a partir del ’83/’84 es un modelo que, si bien sigue siendo de corte neoliberal, tiene importantes correcciones, con estímulos para el desarrollo de ciertos sectores, entre otras medidas que chocan de frente con la ortodoxia neoliberal.

–Además, el principal recurso de Chile, el cobre, siguió en manos del Estado. No parece la típica receta neoliberal.

–Es una diferencia muy importante. En Chile lo que se hizo fue darle al sector empresarial las mejores condiciones. Se rebajaron los impuestos, se privatizaron compañías a precio vil y en condiciones ventajosas, se suprimió toda oposición sindical. Pero al mismo tiempo la nueva Constitución estableció el carácter público del cobre y el petróleo. La estatal Codelco es la principal empresa productora de cobre del mundo y la primera de Chile. Y es esto por una razón muy sencilla: había un vínculo histórico entre los ingresos del cobre y el de las fuerzas armadas. Lo que hizo la junta fue modificar la cantidad de ingresos que iba a recibir, cambiando una palabra. En vez de recibir el 10 por ciento de las utilidades del cobre, pasaron a recibir el 10 por ciento de las rentas del cobre. Lo que es multiplicar por siete u ocho sus ingresos. Esto sólo se podía hacer en el marco de una empresa pública. Hoy, Codelco es la espina dorsal de las finanzas públicas de Chile. Esta política es la parte más heterodoxa, pero no la única. Hubo también políticas de aranceles diferenciados en algunos casos, políticas de estímulo al sector productivo, con subsidios sectoriales.

–¿Cuáles son las patas más flojas de esta experiencia?

–Una de las cosas más bochornosas fue la venta a precio vil de las empresas públicas. Había muchas durante la época de Allende. Y muchas de las personas que eran ejecutivos de las empresas públicas terminaron como dueños de las empresas privadas. Otro aspecto fue el desmantelamiento del sector público y su capacidad de regulación. Tenemos todos los servicios públicos privatizados, pero la fiscalización de estos sectores sigue siendo muy pobre o inexistente, con lo cual los consumidores chilenos quedan expuestos a grandes niveles de abuso.

–La privatización del sistema previsional fue una de las partes más publicitadas del modelo y no sólo en América latina: también en el Reino Unido y en otros países europeos fue presentado como ejemplo a seguir.

–Yo creo que lo mejor del sistema previsional privatizado fue su marketing. Es lo único que hace que un sistema tan defectuoso tenga buena reputación. La realidad es que el actual sistema paga pensiones muy bajas. En segundo lugar es un sistema que cubre a un sector muy bajo de la ciudadanía. Tal es así que durante el gobierno de Bachelet se tuvo que desarrollar un pilar solidario, es decir, que el Estado se hiciera cargo de un conjunto muy amplio de personas que no podía jubilarse a través del sistema de capitalización privado. Todo esto se hizo con el beneplácito del mismo sector, porque eso significó que el Estado se hacía cargo de ese sector de la población que no es negocio para el sector previsional privado. Es interesante constatar que el problema de este sistema está hoy muy alto en la agenda, porque las jubilaciones son muy bajas desde la crisis financiera de 2008 y el deterioro internacional del último tiempo.

–¿Habría que estatizar el sistema, como hizo el kirchnerismo en la Argentina?

–Tuve la oportunidad de dialogar sobre el tema con Néstor Kirchner y contarle sobre las debilidades del sistema chileno y la cantidad de plata que había perdido a partir de la caída del Lehman Brothers, unos ocho mil millones de dólares. Sé que ese dato lo usó en un discurso. Y le conté que el sistema tenía unos costos de funcionamiento muy altos, que además dejaba a las mujeres fuera del sistema. Este sistema más o menos funcionaba con trabajadores que tienen altos ingresos y un trabajo permanente, pero ésa no es la situación de la mayoría de la población chilena. Creo que Kirchner tomó en cuenta estas observaciones a la hora de plantear la nacionalización de las AFJP. En Chile creo que hay que desarrollar un sistema mixto. El sistema requiere una inyección de nuevos recursos y que al sistema de capitalización privado se le agregue un sistema público.

–Esta experiencia chilena ha tenido niveles de crecimiento positivos y una disminución de los niveles de pobreza.

–Yo creo que el modelo generó un dinamismo importante a partir del ’84 en adelante, una vez que se superó la brutal caída de principios de los ’80 por el modelo de los Chicago Boys. El crecimiento desde la segunda mitad de los ’80 a mediados de los ’90 estuvo por encima del 6 por ciento. Chile tenía un nivel de pobreza de casi el 40 por ciento al fin de la dictadura. Con la democracia eso bajó a un 15 por ciento. Pero, desde fines de los ’90, el crecimiento decayó, influido por la crisis asiática de esos años y la de Lehman Brothers en 2008, pero también porque el modelo fue perdiendo dinamismo. Se terminó el crecimiento fácil y se empezaron a notar niveles de concentración económica que hacen que la competencia disminuya.

–¿Se plantean reformas serias de cara a las presidenciales de noviembre?

–Yo tengo bastante inquietud por el futuro porque veo que la antigua Concertación que gobernó del ’90 al 2006, hoy rebautizada como Nueva Mayoría, ha generado expectativas con Michelle Bachelet de una reforma tributaria y educacional, de una nueva Constitución, pero es más que posible que la mayoría presidencial no venga con una mayoría parlamentaria, con lo que muchas cosas no serán votadas. Creo que Chile tiene que tomar medidas drásticas para resolver las desigualdades y financiar las cosas que la gente está pidiendo que se financien. Para eso se necesita una reforma tributaria que pueda recaudar de 4 a 5 puntos más del producto, equivalente a unos ocho mil millones adicionales. Y también se necesita reformar la legislación laboral chilena. Lo que hay hoy en día es una relación muy asimétrica entre el mundo empresarial y el laboral. Los trabajadores que pueden negociar colectivamente no son más del 7 por ciento. Todo lo cual hace que tengamos un salario mínimo muy bajo y que, a diferencia de los países desarrollados, uno puede ser un trabajador con un empleo estable y con cobertura y, a pesar de eso, ser pobre. Hoy, el salario mínimo son unos 10 mil pesos, unos 380 dólares.

–Un economista chileno de la Universidad de Cambridge, Gabriel Palma, dice que Chile está desperdiciando de manera drástica el alto precio del cobre.

–Yo comparto su punto de vista. Chile necesita transformar su estructura productiva. Cuando fui ministro de Economía, al principio de la transición, con el presidente Aylwin, planteé mucho la necesidad de una transformación para agregar valor a las materias primas; en el caso del cobre, construir una gran industria del cobre. La realidad es que ha habido unas rentas mineras muy grandes y que la parte principal se la han apropiado las empresas extranjeras y la parte minoritaria ha quedado en el país. No ha habido una política para aprovechar esto para el desarrollo y la diversificación de la estructura productiva, hemos tenido royalties muy pequeños, lo cual ha hecho que grandes empresas privadas como La Escondida haya amortizado toda su inversión en tres años, todo esto en el marco de una creciente dependencia de la actividad minera.

–Esto está planteado en la campaña como tema de debate.

–Yo creo que hay signos muy claros de que lo que viene será una desaceleración económica. Hay un cierto fundamentalismo de mercado que impera en Chile y ha penetrado a la misma concertación. Todo esto lleva consigo un enfoque que hace difícil enfrentar estos problemas. El equipo económico que está trabajando con Bachelet es extremadamente conservador y ortodoxo y no es de ninguna manera garantía de que Chile pueda producir una reforma importante de su modelo económico.