La Justicia española rechazó ayer el pedido de detención internacional hecho por María Romilda Servini de Cubría contra cuatro españoles acusados de practicar torturas durante la dictadura franquista. La Fiscalía de la Audiencia Nacional mostró su oposición a que Juan Antonio González Pacheco (alias Billy el Niño), José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abascal y Jesús Muñecas Aguilar fueran detenidos por las fuerzas de seguridad, allí donde se los encuentre, para que declaren ante la jueza por esos crímenes. Pero esa interposición no impide, sin embargo, que la apertura de un proceso de extradición reclamado por la querella argentina en marzo y concedido la semana pasada por la magistrada continúe su curso. En un documento presentado ante el juez de guardia de la Audiencia Nacional, el Ministerio Público español afirmó que las detenciones no son necesarias ni urgentes por la antigüedad de los hechos imputados a los cuatro ex funcionarios del franquismo.

Aunque no entra en el debate sobre el fondo del asunto, la fiscalía señala que las órdenes de arresto enviadas a Interpol por la jueza argentina echarían por tierra esa requisitoria provocando su denegación. La Justicia ibérica considera que en la medida impulsada por Servini de Cubría “no constan datos de tiempo y lugar de comisión” de los delitos endilgados a los ex policías, tal y como requiere el Convenio Bilateral sobre Extradición y Asistencia Judicial entre España y Argentina.

Pese a que los procuradores se resisten a que los ciudadanos españoles sean capturados y enviados a la Argentina, argumentando que los presuntos delitos de homicidio agravado, privación ilegal, torturas y sustracción de menores, por los que se reclama a los represores, prescribieron, la fiscalía no se opone a la apertura del trámite de extradición. Por el contrario, pidieron al juez Pablo Ruz, al frente del juzgado de turno, que inicie un expediente y lo comunique para que el Ministerio de Justicia pida a la magistrada la documentación necesaria.

Al respecto, Carlos Slepoy sostuvo, en diálogo con Página/12, que el proceso de extradiciones fue utilizado en el procedimiento que llevó a cabo la Justicia española en relación con los crímenes cometidos en Argentina, Chile y otros países de América latina. El abogado advirtió, en ese sentido, que el juez Baltasar Garzón recibió entonces decenas de denuncias provenientes de distintos consulados españoles, en distintos lugares del mundo, que constituyeron un aporte sustancial para el avance de esas causas. “Muchas de las órdenes internacionales de detención que libró (el juez) se basaron en todo o en parte en testimonios de víctimas”, evocó Slepoy, quien consideró además que la decisión de la Cancillería argentina de recibir declaraciones de represaliados por el franquismo en las sedes diplomáticas de todo el mundo representa una excelente noticia que facilita la participación de todas las víctimas en la querella.

Sobre la oposición de la fiscalía a que los ex funcionarios franquistas sean arrestados, Slepoy consideró que eso es coherente con la actitud de nula colaboración y presiones que viene ejerciendo el gobierno español a lo largo de este tiempo y desde que se iniciara la querella. Por último, el abogado recordó que la Justicia argentina detuvo a 40 represores, debido a la solicitud formulada por el juez Garzón, en el marco de un pedido de extradición que, como los torturadores españoles, tenían “arraigo” en el país. El abogado remarcó que la extradición fue solicitada y finalmente no se produjo porque fueron juzgados en la Argentina y condenados la mayoría de ellos a prisión perpetua.