Amnistía Internacional (AI) denunció al gobierno colombiano por la violencia ejercida contra manifestantes indígenas que protestan por sus derechos. También instó a las autoridades para que investiguen las amenazas de muerte que reciben por parte de grupos paramilitares. La organización señaló que existen graves y continuas preocupaciones por la seguridad de los manifestantes, después de que sus líderes han recibido amenazas de muerte de un grupo paramilitar derechista y vinculado al narcotráfico. Docenas de indígenas, incluidos niños, resultaron heridos cuando el ejército ha empleado fuerza excesiva contra la protesta que se desarrolla en varias regiones del país. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció la realización de una audiencia para analizar la supuesta represión y criminalización de la protesta social en Colombia. “Este es un tema extremadamente delicado y preocupante”, sostuvo el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Alvarez.

La mayor parte de la evidencia recopilada por Amnistía Internacional en varias partes de Colombia apunta a un uso de la violencia contra manifestantes indígenas profundamente desproporcionado por parte de la policía y de las fuerzas armadas, indicó Marcelo Pollack, investigador de AI para Colombia. “Aquellos responsables han de ser llevados ante la Justicia en tribunales civiles y no militares”, consideró AI, que puntualizó que, de no hacerlo, se allanaría el camino a que haya más víctimas mientras las protestas continúan.

Desde el 12 de octubre, miles de indígenas se han manifestado en varias regiones colombianas pidiendo que se respeten sus derechos, cada vez más amenazados a causa de la interferencia en sus tierras de intereses de mineras, petroleras y otros actores económicos. Amnistía recordó que el sábado pasado el Comité Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció que en La Augustina, municipio de Santander, en Cauca, las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra la marcha, hiriendo a quince manifestantes, incluidos varios niños. “Los pueblos indígenas vienen sufriendo presiones de las guerrillas, el ejército y los paramilitares. Sus reclamos tienen muchos años, pero los sucesivos gobiernos han hecho muy poco”, sostuvo a Página/12 Peter Drury, investigador para Colombia de AI.

El consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Fernando Arias, ya había denunciado exceso de fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la policía, que dejó 33 indígenas heridos durante las marchas de la semana pasada. Tras esa denuncia, el ejército y la policía justificaron sus operaciones de desalojo de las rutas bloqueadas al señalar que fue imposible negociar para que las abandonaran, y aseguraron haber recibido pedradas por parte de los manifestantes.

“Quienes son calificados como subversivos o colaboradores de la guerrilla se convierten con frecuencia en víctimas de graves violaciones de derechos humanos, cometidas por las fuerzas de seguridad o por los paramilitares que, en ocasiones, actúan junto con ellas”, señaló AI. De hecho, los paramilitares amenazaron con declarar objetivo militar a varios dirigentes y organizaciones indígenas si las protestas continuaban.

En este sentido, Alvarez expresó preocupación por la muerte de cuatro personas durante las protestas campesinas de julio pasado en Catatumbo y otras denuncias de indígenas según las cuales fueron atacados con helicópteros la semana pasada. La audiencia fue solicitada por un conjunto de organizaciones colombianas, entre ellas la Corporación Reiniciar y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. “Las protestas han tenido como respuesta del gobierno un conjunto de acciones que afectan o ponen en riesgo derechos humanos reconocidos por la Convención Americana de Derechos Humanos”, expresaron las ONG en la carta en la que solicitaron la audiencia.

AI también mostró su preocupación por la reciente reforma del sistema de Justicia militar, que hará que sea casi imposible procesar a los miembros de las fuerzas de seguridad implicados en las violaciones de derechos humanos. “Las fuerzas de seguridad han reaccionado con mucha violencia. Se constató el uso de armas de fuego. Esto se da en momentos en que se ha reforzado el fuero militar”, aseguró Drury con relación al comportamiento del ejército y la impunidad que puede significar un juzgamiento por fuera de la Justicia civil.

Desde el enero de este año, se registraron al menos 40 muertes violentas de indígenas en el Cauca. El incremento de estos asesinatos comenzó hace tres meses cuando los indígenas emprendieron acciones de “control territorial”, orientadas a desalojar de sus tierras a todos los grupos armados, según la ONG colombiana Tierra de Paz. Como parte de estas acciones, las comunidades originarias llegaron a desocupar por la fuerza una base del ejército colombiano. Pero sus esfuerzos por reafirmar su autonomía territorial también los enfrentó con las FARC, en momentos en que se aprestan a iniciar conversaciones de paz para poner fin a un conflicto que ya dura más de 48 años.

“Los pueblos indígenas han estado reclamando sus derechos en cuanto tales. Hay una inquietud ante la expansión de proyectos mineros y petroleros”, afirmó Drury. Amnistía aseguró que todas las partes involucradas en el conflicto armado colombiano incumplieron reiteradamente su deber de respetar el derecho de la población civil a no tomar parte en el enfrentamiento, y que son responsables de graves abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario.

Informe: Patricio Porta.