La Justicia de Chile acusó ayer a 79 ex integrantes de la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet por la desa-parición, entre 1976 y 1977, de siete dirigentes del Partido Comunista (PC) y el homicidio calificado de otro. El asesinado fue el entonces secretario general del PC en la clandestinidad, Víctor Díaz, cuyo cuerpo fue lanzado al mar, según describió en su fallo el juez Miguel Vásquez, quien procesó a los 79 ex agentes de la DINA, la policía secreta del régimen. Los procesamientos se dieron en el marco del caso Calle Conferencia I, como se conoció el operativo de la DINA que buscó hacer desaparecer a la cúpula clandestina del PC entre 1976 y 1977.

La acción represiva se inició el 29 de abril de 1976 con la detención en su domicilio de Juan Becerra, María Angélica Gutiérrez y su prima Eliana Gutiérrez, obligados a mantenerse en el inmueble. Allí fueron detenidos los dirigentes comunistas Mario Zamorano, Onofre Muñoz, Uldarico Donaire, Jaime Donato y Elisa Escobar.

El 12 de mayo de 1976 fue detenido Víctor Díaz, quien al igual que el resto de los secuestrados fue conducido al centro de torturas de Villa Grimaldi. La mayoría fue vista por última vez en este lugar, salvo Díaz, trasladado al cuartel secreto de la DINA, ubicado en Simón Bolívar, donde estuvo sus últimos meses. Según la acusación judicial, Díaz, una vez trasladado al cuartel de la DINA de Simón Bolívar, fue mantenido en un régimen de encierro y privación de libertad, permanentemente custodiado e interrogado por los agentes que operaban en dicho cuartel.

Díaz fue asesinado en enero de 1977, cuando agentes le cubrieron la cabeza con una bolsa plástica, impidiéndole la respiración, según el juez Vásquez, que detalló luego cómo el cuerpo fue arrojado desde un helicóptero al mar. Las investigaciones del caso Conferencia I comenzaron recién en 1998 cuando la ex líder comunista Gladys Marín, esposa de Jorge Muñoz, presentó la primera querella criminal contra Pinochet, fallecido en 2006.

Entre los acusados figuran los entonces jefes de la otrora temida policía secreta, entre ellos su director Manuel Contreras (foto) y sus lugartenientes Pedro Espinoza y Miguel Krassnoff, todos presos por otro centenar de causas. El abogado querellante Eduardo Contreras dijo que la resolución de ayer devuelve la confianza en la Justicia chilena, a 40 años de los crímenes.

La represión al Partido Comunista, que formó parte del gobierno del derrocado presidente socialista Salvador Allende (1970-1973), fue una preocupación central de la dictadura. Entre los procesados están Contreras, Espinoza, Krassnoff, Ricardo Lawrence, Carlos López y Juan Morales, todos condenados a altas penas en numerosos casos de crímenes de lesa humanidad, y diez agentes mujeres.

Por su parte, las viudas de tres de los escoltas de Pinochet que murieron en un atentado contra el dictador en 1986, presentaron ayer una querella por homicidio calificado terrorista contra el presidente del PC, Guillermo Teillier, quien reconoció haber dado la orden para concretar el ataque. En abril, Teillier había ratificado que su partido ordenó en 1986 el fallido atentado contra Pinochet. El también diputado chileno sostuvo que el ataque al dictador fue una réplica de lo que ellos hicieron con las cúpulas directivas clandestinas del PC.

Según datos oficiales, tres comisiones directivas comunistas completas fueron aniquiladas por la policía secreta de Pinochet y unos 400 militantes fueron asesinados o desaparecidos durante la dictadura.