Casi medio centenar de empresas internacionales relacionadas con tecnologías de la comunicación y cámaras de comercio enviaron una carta a los congresistas brasileños para expresarles su preocupación ante un proyecto de ley que los obligaría a usar servidores nacionales para almacenar datos. Según advierten los firmantes en la misiva, la preocupación se refiere a la posible inclusión en la propuesta de ley Marco Civil de Internet –en actual discusión parlamentaria– de una cláusula que haría obligatorio que empresas y ciudadanos nacionales o extranjeros que operen en Brasil almacenen sus datos en servidores en el país sudamericano.

“Nos preocupa que la estrategia que se está contemplando tendría repercusiones no intencionadas en los consumidores, empresas y la economía de Brasil”, subraya la carta, firmada, entre otros, por las Cámaras de Comercio Internacional de Chile, España, Finlandia, Francia, México y Reino Unido, así como por la Cámara de Comercio estadounidense y la de Río de Janeiro, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico y decenas de asociaciones electrónicas latinoamericanas e internacionales.

Según los signatarios, entre las consecuencias no intencionadas se destaca una posible reducción de la seguridad, lo que iría en contra de la intención primigenia de la medida, propuesta en reacción a las revelaciones acerca de que los servicios secretos norteamericanos interceptaron comunicaciones telefónicas y electrónicas de ciudadanos comunes en Brasil, del ente estatal Petrobras (foto) y de la propia presidenta, Dilma Rousseff, y sus asesores. “La seguridad de los datos no depende de dónde se mantienen esos datos, sino de cómo son mantenidos y protegidos”, subrayaron los expertos. “El centrarse en la localización física de los datos distrae de esta realidad y podría dejar a los datos en Brasil potencialmente más inseguros”, alertaron. A ello se unen unos costos mayores para los usuarios, que deberían afrontar los gastos de una mayor infraestructura nacional.

El Marco Civil de Internet define responsabilidades y deberes de proveedores y usuarios de Internet y está trabado en el Congreso debido a divergencias en torno de uno de sus aspectos básicos, el de la exigencia de neutralidad de la red. En ese punto, que es cuestionado por las compañías de telecomunicaciones, se establece que las empresas que controlan la infraestructura no pueden interferir en el flujo de información en Internet.