Desde Lima

En los últimos días, el debate político ha tenido un sabor de regreso al oscuro pasado de la dictadura de Alberto Fujimori. El fujimorismo ha tomado el centro del escenario político y lo ha hecho con su rostro más autoritario. El ex dictador copó los medios con las declaraciones dadas desde su prisión VIP, y en el Congreso el fujimorismo ha iniciado una ofensiva para intentar reescribir la historia de violaciones a los derechos humanos que lo condena. A eso se sumó el descubrimiento de que un operador político durante el régimen fujimorista tenía resguardo policial como si se tratara de una importante autoridad, lo que ha puesto en evidencia su poder. Este caso gatilló la salida del ministro del Interior, Wilfredo Pedraza (ver aparte).

La ofensiva fujimorista se inició con las maniobras en el Congreso para que Martha Chávez, figura prominente del sector más duro del fujimorismo, fuera elegida nada menos que coordinadora de un grupo de trabajo sobre derechos humanos para revisar el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). El informe, emitido en 2003, investigó las violaciones a los derechos humanos durante los años de la guerra interna entre 1980 y 2000, que dejó cerca de 70 mil muertos y más de 16 mil desaparecidos. En el informe, la comisión acusó a Fujimori de ser responsable por los operativos criminales del destacamento militar Colina, escuadrón de la muerte creado durante su gobierno, y fue uno de los elementos tomados en cuenta por el tribunal que condenó al ex dictador a 25 años por crímenes de lesa humanidad. Es un informe que el fujimorismo quisiera desaparecer.

La elección de Chávez, perpetrada en la noche de brujas, fue posible con el apoyo del Partido Aprista del ex presidente Alan García y por la ausencia del oficialismo al momento de tomarse esta crucial decisión. La CVR también investigó y denunció las violaciones a los derechos humanos durante el primer gobierno de Alan García (1985-1990). Parapetada en su nuevo cargo, la dirigente fujimorista, que en los años ‘90 apoyó la amnistía para los violadores de los derechos humanos, enfiló sus ataques contra la CVR. Intentando descalificar su informe sindicó, sin base alguna, a sus miembros de ser “proterroristas” y “marxistas-leninistas”, acusó a las víctimas de los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad de haber sido “terroristas” y disparó sin pausa contra los organismos de derechos humanos.

Dos semanas después del cuestionado nombramiento de Martha Chávez, esta semana la mayoría del Congreso, reaccionando a la protesta ciudadana que tomó las redes sociales y las calles, decidió de-sactivar el grupo de trabajo presidido por la congresista fujimorista.

Martha Chávez fue defendida cerradamente por Alberto Fujimori. El ex dictador, de 75 años, pasó, en pocos días, de presentarse en público, ante el tribunal que lo juzga por un nuevo caso de corrupción, como un anciano supuestamente muy enfermo, casi moribundo, a un hombre que se defiende con energía, muy activo en las redes sociales y declarando a los medios para intentar recuperar espacio político. En sus declaraciones a una radio local, Fujimori reivindicó su gobierno autoritario y atacó al actual régimen, a sus adversarios políticos y a los organismos de derechos humanos.

Para dar una entrevista de 20 minutos, el encarcelado ex mandatario llamó desde un teléfono instalado en el tópico de las amplias instalaciones del cuartel policial en el que está preso a Radioprogramas del Perú, la principal radioemisora de noticias del país. Como la entrevista no fue autorizada, las autoridades penitenciarias le han cortado al ex mandatario preso la línea telefónica, por lo que éste ha denunciado al actual ministro de Justicia, Daniel Figallo, y a la anterior encargada de esa cartera, Eda Rivas, actual canciller, nada menos que por “tortura” y “abuso de autoridad”. Las autoridades han respondido recordando los privilegios y comodidades que Fujimori tiene en su prisión VIP, que lo convierten, por mucho, en el preso mejor tratado del país.

Esta ofensiva fujimorista se da en un contexto de retroceso en los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos. De más de 500 procesados por violaciones a los derechos humanos en más de 80 casos judicializados en la última década, solamente 62 han sido condenados. La mayor parte de los condenados, unos 40, lo fueron en el juicio seguido al destacamento militar Colina por los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta. Los únicos altos oficiales condenados lo han sido en el proceso contra el grupo Colina, en ningún otro juicio se ha condenado a un alto oficial.

“El juicio y condena contra los miembros del grupo Colina y el proceso a Fujimori como autor mediato de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta son la excepción. Hay muy pocas condenas por violaciones a los derechos humanos, en el Poder Judicial hay una tendencia a absolver a los procesados por esta razón. Y el gobierno de Humala no tiene idea de qué hacer en el tema de derechos humanos o no le interesa hacer algo, no hay ninguna política en este tema. Como lo hizo Alan García, este gobierno también niega información para identificar a los militares involucrados en denuncias contra los derechos humanos”, señaló Carlos Rivera, abogado experto en derechos humanos del Instituto de Defensa Legal (ILD).