Un país que ostenta un índice de criminalidad sin control y con una fuerte crisis económica es parte de la herencia que recibirá el próximo presidente. Esos son, al menos, los problemas que algunos analistas destacan del contexto hondureño. Con una tasa de 85 muertes violentas cada 100.000 personas, Honduras ostenta el record de ser el país más violento del mundo, con la excepción de las zonas de guerra, según un organismo de Naciones Unidas, en base a estadísticas del Observatorio de la Violencia elaborado por la estatal Universidad Autónoma de Honduras. Además de las muertes violentas que se producen a diario, la nación centroamericana es azotada por el elevado costo de la electricidad, según señalan dirigentes del sector empresarial; también por las extorsiones lanzadas desde grupos de pandilleros y otras redes criminales que ya obligaron al cierre de más de 23.000 micro y pequeñas empresas que no saben cómo pagar a sus empleados.

En este sentido, la Asociación Nacional de Pequeños y Micro Industriales de Honduras reclamó públicamente al gobierno saliente de Porfirio Lobo que impulse una política de seguridad cuyo objetivo no sea otro que erradicar el problema de la extorsión, principal causa del cierre de empresas del sector. El gobierno sostiene, por su parte, que se encuentra en un proceso de depuración de las fuerzas policiales, que cuenta actualmente con unos 14.000 efectivos, pero que la purga durará varios años. Candidatos a diputados de formación militar-policial como Billy Joya y Oscar Alvarez, quien fuera dos veces ministro de Seguridad, mostraron en sus plataformas la intención de vehiculizar salidas de mano dura a la inseguridad con el fin de atraer votantes.

El candidato Juan Orlando Hernández propuso la formación de la Policía Militar, un cuerpo armado que cuenta con 5000 efectivos, iniciativa que fue rechazada por el resto de los aspirantes presidenciales y organismos defensores de los derechos humanos por considerar que eso representa una militarización de la tarea que deben llevar adelante las fuerzas de seguridad. En cambio, Xiomara Castro sugirió retomar la policía comunitaria, una idea impulsada por su esposo, el derrocado ex presidente Manuel Zelaya, que fue sacado del poder por los militares en 2009.

En materia de economía, la segunda cuestión que más preocupa a los hondureños, ningún candidato presidencial abordó el tema de la crisis que heredarán en caso de ganar las elecciones. Con una deuda pública de 7600 millones de dólares (5606 millones de euros), un elevado déficit fiscal del 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y una tasa de pobreza que supera el 70 por ciento de los 8,4 millones de hondureños, el margen de maniobra será mínimo.

Roldán Duarte, presidente del Colegio Hondureño de Economistas, pronostica que el déficit fiscal será de 8 por ciento (equivalente a casi 1500 millones de dólares), ya que el gobierno, desde su perspectiva, siempre hace proyecciones por debajo de la realidad de la economía. Duarte teme que las cuentas públicas se deterioren aún más. El presidente Lobo firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en su primer año de gobierno, pero lo incumplió y no volvió a suscribirlo, siguiendo la trayectoria de su antecesor Manuel Zelaya.

Los grupos empresariales y los académicos señalan que casi ocho años de falta de disciplina fiscal llevaron a la economía hondureña a la ruina y que se necesitará de un riguroso programa de control para que vuelva a equilibrarse. La patronal, aglutinada en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), estima que la economía necesita generar 200.000 empleos por año para absorber la mano de obra que llega al mercado. Pero al final sólo crea 80.000 puestos de trabajo. El resto de la masa laboral se va al mercado informal o bien deja el país, como inmigrantes ilegales, rumbo a Estados Unidos. Organismos civiles que estudian el caso de la inmigración estiman que unos 80.000 hondureños se marchan cada año a Estados Unidos para buscar un empleo y enviar remesas que les permitan mantener a sus familias en el país que dejaron atrás y al que tal vez no regresen durante un tiempo.

Para los hondureños, sin embargo, las cifras macroeconómicas parecen no significar demasiado: para los que se quedaron, la mayor preocupación es encontrar un empleo en el sector formal. La tasa de desempleo abierto se estima en 5 por ciento, pero el trabajo informal trepa hasta superar el 50 por ciento, siendo el principal problema de la economía. El trabajo informal no genera los ingresos mínimos que necesitan las familias, además de carecer de beneficios sociales.

Esa informalidad en la economía hondureña alcanza a las hermanas Karen y Helen Cerrato, que madrugan de lunes a sábado para montar –a orillas de un bulevar de Tegucigalpa– un puesto de comida que les permite ganarse entre cinco y siete dólares en cada jornada laboral. Karen y Helen votaron ayer por trabajo y seguridad, únicas promesas de Porfirio Lobo, que a dos meses de que se cumplan sus cuatro años de mandato no pudo llevar a la práctica. “Aquí comenzamos a vender baleadas (tortilla de harina de trigo con pasta frita de frijoles con queso o mantequilla) a las seis de la mañana y nos vamos a las once; el nuevo gobierno lo que tiene que darnos al pueblo es trabajo y seguridad”, subrayó Karen.

Su hermana Helen señaló como problemas la falta de empleo y seguridad, la construcción de más escuelas y el control de las maras, a las que las autoridades atribuyen la violencia que asuela al país centroamericano. Karen y Helen llegan a su trabajo, frente a un hotel de Tegucigalpa, a orillas del Bulevar Suyapa, en el extremo oriente de la capital, para atender a decenas de comensales que compran baleadas para comer de pie en el mismo sitio o llevar a su casa. El precio de las baleadas oscila entre las 10 lempiras la sencilla, con frijoles y queso o mantequilla, y 24 la especial, que lleva carne de pollo, huevo y chicharrón de cerdo.