Los alcaldes de la Red de Ciudades Su-damericanas (Redcisur) manifestaron ayer su apoyo y solidaridad con su par bogotano, Gustavo Petro, destituido e inhabilitado por 15 años para ejercer funciones públicas, sanción que consideraron peligrosa para la democracia. “Consideramos muy grave este hecho, ya que asesta un duro golpe a la gobernabilidad de nuestra hermana ciudad de Bogotá y significa una peligrosa señal para nuestras democracias”, expresaron los firmantes de la carta, entre ellos los alcaldes e intendentes de Lima, Susana Villarán; Río de Janeiro, Eduardo Paes; La Paz, Luis Revilla; Santiago de Chile, Carolina Tohá; Montevideo, Ana Olivera; Asunción, Arnaldo Samaniego; Quito, Augusto Barrera, y Buenos Aires, Mauricio Macri. Por otra parte, Petro insistió en que la medida en su contra es un golpe de Estado. “Esto afecta al segundo cargo de elección popular más importante del país, que es el de alcalde de Bogotá, por la economía de la ciudad”, aseguró.

En la carta, los alcaldes se mostraron preocupados por la drástica sanción impuesta a Petro por un caso de supuesta mala gestión administrativa. “Cuestionamos de igual forma que una acción de una autoridad administrativa destituya a un gobernante elegido por voto popular de manera legítima”, agrega el mensaje. El procurador general, Alejandro Ordóñez, destituyó el lunes a Petro por considerar que gestionó mal una crisis desatada en diciembre de 2012, cuando el alcalde no renovó los contratos a las empresas privadas que recogían los residuos y puso en manos de compañías públicas ese trabajo, en un proceso de desprivatización. “Esperamos que, una vez apelada, la decisión sea revertida en su integridad, restituyendo la tranquilidad y el respeto al buen gobierno de una de nuestras ciudades miembro, que ha sido colocada en una situación de riesgo e incertidumbre”, concluye la carta de los alcaldes sudamericanos. La Redcisur fue creada por iniciativa de Petro, quien fue elegido alcalde de Bogotá en las elecciones de 2011 para el período 2012-2015.

Petro enfatizó que ninguna orden de la procuraduría puede destituir a un funcionario electo, y puso como ejemplo el caso de un alcalde anterior, que fue juzgado por corrupción y encarcelado, pero luego de todo el trámite judicial correspondiente. “Ni la Constitución ni la ley dicen que el procurador puede destituir al alcalde; y cuando eso sucede, la sensación de la población –no sólo aquella que votó por mí, sino buena parte de la que no votó por mí– es que se ha cometido una arbitrariedad, una injusticia y un golpe contra la democracia en la ciudad. Y reacciona masivamente. Y ése es el fenómeno que ha puesto esto en otro nivel, al punto que usted me está entrevistando”, dijo.

Por su parte, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) también rechazó la destitución de Petro y pidió a la Comisión Interamericana que ordene la suspensión de la sanción en su contra. “Rechazamos esta decisión desproporcionada, que vulnera tanto los derechos políticos de Petro como el derecho al voto de los ciudadanos que lo eligieron”, afirmó en un comunicado el presidente del organismo, Karim Lahidji.