La amenaza que vive Colombia por la escalada de las FARC tras la ruptura del proceso de paz con el gobierno tomó ayer el ritmo del reloj de una bomba de tiempo cuando la guerrilla anunció que empezó a correr el año de plazo para canjear la liberación de la candidata Ingrid Betancourt y de otros cinco políticos secuestrados por prisioneros guerrilleros. El gobierno de Andrés Pastrana ya se ha negado a la ley de canje propuesta por los rebeldes, mientras en la exasperada situación que mantiene en vilo al país se barajaba la posibilidad de declarar el estado de conmoción interna, con la salvedad que pudiera tener efectos negativos en el exterior. Al pedido que hiciera Andrés Pastrana a Estados Unidos de su apoyo militar en la lucha antiterrorista –incluso comparando a las FARC con Al-Qaida–, su homólogo norteamericano George W. Bush le respondió que su apoyo se limitará a la lucha antinarcóticos.
El comandante guerrillero Fabián Ramírez anunció ayer que las FARC daban un año de plazo, que ya empezó a correr, para tomar una decisión sobre un canje entre los secuestrados y rebeldes actualmente en prisión. Ramírez dijo a la CNN, en una entrevista dada en un lugar desconocido de Colombia, que Betancourt, el senador Jorge Eduardo Gechen y otros políticos secuestrados por la guerrilla “engrosarán las filas de los canjeables” y tras mencionar el año de plazo para el canje dijo que al cabo de éste “si el gobierno no toma cartas en el asunto, entonces las FARC tomará la decisión que más le convenga”, sin precisar qué sucedería. La candidata presidencial independiente Ingrid Bentancourt fue secuestrada el día 23, a tres días del secuestro del senador Gechen, hecho que marcó el fin del proceso de paz entre el gobierno y la principal guerrilla colombiana.
El ministro colombiano del Interior, Armando Estrada Villa, salió a responder a los rebeldes que “el gobierno ha rechazado siempre la posibilidad del canje, porque no hay condiciones equivalentes entre los dirigentes políticos que están retenidos indebidamente, contra su voluntad, y los guerrilleros que están en prisión porque violaron las leyes”. Con respecto a la escalada de violencia de la guerrilla, el ministro reconoció que la situación es “crítica” en algunos departamentos, como ser en Arauca, Caquetá, Cauca y Huila; que la arremetida guerrillera ha privado de servicio de energía a 58 municipios, de comunicaciones por destrucción de torres a unos 30 y que muchos no tienen agua porque fueron dinamitados los sistemas da alimentación de las plantas.
Entre las medidas que Colombia estudia adoptar para enfrentar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se incluye la posibilidad de decretar la conmoción interior, una medida excepcional que permite restringir ciertas libertades constitucionales y faculta al jefe de Estado para legislar por decreto y a las Fuerzas Armadas para asumir algunas funciones judiciales. Las medidas se evalúan en miras a contrarrestar las acciones que llevan adelante las FARC desde el miércoles de la semana pasada, cuando terminó el proceso de paz y en medio de la operación militar que lanzó el gobierno para recuperar la zona de distensión de 42.000 kilómetros cuadrados al sur del país antes en control rebelde para facilitar las negociaciones de paz; el ejército ya ha recuperado cuatro de las cinco cabeceras municipales, pero la operación se muestra más difícil en las regiones de mayor densidad selvática donde se concentra la guerrilla.
Es una dificultad que no desaparecerá pronto. Ayer, el presidente estadounidense George W. Bush dijo que respetará la ley que limita la ayuda militar de su país a la lucha contra el narcotráfico contemplada en el Plan Colombia, un día después de que Pastrana lanzara un llamado para que Washington lo apoye en la lucha antiguerrillera. Bogotá ha pedido insistentemente a Washington destinar los recursos militares en la lucha antinarcotráfico a una ofensiva contrainsurgente, invocando, en las palabras de Pastrana, que las FARC son “Al-Qaida colombiana”. Pero EE.UU. todavía no está dispuesto a invadir Colombia.