Desde Londres

La Guerra Fría ha terminado hace mucho, pero los búlgaros y rumanos, hoy socios de la Unión Europea, siguen siendo una amenaza para el gobierno británico. La coalición conservadora-liberal demócrata que lidera David Cameron ha puesto en marcha medidas preventivas para contener un presunto alud de búlgaros y rumanos que a partir de este 1º de enero pueden residir en el Reino Unido sin necesidad de visa. Las medidas han sido denunciadas por Bulgaria, Rumania y la Comisión Europea, y han generado diferencias en la misma coalición, pero con las elecciones de 2015 a la vista no hay señales de que el atribulado primer ministro vaya a cambiar de política.

El peligro de la inmigración es un caballito de batalla clásico de los conservadores y de la derecha de todo el planeta. En los ’60, un político conservador, Enoch Powell, vaticinó “ríos de sangre” ante la masiva inmigración caribeña de la época. La historia demostró que Powell era un amante de la hipérbole, pero la frase quedó grabada a nivel colectivo y reapareció en la prensa ante el fantasma de este 1º de enero en el que Rumania y Bulgaria se convierten en miembros plenos de la Unión Europea (UE), a la que accedieron en 2007.

En noviembre, Cameron anunció medidas para impedir que inmigrantes búlgaros y rumanos tengan acceso a una serie de beneficios sociales. “Queremos enviar un claro mensaje a los inmigrantes para que no vengan acá, creyendo que en el Reino Unido es fácil vivir de la asistencia social”, explicó a la BBC. Un mes más tarde, el primer ministro advirtió a la UE que vetaría el ingreso de nuevos miembros (como Serbia y Ucrania) si no se introducían cambios drásticos en la libertad de movimiento de las personas en Europa.

En esos días prenavideños, un documento del Ministerio del Interior filtrado a la prensa revelaba planes más radicales de la ministra Theresa May para poner un límite al número de inmigrantes europeos al Reino Unido y prohibir el ingreso de ciudadanos de países que tuvieran un Producto Interno Bruto menor que el 75 por ciento del británico. Según cálculos que han circulado con titulares de catástrofe, unos 50 mil rumanos y búlgaros por año buscarían mudarse al Reino Unido a partir de este año.

En esta estrategia del terror brillan dos temas de fondo: la economía británica de la austeridad y la cuestión europea. Las encuestas muestran que la preocupación entre los británicos con respecto a la inmigración corre paralela a la de la caída del nivel de vida. Según los sindicatos, desde el estallido financiero de 2008, el salario real promedio ha caído en un 13,8 por ciento, y entre los salarios más bajos fue del 20 por ciento. “Con esta caída de los ingresos, la actitud de los británicos con respecto a la inmigración cambió de una de tolerancia a otra de profunda hostilidad”, escribió este fin de semana el columnista Peter Willby en The Guardian.

Este trasfondo le permitió al xenófobo UKIP convertirse en el tercer partido británico en las elecciones municipales y europarlamentarias de mayo pasado, con un 23 por ciento de los sufragios (2 por ciento menos que los conservadores, 6 por ciento menos que los laboristas). El mensaje de UKIP atribuyó el desempleo, la inseguridad, la falta de viviendas, los problemas del Servicio Nacional de Salud y los bajos salarios a los inmigrantes y a la UE.

Corrido por derecha, el primer ministro endureció su agenda antiinmigratoria y convocó a un referendo sobre la pertenencia británica a la UE si gana las elecciones de mayo de 2015. El patente clima preelectoral ha calentado más el debate. Los laboristas concentran sus disparos en la caída del nivel de vida, pero sin la suficiente convicción como para conectarlo con el tema inmigratorio.

Este lunes, en su mensaje de fin de año, el director de la Confederación de Industriales Británicos (CBI), John Cridland, instó a las 240 mil empresas que representa a que suban los salarios de los trabajadores, mensaje inusual para un representante empresario. Cridland está actuando con una buena dosis de lucidez económica, consciente de que el leve repunte en la segunda mitad de 2013 (crecimiento del 0,7 por ciento) necesita más consumo y mejores ingresos para generar una inversión que lo haga sostenible, pero no hay razones para pensar que los empresarios, acostumbrados por el thatcherismo a tener la sartén por el mango, lo vayan a escuchar.