Brasil vivió ayer horas de estupor luego de que el martes se difundieran imágenes de presos decapitados por otros reos en una cárcel del estado Maranhao, donde el sistema penitenciario está en una “gravísima” crisis, según reconoció el gobierno, al que las Naciones Unidas instó a tomar medidas urgentes.

“Infierno del Dante”, “barbarie”, “terrible” y “gravísimo” fueron apelativos de autoridades y exponentes de varios estamentos para describir la crisis en las cárceles de ese estado del noreste del país. La situación es especialmente crítica en el penal Pedrinhas, en la capital, San Luis, donde fue grabado un video con decapitaciones durante un motín en diciembre pasado y donde murieron al menos 173 personas desde 2007.

Las imágenes, captadas por los presos y divulgadas anteayer por el diario Folha de Sao Paulo, registran reclusos apuñalados, degollados y decapitados como consecuencia de peleas entre facciones rivales, y causaron un estado de conmoción en el gobierno, la sociedad y la oposición. El registro de las decapitaciones fue realizado por los propios reclusos y obtenido por miembros del servicios penitenciario, que lo enviaron al periódico.

La ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosário Nunes, a quien la oposición pide la renuncia por esta situación, suspendió sus vacaciones para convocar para hoy una reunión de emergencia del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana, que integran representantes del Ministerio Público Federal, el Congreso y la poderosa Orden de Abogados. La funcionaria admitió que la situación carcelaria es “gravísima” y deploró los episodios que, dijo, representan una afrenta a las garantías establecidas por el estado de derecho.

El Ministerio de Justicia acordó con la gobernadora de Maranhao, Roseana Sarney, que los líderes de la banda que controla la cárcel Pedrinhas sean trasladados a prisiones de máxima seguridad y no se descartaba la intervención federal del sistema penitenciario en ese estado.

El vicepresidente del Sindicato de Trabajadores del Sistema Penitenciario, Cezar Castro Lopes, afirmó que “esto es un barril de pólvora; el que manda en las cárceles es el preso, el Estado perdió todo control de la situación”.

La crisis carcelaria obligó ayer al Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a pedir a las autoridades brasileñas que realicen “investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas” sobre los hechos, procesen a los responsables y tomen las “medidas apropiadas” para poner fin a esta situación, que calificó como “terrible”. Amnesty International y Human Rights Watch condenaron la crítica situación.