Desde La Habana

Emiro del Carmen Ropero Suárez, alias “Rubén Zamora”, es un hombre pausado, de gestos mínimos, casi inexpresivo. Tal vez sea por su vida en la selva o por sus años nómades de guerrillero. Como él mismo recuerda, durante esta entrevista realizada en La Habana, de muchacho era militante comunista pero “presionado por las circunstancias, en el año 1987, a los 24 años, decidió entrar en las FARC”. Ese año el ejército legal y el paralelo desataron en Colombia un genocidio contra el partido de izquierda Unión Patriótica. Fueron asesinados dos candidatos presidenciales, 11 alcaldes, 13 legisladores y más de 5000 militantes. “Yo era blanco del terrorismo de Estado, por eso decidí desarrollar mis ideales en la lucha guerrillera”, remarca Zamora que ahora, a los 51, es uno de los diez hombres más importantes de las FARC.

–¿Qué cargo ocupa en las FARC?

–Yo soy parte del Estado Mayor. Comandante del Frente 33, en Catatumbo. Aquí participé en la Mesa de Diálogo en el primer y segundo punto y ahora soy parte del equipo asesor.

–¿Cómo marchan las negociaciones?

–Hay resultados importantes, pero todavía hay temas estratégicos pendientes y no sabemos hasta dónde llega el compromiso del gobierno para discutirlos.

–¿Qué quedó pendiente del primer punto, el del acceso a la tierra?

–Primero, discutir los tratados de libre comercio. Hay más de treinta. Y la economía. Colombia no soporta competir con Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón... Este tema es muy reivindicado por los movimientos sociales que en agosto pasado participaron de una gran protesta, reprimida por el gobierno. El segundo tema: la extranjerización de la tenencia de la tierra para los proyectos agroforestales. Tercero, la gran minería: más del 50 por ciento del territorio nacional está concesionado a multinacionales mineras y energéticas. Esto pone en seria amenaza la soberanía alimentaria y provoca desplazamientos de comunidades nativas arraigadas en esas tierras desde hace siglos. Cuarto, el latifundio que abarca casi el 40 por ciento del territorio nacional.

–¿Y del segundo punto?

–En Colombia, el Estado se encuentra deslegitimado por la corrupción política, el clientelismo, la penetración del dinero del narcotráfico, los vínculos con el paramilitarismo... Nosotros planteamos una reforma política del Estado que permita la participación abierta de la sociedad, que nos dé plena garantía política, una reforma electoral. También una reforma de la Justicia: la elección democrática de los procuradores, de los defensores del pueblo.

–¿Es posible que ustedes formen un partido político y abandonen la lucha armada?

–Como decía el ex juez Carlos Gaviria, “ser opositor en Colombia es un acto heroico”. El gran tema es el de las garantías políticas. Pedimos que se cumpla de una vez por todas el Estatuto de la Oposición que figura en la Constitución de 1991. Otro tema es el acceso a los medios de comunicación. En Colombia los medios, además de estar extranjerizados, forman parte de grupos financieros a grandes conglomerados económicos que son los que realmente tienen el poder político.

–¿Cuáles son?

–El grupo Prisa, dueños de los influyentes Caracol radio y Caracol televisión. El grupo financiero de Carlos Ardile Lülle, uno de los hombres más ricos del mundo, dueño de RCN (Radio Cadena nacional). Y está el grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo (propietario de varios bancos y empresas constructoras) que controla el periódico El Tiempo.

–¿El Tiempo no es de la familia del presidente Juan Manuel Santos?

–Ellos fueron los fundadores. Perdieron el poder económico pero conservan mucho poder político dentro del periódico. Hoy, el 98 por ciento es del grupo financiero Sarmiento Angulo, que entre otras cosas ha sido lavador de activos del narcotráfico y controla gran parte de la tierra de Colombia. Los medios están a la cabeza de una campaña para entregarles las tierras colombianas a grupos económicos y financieras como Mónica Semillas de Brasil que ha comprado enormes extensiones; la norteamericana Cargill; hay empresas israelíes... China está interesada en adquirir 400 mil hectáreas de tierra. En muchos casos para grandes proyectos agroforestales y agrocombustibles.

–¿Cree que el gobierno apunta al desarme de las FARC justamente para avanzar con ese proyecto económico sobre las tierras que hoy están ocupadas por ustedes?

–Nosotros no estamos ocupando tierras. Nosotros no somos dueños de tierras en Colombia.

–No, claro. Me refiero a que la presencia de las FARC en el territorio no permite la expansión de las fronteras para la agroindustria, por ejemplo.

–Es muy posible que estén apostando al desarme insurgente para consolidar esos proyectos económicos. Por eso, no podemos arriesgarnos al desarme sin que haya un proceso de transición en donde se vea que es efectiva la implementación de los acuerdos. Esto no puede ser un paquete de promesas por parte de ellos y acciones concretas de nuestra parte. Por eso, además de Cuba y Noruega como países garantes es muy importante que haya mucho respaldo popular y mucho respaldo institucional a nivel internacional para que no fracase este proceso.

–¿Por qué Estados Unidos podría estar interesado en el éxito de las negociaciones?

–Por un lado, por la crisis. Les está resultando muy costoso mantener las guerras. Por otro, hay presión de las petroleras, las mineras y otros inversores en Colombia, a los que conviene la paz. Las FARC son un obstáculo para los intereses de EE.UU. Intentaron liquidarnos físicamente con el Plan Colombia y, aunque no podemos negar que fuimos golpeados, ellos no pueden negar que no fueron capaces de derrotarnos militarmente. Ahora quieren derrotarnos en la mesa de diálogo.

–¿Ustedes se oponen a las inversiones extranjeras?

–No, pero depende en qué términos. No puede ser que las inversiones extranjeras no sirvan para el desarrollo económico del país o arrasen con el medio ambiente o impongan reglas lesivas para la soberanía nacional. En Noruega, las multinacionales pagan al Estado noruego el 76 por ciento, por las explotaciones energéticas. En Colombia, se redujo al 10 por ciento. Y, a veces, ni siquiera pagan impuestos, como la empresa Drummond, que ha financiado proyectos paramilitares pero dejó de pagar 50 millones de dólares. Desangran al país ambientalmente, financieramente, con el crimen político, con el desplazamiento de las familias campesinas y con las masacres del paramilitarismo. Tenemos que replantear la inversión extranjera en el país.

–¿Ustedes tienen vínculos con el narcotráfico?

–El lavado es el gran negocio de los grupos financieros ligados a la oligarquía colombiana. Aún hoy el narcotráfico controla las instituciones del país. Es un flagelo que cruza a toda la sociedad. Nosotros estamos en los territorios donde se producen ilícitos. Hemos hecho un esfuerzo por regular la producción, por evitar la depredación que genera al medio ambiente. Pero es muy difícil hacerle resistencia al gran capital del narcotráfico. No es fácil la lucha en una zona agraria donde la crisis, el abandono del Estado llega a condiciones terribles. El narcotráfico le ofrece al campesino un sistema productivo que le genera ganancias y la guerrilla no tiene la posibilidad de ofrecerle bienestar y desarrollo económico. Lo único que podemos hacer nosotros es tratar de ponerle límite y cobrarle impuestos al negocio de la droga.

–¿Cómo se financian?

–Con impuestos y donaciones. Nos pagan impuestos las petroleras, las mineras, las bananeras, igual que se los pagan al Estado. También, obviamente, los empresarios que se dedican al tráfico de droga. Pero las FARC ni cultivan ni trafican con drogas. Un consumidor de droga no puede ser militante de nuestra organización. En cuanto a las donaciones, hay amigos del proyecto político de las FARC que nos hacen contribuciones.

–¿Qué cantidad de militantes tienen hoy?

–Eso es información reservada, pero puedo decirle que son muchos. Además del ejército guerrillero hay una organización política clandestina, Partido Comunista Clandestino, que está en las universidades, fábricas, empresas, en los barrios. También hay un cuerpo de milicias que son compañeros de las unidades campesinas y comunidades urbanas. Las Milicias Bolivarianas.

–¿Están vinculadas con Venezuela?

–De ninguna manera. Nosotros somos bolivarianos. El único vínculo es el punto de vista del pensamiento latinoamericanista.

–¿Qué temas no son negociables?

–La reforma agraria, las reformas sociales, la soberanía nacional. La democracia. La integración latinoamericana. El pensamiento de nuestro Libertador Simón Bolívar. Eso no se negocia.